El Ministerio Público Fiscal Federal rechazó el pedido de familiares de desaparecidos y detenidos para revocar la prisión domiciliaria otorgada a los represores acusados en el juicio Brigadas, causa que unifica los ex centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Inferno de Avellaneda. Esta situación no es aislada, ya que desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) señalan que 8 de cada 10 detenidos por cometer crímenes de lesa humanidad en Argentina tienen arresto domiciliario.
En el marco de la audiencia número 100, se conoció el pedido del órgano judicial al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata de no revocar la prisión domiciliaria a los acusados que cuentan con este beneficio, por lo que queda en manos de los jueces tomar la decisión.
En Argentina, hay 546 detenidos por cometer crímenes que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y violación contra la población civil, como parte de un ataque general o sistemático, que cuentan con prisión domiciliaria, según datos estadísticos publicados por la PCCH.
“El 83 por ciento de los detenidos por delitos de Lesa Humanidad está con prisión domiciliaria, como si ésta fuera la regla y la cárcel la excepción”, aseguró el co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, en el marco del 3° Foro Mundial de Derechos Humanos, un espacio de debate acerca de los Derechos Humanos en el mundo.
En diálogo con AUNO, Torremare consideró que la ley se aplica “muy laxamente”, ya que estipula que cuando los detenidos superan los 70 años de edad pueden “pedir la domiciliaria y el juez puede otorgarla”, sin embargo, ello no significa que los jueces deban hacerlo.
Por su parte, el secretario jurídico de la APDH regional Lomas de Zamora y miembro del Instituto del Derecho de Lomas de Zamora, Julio César Towpyha, explicó a esta agencia que los acusados “se han amparado” en el artículo 10 del Código Penal que “determina los casos en particular en que se concede la detención domiciliaria y ha sido utilizado por los represores fundamentalmente por ser mayores de 70 años”.
Además, el informe de la PCCH revela que de 3.671 de investigados por delitos de lesa humanidad, el 39 por ciento falleció, un 41 por ciento aún está libre y solo el 19 por ciento está detenido.
Por ello, Towpyha remarcó que “es imprescindible” llevar a cabo estos proceso con “celeridad” porque que si las personas con prisión domiciliaria fallecen, las víctimas “se encuentran con el sentimiento de que no hubo justicia”.
Además, considera que hay “sintonía ideológica” por parte de los jueces con los acusados, tanto para el otorgamiento de prisión domiciliaria como en la dilatación de los procesos, por lo que “es imprescindible una reforma judicial, que nos permita democratizar la Justicia”.
En este sentido, Torremare se refirió a la “lentitud” como uno de los problemas del actual sistema judicial explicando que “después que se dicta una sentencia por un Tribunal” hay una demora de más de 5 años en los procesos de apelación, por lo que “las sentencias tardan mucho en quedar firmes”.
Enfatizó que “el problema de la lentitud es que los imputados, las víctimas sobrevivientes y los testigos son personas adultas mayores, muchas de las cuales fallecen o presentan alguna incapacidad que no le permite estar en juicio”, y agregó que “un imputado que queda sin condena, porque el juicio se demoró, genera impunidad”.
La APDH es querellante en la causa Brigadas y “lucha para que estos procesos judiciales sean rápidos, se pueda lograr efectivamente el cumplimiento de la pena impuesta y que no quede impune el hecho”, resaltó Towpyha.
El informe actualiza los principales datos del proceso de verdad y justicia que lleva a cabo la PCCH, que compila información de las 296 sentencias dictadas de 2006 a 2023.
Juicio Brigadas
El Juicio Brigadas inició en octubre del 2020 y unifica los crímenes ocurridos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Inferno de Avellaneda.
Están acusados por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci, Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Jorge Di Pasquale, Guillermo Domínguez Matheu, Ricardo Fernández, Carlos Fontana, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Hidalgo Garzón, Antonio Simón, Enrique Barré, Eduardo Samuel de Lío, y Alberto Condiotti.
Miguel Ángel Ferreyro, fallecido en 2021, estaba imputado por los crímenes ocurridos en la Brigada de Lanús y Miguel Etchecolaz, fallecido en 2022, estaba imputado por los delitos ocurridos en el Pozo de Banfield, Quilmes y el Inferno de Avellaneda.
AUNO-14-4-23
FM-SAM
