la palabra no pierde su libertad intramuros. Tampoco los barrotes privan al conocimiento de su expansión por los pabellones de las cárceles federales y provinciales de la Argentina. El acceso a la educación para los hombres y mujeres que están en prisión es un derecho inalienable. Pero a pesar de que, en teoría, no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, existen obstáculos de los servicios penitenciarios en el camino a la formación, según advierten los docentes consultados por El Cruce: falta de espacios propios, maltrato y carencia de recursos, entre otros.
Estas dificultades no logran empañar las ganas de aprender de miles de internos. La matrícula educativa en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), creció 275 por ciento en la última década, en tanto que en la actualidad el 60 por ciento de los detenidos en esas instituciones se encuentra cursando algún tipo de estudio, de acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, según los docentes, muy pocos presos pueden acceder a una educación de calidad tras las rejas: coinciden en que “faltan recursos” para garantizar la totalidad de las clases intramuros, dado que no todos los penales cuentan con espacios adecuados y, a la vez, el SPF pone obstáculos para el desarrollo de las actividades.
La modalidad para contextos de privación de libertad impulsada desde el Ministerio de Educación se propone reducir el índice de reincidencia. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, el 90 por ciento de quienes vuelven a ingresar al circuito delictivo no asistió a los programas educativos en cárceles.
En ese sentido, el Centro Universitario Devoto (CUD), que funciona en la Unidad 2 del SPF, se transformó en un modelo de enseñanza y demostró que con los libros es posible un descenso de la reincidencia a un 3 por ciento, cuando las personas recuperan su libertad. “La educación no brinda una cura contra el delito, sino la posibilidad de acceder a herramientas que permiten optar entre regresar a la actividad delictiva o no”, explicó Leandro Halperín, docente y director del Programa UBA XXII en cárceles.
Aprender a leer y escribir
“Por escribir mejor, no se me van a caer los fierros.” El dicho, habitual en las cárceles, recorre los pabellones del servicio donde varios internos deciden empezar o concluir los estudios primarios, por medio de la modalidad destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad. Por eso, en los penales funcionan anexos de escuelas públicas. De acuerdo con datos del SPF, el 64 por ciento de la población accede a la educación formal.
Fabián De Simone es docente en educación básica y secundaria en la Escuela Media 18 de la Unidad 9 de La Plata, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Según contó, “normalmente no hay un impedimento para estudiar, desde lo legal, pero en el día a día hay dos obstáculos básicos para llegar a la escuela: tener problemas con los pares o conflictos serios con las autoridades que puede provocar que un interno esté privado de beneficios o separado del área de convivencia”. Es que los guardiacárceles suelen entender que el acceso a la educación es un privilegio, aunque se trata de un derecho.
Por lo general, los internos deciden estudiar para lograr una mejor inserción en la sociedad, cuando recuperen la libertad, dado que la mayoría no completó los niveles de educación obligatoria. Según números oficiales, en 2008 el sistema penitenciario nacional tenía 53.448 internos: solo el 40 por ciento había terminado los estudios primarios, y apenas el 5 por ciento tenía estudios secundarios completos. El 60 por ciento no había terminado la escuela primaria y, de ellos, casi el 10 por ciento no tenía ningún tipo de instrucción. A la vez, la mitad de los que se encontraban en la cárcel no tenían oficio ni profesión conocidos.
Los docentes consultados coincidieron en que hay una “falta de recursos materiales y humanos” para generar educación de calidad tras los muros, dado que no todos los penales tienen servicios de educación en funcionamiento: sólo el 20 por ciento de las unidades penitenciarias tiene centros en los que se puede cursar el nivel medio, y los útiles, muchas veces, suelen salir del bolsillo de los maestros.
“La provincia de Buenos Aires garantiza en forma sistemática y sostenida la educación pública con un ciclo lectivo, homólogo a la escuela común, dentro de las instituciones carcelarias. No ocurre lo mismo en todas las provincias”, explica De Simone, aunque advierte que en todas “se debe garantizar la continuidad de los estudios”. En la cárcel de Olmos, por ejemplo, hay 530 alumnos en primaria sobre un total de 2.200 internos. Ellos llegaron por diversos motivos al aula, algunos simplemente porque “quien aprende a dividir, que no lo duerman en reparto del botín”.
La población carcelaria está cada vez más conformada por jóvenes (la edad promedio se ubica entre los 23 y 26 años) de la generación de los ’90, que en esos años fueron expulsados de la escuela pública: “Hay chicos de 18 años o más que nunca pisaron una escuela”, relata De Simone.
El régimen de cursada es igual al de cualquier escuela pública de extra muros. Los libros son el escape más próximo al encierro y el hacinamiento. “Muchos utilizan el tiempo libre en la lectura. Están los que me piden más trabajo para llevarse a los pabellones”, cuenta el docente. La meta de la educación dentro de las unidades penitenciarias es la recuperación de la palabra, que suele también quedar atrapada tras las rejas.
Apostar al futuro
Una de las instituciones referentes en el proceso de enseñanza superior dentro de las cárceles es el Centro Universitario Devoto (CUD), de población masculina, ubicado en la Unidad Penal 2, de Villa Devoto, como parte del Programa UBA XXII (Ver recuadro). También está el Centro Universitario Ezeiza (CUE), de población femenina, en la Unidad 3, de esa localidad, donde se dictan materias del CBC, carreras y talleres. Con distintas modalidades, UBA XXII tiene presencia también en los Complejos Penitenciarios I y II (Ezeiza y Marcos Paz), Unidades 19 y 31 (Ezeiza) y en las unidades penitenciarias de los hospitales neuropsiquiátricos Moyano y Borda.
Allí, los estudiantes presos pueden pasar el día en un espacio universitario, con biblioteca y computadoras. “El modelo de Devoto no le es placentero al SPF, siempre le están poniendo trabas, y no es fácil replicarlo en otras unidades, por eso no nos brindan más espacios”, asegura Leandro Halperín, director del programa de UBA.
La cantidad de horas cursadas, los contenidos y la exigencia son las mismas que para los estudiantes que concurren a las aulas de la Universidad. Por el CUD, ya pasaron 1200 alumnos. Durante este ciclo lectivo, hay 250 estudiantes curriculares y 200 extracurriculares y se cuentan por decenas los egresados que obtuvieron su título estando privados de libertad en el marco del programa.
“Cuando empiezan a estudiar no piensan que están ejerciendo un derecho para integrarse en la sociedad con más posibilidades. Con el tiempo, lo internalizan”, explica el docente.
Los presos suelen tener dificultades para empezar a estudiar en la cárcel. Lo hacen pese a que “la estructura es contraria al acceso a la educación: los penitenciarios les hacen más fácil agarrar una faca que ingresar a la universidad”, subraya Halperín. Algunos de estos obstáculos fueron reflejados en un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de 2008, donde se señaló que el SPF obstaculizó “de diversas maneras el accionar” de los docentes de la UBA. En el documento se denuncian tratos vejatorios, mayores exigencias para la regularidad, falta de información sobre requisitos y contenidos de los cursos.
Los internos estudian en las condiciones “más inimaginables”, sobre todo, en los pabellones de población donde el clima es de tensión y de pelea permanente. “En la práctica de la requisa –-cuando ingresan a revisar los pabellones—- los agentes suelen romperles sus pertenencias o quitárselas, entre ellas, sus elementos de estudio”, describen desde el colectivo La Cantora, de La Plata.
El SPF, entre sus prácticas contrarias a la universalización del estudio, llama a unos pocos detenidos desde los pabellones para que concurran, coloca un agente dentro de los encuentros observando todo lo que los detenidos hacen y dicen, inventan eventos absurdos justo en los horarios educativos, enumeran desde la agrupación.
“El Servicio además se encarga sistemáticamente de romper la continuidad de los procesos educativos por intermedio de los constantes traslados de aquellos detenidos que se animan a denunciar en los talleres las permanentes violaciones a los derechos humanos que sufren en el interior”, denuncia María Fernanda Aranda, integrante de La Cantora.
El personal penitenciario, cuentan los militantes, conspira de diversas formas contra el desarrollo de los talleres de comunicación popular, teatro, músicoterapia y alfabetización jurídica, que se dan dentro de un circuito informal. Los integrantes de La Cantora manifiestan que de esa manera se implementa “una política de desgaste, que trunca la posibilidad de efectuar verdaderos procesos educativos”.
La oferta de educación superior no universitaria o universitaria es muy escasa y se centraliza en algunas jurisdicciones, según datos del Ministerio de Educación. Los docentes que trabajan en ámbitos de encierro coinciden en que año tras año aumenta la demanda para estudiar dentro de la cárcel, pero desde la UBA alertan que el SPF suele implementar un mecanismo de “maltratos y traslados” a los internos a otros penales, sin un criterio pedagógico, como una forma de castigo, para que “dejen el estudio”.
En Devoto, en 2010 se inscribieron 40 estudiantes en la carrera de Derecho, pero sólo quedaron 14 en clase. Las presiones y maltratos a los detenidos derivaron en un recurso de amparo y pedidos de legisladores y organizaciones no gubernamentales para que cesen los obstáculos. A pesar de esto, día a día, docenas de docentes y presos estudiantes se vuelven a reunir en las aulas dentro de la cárcel.
Formar un oficio
En la Unidad 19 de Ezeiza, los internos que se encuentran próximos a salir en libertad asisten a clases en las instalaciones de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Los presos salen del pabellón y son trasladados para hacer cursos de producción animal, elaboración de productos de panificación y desarrollo de productos derivados de la leche. Además, más de 150 internos realizaron el año pasado las capacitaciones laborales de avicultura y apicultura dentro de las unidades de Ezeiza y Marcos Paz, siempre en el marco del programa con la UNLZ.
Estos cursos breves, que apuntan a la formación en actividades agropecuarias, destinados a internos del programa “Pre Libertad” –-al que se incorporan seis meses antes de su egreso—, contempla teoría y una práctica dentro de la unidad.
El objetivo es empoderar a los presos con los conocimientos necesarios, para que ellos puedan generar una microempresa o armar una cooperativa para reincorporarse en la sociedad con un trabajo digno. “Ya hemos comprobado que algunos internos al salir, se han dedicado a actividades de granja. Están criando ovejas o aves”, comenta Javier Vázquez, secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ. Incluso, algunos se animan luego a cursar las carreras de grado en la Facultad.
La oferta educativa de la UNLZ en Ciencias Agrarias, Derecho e Ingeniería está enmarcada en la articulación de estudios universitarios que promueve la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios mediante la Dirección Nacional de Readaptación Social. Dentro de las capacitaciones laborales, los internos, según el penal, pueden hacer talleres de peluquería, electricidad, albañilería y hasta programación de PC, en conjunto con otras entidades sociales.
Según el Director Nacional de Readaptación Social, Marcelo Battistessa, el objetivo es capacitar a la población carcelaria en técnicas que les “faciliten la vinculación al mundo laboral cuando recuperen su libertad”. Y a su vez, acercarlos al espacio universitario con la finalidad de generarles vínculos positivos.
En el ámbito legislativo también se avanza para dar una respuesta a la demanda de estudios de los internos. “Estamos planteando justamente un proyecto para que en los penales argentinos exista un sistema educativo, que garantice el cumplimiento de la ley federal de educación, que abarque la totalidad de la educación obligatoria. Así cumplirán con la obligatoriedad aquellos que han incumplido lo establecido por la ley de educación nacional”, argumenta la diputada Adriana Puiggrós (ver recuadro).
El proyecto, con media sanción de diputados, se constituye en cuatro direcciones: el reconocimiento del derecho de las personas privadas de su libertad a la educación pública, la instauración de la escolaridad obligatoria para los internos que no hayan cumplido el mínimo establecido por la ley, la creación de un régimen de estímulo para los internos y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización de la gestión educativa. De esta forma, se pretende generar una transformación significativa del escenario actual.
El acceso a la educación para los hombres y mujeres que están privados de su libertad es un derecho inalienable. Por eso, sostienen los docentes, se deberían ofrecer verdaderas oportunidades para todos, por encima de las decisiones arbitrarias de la institución carcelaria, en la que prima el rigor y la seguridad por sobre la educación.
*Nota publicada en la Revista El Cruce Nº 12 Abril 2011
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