Lomas de Zamora, octubre 23 (AUNO).- Representantes de sindicatos, de organizaciones de derechos humanos y de la Asociación de Abogados Laboralistas anticiparon los ejes de la denuncia por “vulneración de derechos laborales” que presentará contra el gobierno de Mauricio Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo 24 de octubre en Uruguay. Todo apunta a dar cuenta de la “persecución del Gobierno contra el sindicalismo para debilitarlo y así poder aplicar el ajuste”, fundamentó el dirigente docente Roberto Baradel.
La audiencia convocada por la CIDH se debe a las denuncias que pueden resumirse en tres ejes: una presunta criminalización y persecución de sindicatos, pedidos de juicio político contra jueces del fuero laboral cuyos fallos contradicen las expectativas del Gobierno, y una “campaña de desprestigio público” encabezada por el propio Macri, quien calificó a la actividad de los abogados laboralistas como propias de una “mafia”. (Ver El cronograma de la audiencia)
Entre las organizaciones que hicieron la presentación inicial y que están convocadas para el próximo martes figuran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), la Asociación Bancaria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), entre otras entidades.
EL CASO DE ROBERTO BARADEL
Uno de los disparadores de la denuncia presentada ante el organismo internacional a mitad de año fue el ataque dirigido a Roberto Baradel, titular del Suteba, en el marco de la discusión por los salarios docentes y las medidas de fuerza que se sucedieron.
En diálogo con AUNO, el dirigente adelantó que en la audiencia ante la CIDH llevarán su “caso en particular” por las “amenazas de muerte” a sus hijos y la “persecución” hacia su persona. Baradel agregó que también presentarán informes sobre “la entrada de policías en las reuniones de delegados de Ctera, y de el ingreso de personal de Gendarmería a las escuelas para hacer inteligencia”.
Sobre las denuncias contra los sindicalistas, Baradel aseguró que “hay una persecución del Gobierno contra el sindicalismo para debilitarlo y así poder aplicar el ajuste sin que nadie ponga resistencia. Quieren englobar a todos los dirigentes gremiales en la corrupción por casos particulares”.
En esa misma línea, el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros Desmontadores de Algodón, Daniel Yofra, destacó que la audiencia con la CIDH “es una gran oportunidad y un mensaje para que el Gobierno cambie el rumbo”. El titular de aceiteros coincidió con Baradel en que “hay un ataque a los sindicalistas para dejar indefenso al trabajador” y sentenció que su posición será de “rechazo y resistencia ante el avance sobre los derechos de los trabajadores”.
EL RECLAMO DE LOS ABOGADOS LABORALISTAS
Otro de los sectores que está en la mira del gobierno de Cambiemos es el de los abogados laboralistas. El propio presidente Macri había calificado a ese sector como una “mafia” que pone en marcha una “industria del juicio” que, según su interpretación, provoca el cierre de empresas y pymes.
Por esta política, la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) también estará presente el próximo 24 de octubre en Uruguay para fijar su posición. Su presidente, Matías Cremonte, será el representante que pondrá sus preocupaciones sobre la mesa de la CIDH. “Quieren volver a una relación patrón-trabajador del siglo XIX.”
Cremonte explicó a esta agencia que hay una “clara ofensiva contra el sistema de defensa de los trabajadores, el sindicalismo, la justicia laboral y los abogados”.
El presidente de la AAL destacó que la CIDH reciba una denuncia de este tipo porque “los derechos sociales de los trabajadores son también derechos humanos”, y advirtió que después de lo que resuelva el órgano internacional “el Estado deberá dar una respuesta” ya que “hay una estigmatización de los defensores de la clase trabajadora y nos se puede retroceder en cuanto a derechos”.
Otra de las organizaciones que asistirá será el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). El secretario de derechos humanos del gremio, Tomas Eliaschev, manifestó su preocupación al revelar que en lo que va del año “se registraron 2500 despidos en todo el país”, y remarcó que hay una “clara precarización laboral por el crecimiento de la ‘multitarea’, que implica que un compañero realice el trabajo de varios”.
En este sentido, el secretario de Organización de ese mismo gremio, Agustín Lecchi, alertó sobre “un avance de los empresarios” contra los derechos de los trabajadores mediante “despidos, retiros voluntarios compulsivos, y la violación de convenios y estatutos laborales”.
Hay datos que respaldan el reclamo de las organizaciones ante la CIDH. A lo largo del año se sucedieron varios conflictos por la inestabilidad de los derechos laborales. Algunos de ellos fueron la suspensión de la elección del sindicato de los azucareros de Jujuy (del Ingenio Ledesma) y la intervención de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza. También la criminalización de la protesta gremial en Tierra del Fuego, donde miembros del Sindicato Único de Docentes (Sutef) fueron removidos de la tutela sindical.
RN-AFD
AUNO-23-10-17
