La propuesta de actualizar la Ley 26.485, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, busca profundizar su alcance. En efecto, la propuesta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad apunta a poner en la mira nuevos tipos y modalidades de violencias de género, incluir la perspectiva de diversidad y brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional.
En diálogo con AUNO, la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila, expresó que desde el Ministerio se habla de una “actualización” porque consideran que la ley es una “excelente norma” que propició un “cambio de paradigma” fundamental para “profundizar nuestra comprensión de las violencias”.
La ley dio visibilidad a tipos y modalidades de violencias contra las mujeres antes no reconocidos, asimismo promovió “nuevos abordajes”, y amplió “derechos reclamados históricamente”, remarcó.
También se fortalecerá el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales con el fin de consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género.
Al respecto Neila afirmó que es “imprescindible” adaptarla a los tiempos que corren mediante un amplio proceso de diálogo federal que permita revisar quiénes son lxs sujetos que tienen que estar alcanzados por la norma y la vigencia de algunos de sus preceptos, así como también “generar propuestas y asumir nuevos compromisos en torno de las violencias por motivos de género”.
El proyecto de ley, que se presentará el 25 de noviembre del próximo año, se trabajará en foros participativos y federales que buscarán incorporar las voces de todos los sectores y territorios, priorizando la construcción y el debate colectivo.
Este proceso que recién comienza, pero que encuentra su origen en una necesidad que se viene gestando hace años en las calles, permitirá abrir el debate para realizar las modificaciones necesarias en la actual definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia, aseguran desde el Ministerio.
A su vez, evaluará qué posibilidades brinda la ley para sustentar las políticas públicas que abordan las nuevas modalidades y tipos de violencias de género. Por otro lado, se propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGTBIQ+ en razón de su identidad de género.
La reforma, un proceso colectivo
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, enfatizó que no quieren una norma que “nazca de los escritorios”, sino que recoja todas las miradas y que cuente con una perspectiva plural y diversa.
“La participación y generación de espacios a lo largo y ancho del territorio nacional con el objeto de compartir experiencias, miradas, prácticas e ideas y pensar, escuchar, discutir y debatir constituyen una forma de entender la gestión”, remarcó a AUNO la referente de Políticas contra la Violencia por Razones de Género.
Será por tanto un proceso participativo, político y territorial, e implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas.
En línea con esto, Neila agregó que en los foros también se discutirán “ejes de política pública, algunos de los cuales han de ser incorporados a la normativa, y otros que han de servir para el próximo plan de acción (2022-2024)”. “La idea es que todas las personas que quieran participar puedan hacerlo, habilitando diferentes instancias”, aseguró.
Las convocatorias para los Foros Participativos y Federales se realizarán a través del MMGyD en conjunto con la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y la Comisión Banca de la Mujer del Senado de la Nación.
También se convocarán encuentros regionales en las sedes de distintas universidades nacionales y otros espacios de la comunidad para debatir y compartir miradas acerca de los lineamientos y ejes estratégicos que se proponen, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.
Además se invitará a participar a actores institucionales, actores comunitarios, organizaciones y público en general a exponer propuestas sobre cada uno de los ejes que se aborden. Y se convocará a expertos de diferentes áreas a debatir en torno a los distintos temas prioritarios para el proyecto de reforma de la ley.
La construcción colectiva de la propuesta de Reforma Integral se realizará en un tiempo no menor a seis meses. Luego se establecerá un plazo de tres meses para la redacción del proyecto de ley. Siendo los debates y la información reunida el insumo fundamental para la redacción del proyecto a presentar el 25 de noviembre de 2022.
Una lucha que sigue conquistando nuevos espacios
La reforma obedece a la necesidad de incorporar la perspectiva de las diversidades sexuales, pero también a la necesidad de complejizar el abordaje de las violencias, de acuerdo a los tiempos que corren.
Sobre esto Neila destacó que buscan que la reforma se constituya en un nuevo piso de derechos para las mujeres y para las personas LGTBIQ+ desde donde se pueda continuar construyendo “una sociedad más igualitaria y libre de violencias”.
En el 2009 se sancionó la Ley 26.485, en ese momento fue un gran avance para poner en agenda y tratar la violencia de género. Sin embargo, a 12 años de su publicación en el Boletín Oficial, la ley que fue sin duda pionera en su momento, hoy no alcanza.
La lucha feminista se ha seguido forjando y, en 2015, dio a luz el movimiento “Ni una menos”, que llega a nuestros días y continúa atrayendo personas con deseo y voluntad de cambiar las cosas.
La visibilización de las violencias de género, y la forma en que impactan en las trayectorias de vida de mujeres y LGTBIQ+, nos ofrece hoy una visión mucho más profunda de la problemática y sus diferentes dimensiones.
Se busca adecuar la normativa a las necesidades y demandas actuales sobre nuevos tipos y modalidades de violencias, en lo que se incorpora la perspectiva de diversidad y se brindan herramientas para fortalecer el rol de los distintos niveles de gobierno y de las organizaciones sociales territoriales en el abordaje de esta problemática.
AUNO-29-12-21
CM-SAM
