(AUNO-TERCER SECTOR*) Para analizar las reformas que necesitan los sistemas de justicia en general y la Corte Suprema en particular, seis ong’s se reunieron con integrantes del Colegio Público de Abogados para pasar revista de las condiciones que deben primar a la hora de designar y remover miembros de la Corte, los ajustes que requiere la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y de Senadores, lo mismo que los límites en los que se debe mover el máximo tribunal cuando realice sus intervenciones.
Andrea Pochak, directora del área jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue parte de los treinta referentes de sectores jurídicos y académicos que discutieron la puesta a punto de las reformas. En diálogo con AUNO-Tercer Sector, consideró que la opinión pública deberá jugar un rol muy destacado en la selección de quien ocupará un lugar en la Corte. “Será necesario formar audiencias públicas que intervengan en el procedimiento y que tengan voz en el momento de poner objeciones –señaló-. Este mecanismo tiene que alcanzar a las Cámaras legislativas para que el juicio político sea más claro y no se vuelva a dar el manejo arbitrario que sufrió por parte los bloques cuando se intentó llevar adelante el juicio a la Corte el año pasado”, sostuvo.
Las ong’s piden que, al producirse una vacante en la Corte, en un lapso no mayor de un mes, se difunda en el Boletín Oficial, en dos diarios nacionales y en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes curriculares de las personas que el Presidente decida poner a consideración de la gente y de las ONGs para cubrir el cargo.
También recomiendan que los candidatos cumplan con la presentación de la declaración jurada patrimonial de acuerdo la Ley de Política en la Función Pública. Los datos servirán para evaluar cualquier tipo de compromiso del aspirante que pueda afectar su imparcialidad de criterio. “Sobre la base de lo que exprese la ciudadanía el Presidente decidirá si el postulante está capacitado o no para desempeñarse”, agregó Pochak.
Otro aspecto que deberá reformularse, según la representante del CELS es “la superacumulación de causas de la Corte Suprema, que resuelve más de 14 mil casos por año. Así se logra que funcione como una cuarta instancia, mecanismo con el cual durante el menemismo se favorecieron intereses particulares. Una Corte adicta funciona de esta manera, se mueve con parámetros de discrecionalidad, se maneja sin fundamentos”, opinó.
Para evitarlo, las ong’s proponen que la Corte intervenga “sólo cuando las causas tengan relevancia institucional, cuando afecten a la población en su conjunto y no cuando impliquen intereses particulares”. Un ejemplo contundente es el que brinda la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyo modelo de funcionamiento fue adaptado por el máximo tribunal argentino. La Corte del país del norte resuelve entre 70 y 90 casos anuales, lo que representa menos del 1 por ciento de los que se deciden en Argentina.
Pochak subrayó que para que los cambios sean factibles “no es necesaria una reforma constitucional, sino que se deben modificar las leyes de los reglamentos internos”. En este sentido, las modificaciones se dirigen a otorgar publicidad a las audiencias, a la interrogación de las líneas doctrinarias de los jueces y a efectuar un mayor control de la jurisprudencia. En una segunda instancia, las organizaciones buscarán que estos criterios en la selección de jueces se extienda a todos los magistrados que se eligen en el país”.
Las entidades que desde hace tiempo trabajan en la reforma judicial –Poder Ciudadano, Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Asociación de Derechos Civiles, la Unión de Usuarios y Consumidores, entre otras- consideran que esta es la única manera de devolver la confianza la y legitimidad perdidas. En “Una Corte para la democracia”, el documento elaborado a principios de 2002, expresan el valor de la Corte Suprema, definida como “el último y más importante intérprete de la Constitución. Sus decisiones completan el contenido de la norma constitucional y dan certeza a los ciudadanos respecto del alcance de sus derechos”.
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