Cárceles: crónica de una crisis anunciada

El coronavirus expuso todavía más las fuertes deficiencias del servicio penitenciario. De acuerdo a María del Carmen Verdú, fundadora de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en marzo “se estaba a tiempo” de evitar el contagio en las prisiones, pero ahora “todas” se hallan “incendiadas”.

Fotos: Télam

Lomas de Zamora, 27 de abril (AUNO).- El coronavirus fue la gota que rebalsó el vaso. Con protestas en todo el país, y epicentros en Devoto y Florencio Varela, los presos reclaman protocolos de sanidad e insumos básicos para evitar la propagación del Covid-19. En la provincia las protestas se extendieron a más de diez prisiones. “Todas están incendiadas”, aseguró a AUNO María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

El estado deplorable del sistema carcelario no es nuevo. Es un problema que arrastra décadas y que en los años del gobierno de Mauricio Macri creció como bola de nieve. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el segundo más grande después del federal, es uno de los que se encuentra en peores condiciones. “No hay un solo agente de la Justicia que ignore las condiciones en las que viven los presos”, denunció Ismael Jalil, abogado de la Correpi. La mayoría de los reclamos arrastran una larga trayectoria.

Entre el SPB y el Sistema Penal Federal (SPF) acumulan el 69 por ciento de los detenidos del país, más de 63 mil. Esta cantidad refleja un aumento del 36,5 por ciento en relación al último año de mandato de Cristina Fernández. Es decir que al finalizar la gestión de Macri había 17 mil presos más en las prisiones.

“Todo el tiempo está por explotar el tema del hacinamiento, es continuo”, explicó Marisol Ibañez, docente en la escuela de la Unidad Penitenciaria 40 de Lomas de Zamora. Allí hay una huelga de hambre por reclamos similares a los de las demás cárceles del país.

En la provincia de Buenos Aires un informe realizado el año pasado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) arrojó que sobre 28 mil plazas disponibles en el SPB hay 45 mil internos alojados. Una sobrepoblación de más de 17 mil personas.

“En diciembre no pudimos tomar mesas de examen porque ya había una huelga”, relató Ibañez. Durante el último año de gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal se declaró la emergencia penitenciaria hasta marzo de 2022. Se mantuvo luego de que asumiera el actual gobernador, Axel Kicillof. Una de sus medidas fue el establecimiento de mesas de diálogo para resolver problemas tales como la falta de alimento en buen estado y el hacinamiento y reclamos como la aceleración de procesos judiciales.

PROFECÍA CUMPLIDA

Este diálogo fue incapaz de establecer una solución que evitara la llegada del Covid-19 a las cárceles. De acuerdo a Verdú, abogada y fundadora de Correpi, en marzo “se estaba a tiempo” de evitar el contagio en las prisiones, pero ahora “todas” se hallan “incendiadas”.

Hasta el momento sólo existen tres detenidos positivos del virus. El primero cumplía su condena en la Unidad 23°, de Florencio Varela. Se cree que se contagió en el Hospital Perón, de Avellaneda, donde trataba problemas renales. Los otros dos son internos que participaron de los recientes reclamos en Devoto y se presume que fueron contagiados por un guardia.

La abogada también denunció que no se tomaron “los recaudos adecuados” entre los miembros del sistema penitenciario. “Todo lo que venían denunciando (los presos) se fue cumpliendo con los hechos”, aseguró.

En contraposición a lo que puede observarse en los detenidos, los casos en el personal penitenciario abundan. Hubo uno positivo en la Unidad Penal 1° de Corrientes, mientras que el resto de los 122 miembros de la guardia fueron testeados. Aún no se conocen los resultados.

Al mismo tiempo, se confirmaron casos positivos en la Unidad 22 de Olmos y en la cárcel de Campana, ambas en la provincia de Buenos Aires. También en el penal de Bariloche y en la cárcel federal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 15 casos de penitenciarios sospechosos, cuatro de los cuales ya dieron positivo.

Ninguna de las personas detenidas anduvo de vacaciones en el exterior y las visitas están suspendidas hace casi un mes. Si se hubieran atendido las alertas tempranas, en lugar de reprimir a quienes las hicieron, no estaríamos a las puertas de una hecatombe sanitaria en las cárceles”, denunció la Correpi en un comunicado la semana pasada.

UNA CHISPA PARA EXPLOTAR

La cúpula de la cárcel de Florencio Varela fue desplazada tras el asesinato de un preso.

Las protestas de los presidiarios emergieron en el comienzo mismo de la cuarentena obligatoria. Se recrudecieron al pasar las semanas y no haber una respuesta a las exigencias. Las cárceles son polvorines que sólo necesitan un chispa para explotar. Los casos de coronavirus fueron esa chispa. Los motines más importantes se dieron en las unidades carcelarias donde aparecieron los primeros casos: Corrientes, Florencio Varela y Devoto.

En la provincia mesopotámica fue asesinado en la represión policial en la Unidad Penal 1° José Candia, de 22 años. En la Unidad 23° de Varela se confirmó que la muerte de Federico Rey, de 30 años, fue producto de armas de fuego y no de armas blancas como sostenía la versión policial. La cúpula de la unidad penitenciaria fue desplazada como consecuencia.

En la emblemática cárcel de Devoto el 24 de abril tuvo lugar un motín de nueve horas que finalizó antes de que se llegara a reprimir. Los reclamos son similares a los de los presos de otras instituciones pero la espectacularidad de la toma de los pabellones otorgó una cobertura en los medios y llegada a la opinión pública. El sábado último ocurrió el primer diálogo entre detenidos, autoridades judiciales y penitenciarias; se espera que el jueves ocurra la segunda reunión.

En la provincia, en su totalidad, más de 1200 presos del SPB se sumaron a las huelgas de hambre que comenzaron en los penales de San Martín, Ituzaingó, Varela y Melchor García. Actualmente hay protestas en las unidades 12, 27, 31, 33 (de mujeres), 41, 40 (de Lomas de Zamora) y la Alcaidía Pettinato, del partido de La Plata.

El 22 de abril el juez Silvio Galdeano, de la Justicia de la Ejecución Penal de Junín, ordenó al SPB que “se abstenga de disponer el ingreso a las unidades penitenciarias Nº13, Nº 16 y a la Alcaidía Penitenciaria Nº 49 de Junín”.

La medida apuntó a evitar conflictos violentos con los presos de esas dependencias. Los mismos habían filmado videos que trascendieron en las redes y en los que denunciaban nuevos ingresos. “Hasta acá llegó lo pacífico que veníamos”, amenazó uno de los filmados. Aún no se han registrado incidentes.

PROBLEMAS DE AYER Y DE HOY

La supresión de las visitas fue uno de los mayores desencadenantes de las protestas. No por la suspensión en sí. Al contrario: según Verdú, los propios presos la consintieron. El problema radica en la ausencia de productos básicos: “Las familias mantienen a los presos, al no tener visitas no tienen insumos para desinfectarse”, explicó.

Otro de los grandes reclamos fue el aceleramiento de los procesos judiciales. En el último relevamiento realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación se llegó a una conclusión lapidaria: seis de cada diez personas privadas de su libertad no tienen condena firme. Resultado del uso “excesivo” de la prisión preventiva, consigna el documento.

De acuerdo al abogado penalista Dardo Vissio, el uso de la prisión preventiva en personas sin condena es “inconstitucional” en la mayoría de los casos. Solo cuando se demostró la “peligrosidad” del acusado puede ser detenido. Pero también viola la Constitución porque la no liberación “se ampara en una coyuntura del momento”.

“En la Argentina los juicios van a muy a largo plazo. Te detienen y tenés el juicio a los dos años. Hubo casos en que llegan a juicio y el fiscal no acusa, y el tipo estuvo dos años preso por un hecho que no lo iba a condenar. La Justicia está totalmente colapsada, no saben cómo manejarlo, hay pocos juzgados y muchos casos”, detalló a AUNO Vissio.

Una de las posibles aristas de este problema puede rastrearse en las internas dentro del Poder Judicial provincial. Luego de la huelga generalizada de presos durante la transición Vidal-Kicillof, la Corte Suprema provincial dio directivas a los jueces para que descompriman las cárceles y liberen o morigeren las penas a las personas en conflicto con la ley que cometieron delitos leves.

Esta orden no fue acatada por el Procurador General de la provincia Julio Marcelo Conte Grand, alineado a un sector de la magistratura y a defensores oficiales. Grand ordenó desconocer las órdenes de la Suprema Corte e instó a los fiscales alineados a él a apelar todos los fallos de jueces. De manera similar, a los abogados defensores afines se les recomendó no pedir ningún beneficio para sus clientes.

En respuesta, el Tribunal de Casación bonaerense ordenó a los jueces que se ejecute de manera “inmediata” el arresto domiciliario a los presos bonaerenses que se encuentren dentro del grupo de pacientes de riesgo y hayan cometido delitos leves. Mientras que a su vez se “deberá resguardar la integridad psicofísica” y “comunicarle la decisión” a las víctimas del delito.

En este sentido, Jalil aclaró que las medidas de prisión domiciliaria no significan “abrir las puertas de las cárceles sin ningún tipo de recaudo”, sino que están orientadas a los internos que forman parte de la población de riesgo y hayan cometido delitos menores.

EL MENSAJE DE FERNÁNDEZ

Sobre 28 mil plazas disponibles en el SPB hay 45 mil internos alojados.

Luego de la cadena nacional que anunció el corrimiento de la cuarentena, el Presidente Alberto Fernández declaró que la cuestión carcelaria le “preocupa mucho” aunque subrayó que la “respuesta está básicamente en manos de la Justicia”.

“Nosotros podemos ayudar a contener la ansiedad y dar condiciones sanitarias a los internos para que no teman y no tengan riesgo de infectarse”, explicó al canal de noticias C5N. “Es un problema muy serio no sólo en las cárceles de Argentina sino de todo el mundo”, remarcó.

En este sentido, mencionó la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de políticas sanitarias y de disminución del hacinamiento en las prisiones. También el caso del presidente chileno, Sebastian Piñera, quien indultó a más de mil detenidos como respuesta a la pandemia.

UN GUETO QUE “NO IMPORTA A NADIE”

A pesar de las declaraciones del Presidente, y luego de que trascendieran las imágenes de la protesta por medidas de higiene en Devoto, las redes se llenaron de burlas y comentarios contra las reivindicaciones de los internos. “Ellos no tienen derechos” es la frase que sintetiza gran parte de la opinión pública al respecto.

Al ser consultado al respecto, el abogado de Correpi consideró que el “sentido común” de las personas en relación al tema carcelario es “manipulado” por los medios de comunicación :”Machacan la idea de que el preso es escoria humana a la que se le debe aplicar la ley penal no escrita, la pena de muerte”.

Para Vissio, la explicación de este rechazo es muy sencilla. A pesar de que las cárceles son “un problema social”, la cuestión carcelaria “no le importa a nadie”. Incluso para el mismo sistema judicial el preso “no es una persona” sino “algo que molesta”. De acuerdo al magíster, lo que se pretende hacer de las cárceles es simplemente un “gueto”.

Este diagnóstico coincide con el de Jalil, quien aseguró que en el poder Judicial hay un “odio de clase concreto” y que, en muchos casos, los jueces “se apropian de la vida del preso”.

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