Organizaciones sociales y políticas que integran el espacio Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciaron que durante los últimos meses existieron más casos de militantes populares intimidados y amenazados de muerte que los difundidos masivamente por los medios de comunicación.
De hecho, uno de los casos más graves y que menos difusión tuvo fue el secuestro que el 2 de marzo pasado sufrió Carlos Leiva, militante del MTD de Lanús.
Según su propio testimonio, el dirigente fue secuestrado durante siete horas, y sus captores, luego de interrogarlo, le practicaron un simulacro de fusilamiento, bajo insultos y amenazas.
Desde el vamos, el caso emblemático que figura en el informe es el de Julio López, el albañil que desapareció hace seis meses, luego de haber declarado como testigo en el juicio oral que condenó al genocida y ex jefe policial Miguel Etchecolatz a prisión.
El otro fue el de Luis Gerez, el militante del Frente para la Victoria cuyo secuestro, en diciembre de 2006, fue relacionado por sus declaraciones que signaron al ex intendente de Escobar Luis Abelardo Patti como autor de torturas y demás apremios ilegales en la comisaría que tuvo a su cargo durante los años de plomo, y aún después.
Las denuncias se hicieron de manera pública en el marco de una movilización del Frente Darío Santillán hasta el Ministerio del Interior, donde se le dejó al titular de esa cartera, Aníbal Fernández, el texto con la documentación de los casos registrados.
Otros de los casos denunciados fueron los de Ramiro González, miembro de la agrupación HIJOS, que en octubre de 2006 fue secuestrado durante dos horas, y el del dirigente sindical ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, que en diciembre de ese mismo año recibió una golpiza por parte de desconocidos.
Casos como estos, dan cuenta de que “la metodología del secuestro, golpizas y amenazas a militantes populares no se limita a la vinculación directa que pudiera establecerse con juicios a represores del pasado”, afirmaron los autores del trabajo, a través de un comunicado.
La denuncia insistió en que los militantes sociales están ante “el peligro de que esta metodología se vuelva frecuente”, y advirtió sobre “la disposición de zonas liberadas” que deja entrever “la participación necesaria de miembros activos de las fuerzas de seguridad” en hechos de ese tipo.
En este sentido, los autores del informe conjeturaron que, a días de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de 1976, “el aparato represivo y de inteligencia de la dictadura no ha sido desmantelado” y que “la metodología que se implementa en los casos denunciados es heredera de aquellas metodologías del terrorismo de Estado”.
AFD
