Por la figura del “amicus curiae” (amigos del tribunal), una organización o un particular puede presentarse ante un juzgado, cámara o corte para aportar su punto de vista sobre determinadas causas judiciales. La Corte Suprema lanzó recientemente una convocatoria para que se realicen presentaciones en casos relacionados con los derechos humanos. A pesar de valorar la promoción del debate público de estos temas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) señaló algunas falencias en el llamado del máximo tribunal y pidió que se mejore la información para que la participación pueda ser efectiva.
“La Corte invita a que se presenten opiniones, pero el problema era que no había un listado de las causas que estaban en trámite, y no se podía aportar”, sostuvo el director del área de Justicia de la ADC, Juan González Bertomeu. Hoy los casos incorporados al “amicus curiae” se pueden consultar en www.csjn.gov.ar. Sin embargo, la entidad insistió en que la información que brinda el Tribunal debería hacerlo “de un modo más sencillo”.
Para lograrlo, la ADC promueve que la Corte cree una dependencia dedicada “a centralizar, administrar y suministrar la información sistematizada de los casos a través de las piezas procesales indispensables para comprender la cuestión en debate, las contestaciones a los terceros que presenten opiniones y las condiciones de participación”.
Mediante el sistema Amigos del Tribunal, organizaciones y particulares que acrediten “reconocida” experiencia en los temas a tratar pueden presentarse con medidas, opiniones y documentos en función de pronunciarse “a favor de la defensa de un interés público”.
A fines del año pasado, la Corte abrió el debate sobre el caso Patti y el de los indultos. En el primero, el fuero analiza un recurso de amparo presentado por el ex subcomisario Luis Patti para que deje sin efecto la resolución del Congreso que rechazó su incorporación como diputado nacional en octubre de 2005 debido a su “falta de idoneidad moral”, a causa de sus acciones durante la última dictadura militar que derivaron en denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, en el caso Mazzeo, los jueces estudian la constitucionalidad del decreto firmado por el ex presidente Carlos Menem en 1989 que benefició, entre otros, al ex general del Ejército durante la dictadura, Santiago Riveros.
Según la ADC, este sistema tiene un uso esporádico por parte de jueces reticentes a implementarlo. Por ello, el año pasado presentaron a la Corte un escrito en el que solicitaron un listado de las causas en trámite. “La ciudadanía y la sociedad deben conocerlas para poder participar y presentar argumentos nuevos”, sostuvo González Bertomeu.
Desde julio de 2004, y en el marco de una serie de medidas que buscan otorgar transparencia a su funcionamiento, el máximo tribunal resolvió abrir el debate en aquellas cuestiones de trascendencia institucional o de interés público a las asociaciones o personas interesadas en el fallo que no sean parte del expediente.
Cómo comunicarse:
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
5236-0555/6/7 – 5238 1805
www.adc.org.ar
