Un concejal de Lomas de Zamora fue acusado de haber pedido dinero al dueño de una confitería bailable de la localidad de Llavallol para que el boliche siguiera funcionando. Según la denuncia, que recayó en la UFI 1 de la Justicia lomense, el edil –que prefirió guardar silencio ante una consulta de AUNO- habría argumentado su pedido en la necesidad de recaudar “5000 pesos por mes para la campaña”. El boliche sigue funcionando.
Según la denuncia penal realizada por Marcelo Cristaldo, dueño del boliche “Jet Set”, ubicado en Antártida Argentina y Camino de Cintura, el sábado 1º de octubre, el concejal del bloque Concertación K se acercó hasta el boliche y le habría dicho: “Al boliche lo voy a agarrar yo por un problema político, y si querés seguir funcionando me tenés que pagar 5000 pesos por mes para la campaña (por)que si no los ponés, me encargaría de no dejarlo funcionar” .
Siempre según el texto de la denuncia, la respuesta de Cristaldo fue que “no le iba a pagar un peso”, motivo por el cual el edil le habría replicado: “Hay una transferencia de por medio que no lo iba a dejar funcionar (al local, por lo tanto) te lo voy a clausurar. Me voy a la comisaría y te vas a acordar de quién soy yo”.
La “transferencia” a la que el concejal habría hecho referencia es la que el anterior dueño del local, Miguel Ángel Leccese, habría hecho con Cristaldo y en la que estipulaba un plazo de 60 días “para inscribir y llevar a cabo todos los trámites pertinentes para la habilitación comercial”.
Este asunto se remonta también a una carta que Leccese envió el 27 de septiembre al Director de Inspección General lomense, José Manual Anca Romeo, en la que pidió el “cese a las actividades” del local del que fuera titular.
Según el acta policial, donde consta una denuncia hecha por el propio denunciado, él mismo se habría acercado hasta “Jet Set” para “comprobar que el local bailable estaba abierto al público cuando no tenía la habilitación correspondiente”. Esta constatación, admitió, lo movilizó hasta la Comisaría Cuarta de Lomas de Zamora para labrar un acta mientras, según el documento, el personal de Inspección General se encargó de cerrar el comercio.
El titular de Inspección de Espectáculos Públicos del distrito, Fabián Chena, confirmó a AUNO que la confitería “fue clausurada ese sábado (por el 1º de octubre), pero las fajas de clausura se colocaron luego del cierre del boliche” porque allí “había mucho público y no se contaba con el suficiente personal policial para realizar el desalojo”.
Chena aclaró además que “el boliche continuó funcionando los sábados siguientes porque se cobró la multa correspondiente y se regularizaron los papeles de la transferencia ante la fiscalía”, y agregó que la denuncia que había sido formulada aquella noche por el concejal “no era una falta tan grave como para dejar sin trabajar a la gente de la confitería”.
El concejal denunciado se negó a responder la requisitoria de esta agencia “por consejo de sus abogados”, según afirmaron fuentes cercanas a él. El caso es tratado en la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Lomas de Zamora, pero los implicados todavía no han sido llamados para declarar.
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