Lomas de Zamora, julio 13 (AUNO).- Pasados cuatro años del fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia en el que fueron condenados los estados nacional, porteño y bonaerense a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) difundió un balance del grado de cumplimiento de la sentencia judicial, en el que celebraron los avances en relocalización de algunos asentamientos y criticaron la falta de “una verdadera política de Estado para el Riachuelo”.
“La intervención de la Corte ha marcado un antes y un después para la situación del Riachuelo, ya rompió la inercia con la que se había tratado la contaminación de una región que habita el 15 por ciento de la población del país”, afirma el documento de la organización ambiental.
De acuerdo a lo expresado en el informe elaborado por el director del Área Riachuelo de FARN, Andrés Nápoli, “los primeros dos años posteriores al fallo se caracterizaron por la falta total de acción por parte de las autoridades y en especial de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), quien no pudo llevar adelante prácticamente ninguna iniciativa destinada a cumplir con el mandato impuesto”.
Ante tal panorama, el máximo tribunal convocó a dos audiencias en las que reclamó a las autoridades involucradas avances en lo ordenado por el fallo: desalojo y traslado de asentamientos ubicados a la vera del curso de agua, controles sanitarios para esas personas, reconversión de los modos de producción industriales, entre otros.
A pesar de lo impuesto por la Corte Suprema, en varios casos el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien se encuentra a cargo de la causa, debió aplicar multas de carácter personal a diversos funcionarios: fue el caso del ex secretario de Medio Ambiente Homero Bibiloni y del ex intendente de Lomas de Zamora Jorge Rossi, quienes renunciaron luego de las sanciones.
Sin embargo, el informe publicado por FARN reconoce avances como la apertura de la traza costera del camino de sirga y algunos traslados de habitantes de asentamientos. Acerca de este último aspecto, de un total de 2.389 familias que viven en las márgenes del Matanza-Riachuelo, se han relocalizado 256 a viviendas construidas en el marco del Plan Federal de Viviendas.
La posibilidad de otorgar una vivienda “no solo implica acceder a la titularidad de los bienes inmuebles, sino también la garantía de tener servicios públicos y evitar la exposición a altos riesgos ambientales”, sostiene Nápoli en su informe.
Por otra parte, los asentamientos que quedaron más allá de los 35 metros del camino de sirga continúan en “condiciones precarias, por lo que es necesario poner en marcha procesos de reurbanización, que hasta el momento no se han iniciado”.
Uno de los principales contaminantes de la cuenca fueron las industrias instaladas en las orillas, que en su mayoría volcaban residuos tóxicos al curso de agua. Como primera medida, Acumar instó a las empresas a empadronarse, con el fin de tener datos duros y poder avanzar en un plan de reconversión industrial, para incentivar procesos limpios de producción en los más de 20 mil establecimientos.
“Ello no resulta suficiente para mejorar la grave situación de contaminación, ya que la legislación vigente presenta deficiencias, principalmente en materia de vertidos, que podría conducir a la paradoja de que, aun cuando todas las empresas se ajustasen lo normado, el Riachuelo siga tan contaminado como lo está actualmente.”
Con respecto a la salud de las personas que viven en la cuenca, “aún no se ha identificado cuál es la población que se encuentra en situación de riesgo, ni se han puesto en marcha las medidas para atender a sus necesidades en materia de salud”, lo que demuestra “la falta de desarrollo de una política proactiva en materia de atención sanitaria”, afirmaron desde FARN.
PT-AFD
AUNO-13-07-12
