Lomas de Zamora, oct 25 (AUNO) – El 76 por ciento de los casos detectados de violencia familiar y sexual en la provincia de Buenos Aires corresponden a víctimas mujeres de entre 15 y 34 años.
Las víctimas son agredidas físicamente en un 38 por ciento, verbal y/o psicológicamente en un 31 por ciento, y sexualmente en un 15 por ciento de los casos, según datos difundidos por el Ministerio de Salud bonaerense.
El subsecretario para la Modernización del Estado provincial, Roberto Reale, afirmó que desde el Instituto Provincial para la Administración Pública (IPAP) “se lanzó el primer curso virtual sobre violencia contra la mujer, el cual permite que todos los trabajadores del Estado puedan informarse sobre ese tema y contar con recursos para prevenir y ayudar a las mujeres que lo sufren”.
“En lo que va del año, el IPAP capacitó a más de 16 mil personas a través de sus diferentes líneas de formación. Esta propuesta es una iniciativa más que se suma para avanzar hacia un Estado más inclusivo, capaz y resolutivo, donde la prevención es la mejor cura para asuntos como la violencia de género, y para esto es necesario informar y capacitar”, remarcó el subsecretario.
Además, la plataforma del IPAP cuenta con un Programa de Atención a la Violencia contra la Mujer (asistido por el 0800-555-0137) de la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Guido Carlotto.
La ley sobre violencia de género fue aprobada hace una semana en la Legislatura bonaerense.
En la ocasión, el Senado bonaerense convirtió en ley por unanimidad ese proyecto que declara la emergencia pública por violencia de género, medida que se extenderá por dos años y buscará paliar el número de víctimas en la provincia.
La iniciativa ya había recibido media sanción de Diputados a fines del pasado abril y previamente se habían unificado los proyectos de los legisladores Karina Nazabal (FpV), Fernanda Antonijevic (FAP) y Alejandro Armendáriz (UCR).
Las tres iniciativas reclamaban la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.485 contra la violencia hacia las mujeres, aprobada por el Congreso en abril de 2008 y faculta al Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para luchar contra la violencia machista.
La iniciativa además establece optimizar los recursos provinciales para garantizar el correcto funcionamiento del Programa Provincial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
También apunta a preservar y resguardar la identidad de la víctima, aún en los registros que las autoridades públicas provinciales y municipales puedan implementar.
Obliga también al Ejecutivo provincial a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo 20 de la ley 12.569 que establece las siguientes acciones: políticas de prevención y asistencia a las víctimas, programas de capacitación para docentes y directivos, a operadores de los centros de salud, del personal policial, generar centros de hospedaje.
AUNO 25-10-12
MAP-HRC
