Lomas de Zamora, junio 8 (AUNO).- Vecinos de barrios ubicados cerca de la cuenca Matanza-Riachuelo denunciaron ante la Justicia a los gobiernos municipales de llevar a cabo “negociados” y actuar con “desidia en la ejecución de las obras” de saneamiento dictaminadas por la Corte Suprema de Justicia hace tres años.
El abogado Juan Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las agrupaciones denunciantes, explicó a AUNO que la denuncia ante la Justicia se basa en la presunta “violación” del artículo 55 de la ley 24.051 por parte de los directivos de tres empresas multinacionales por presunto “envenenamiento”. Según precisó, “tras las inspecciones de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y de los funcionarios municipales, los desechos que esas firmas antes arrojaban al curso de agua, ahora los dirigen a un asentamiento”.
En la presentación también figuran como responsables de la situación ambiental el titular de Acumar, Juan José Mussi; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; y los intendentes de Lomas de Zamora y Lanús, Martín Insaurralde y Darío Díaz Pérez, respectivamente.
“Presentamos videos, muestreos médicos y pruebas de laboratorio que sustentan nuestro reclamo. Hay un caño que vierte las 24 horas del día ácido sulfúrico”, agregó el letrado.
Las empresas denunciadas en esta ocasión por los vecinos son SADESA SA, dedicada a la curtiembre; Camilo Ferrón SA, del rubro agroindustrial; y Contetodo SA, que se encarga del tratamiento de residuos peligrosos. AUNO intentó comunicarse con ellas pero no obtuvo respuestas.
Al igual que Grabois, el titular de la Fundación Che Pibe, Sergio Val, afirmó a esta agencia la existencia de “problemas de salud” en la población de Fiorito, entre los que incluyeron casos de cáncer, afecciones respiratorias y enfermedades dermatológicas.
“En uno de los informes que posee la Corte Suprema hay un relevamiento realizado a 1100 chicos menores de edad, de los cuales 1038 contenían plomo en sangre. A la contaminación se le suma la pobreza de los habitantes y la atención sanitaria deficiente”, explicó Val.
Según Val, “falta de cloacas y agua corriente, asentamientos precarios donde viven cientos de miles, afluentes químicos arrojados por industrias, subejecución” de las obras estipuladas por el fallo del máximo tribunal en 2008, y denuncias de “coimas a funcionarios encargados de controlar la seguridad ambiental de la zona”.
Por esta situación, los vecinos se congregaron frente a los Tribunales de Talcahuano, en Capital Federal, el día de la última audiencia pública que mantuvo la Corte Suprema con Acumar para que ésta rinda cuentas sobre el cumplimiento del saneamiento.
Los manifestantes denunciaron que en esas obras “se están robando más de 7 mil millones de pesos”, según precisó un comunicado del MTE, que reúne a unas dos mil familias de recicladores agrupados en cooperativas.
Asimismo, el titular de la Fundación Che Pibe manifestó que las obras realizadas hasta el momento “son ilógicas, ya que no comenzaron por la desembocadura del curso de agua, por lo que ahora las inundaciones en los barrios se dan con mucha más rapidez de lo que era habitualmente”.
Grabois aseveró que las tres empresas denunciadas “amenazan a los vecinos, ya que el fallo de la Justicia establece que si hay un predio contaminado no puede haber gente viviendo, por lo que tienen el temor de ser desalojados”, e ironizó: “En ese aspecto (las firmas) sí se agarran de la ley”.
PT-AFD
AUNO-08-06-11
