Un proyecto contra el trabajo en negro

(AUNO-TERCER SECTOR*) Según cifras oficiales, sólo uno de cada diez puestos de trabajo creados en 2003 fue en blanco, es decir que ante el drama de la desocupación, el 90 por ciento de las personas que obtuvieron empleo lo hicieron renunciando a derechos elementales como el cumplimiento de un horario y el control salarial, sin ninguna protección contra el despido arbitrario, sin vacaciones, aguinaldo y sin seguridad social. Ante este cuadro de situación, en la Cámara de Diputados de la Nación se presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo alentar a través de los mecanismos legales adecuados, condiciones de empleo digno a través de la creación de una “#732;Etiqueta Social”#8482;.
La iniciativa propone la creación de una etiqueta, que colocada sobre un producto o servicio identifica y acredita que los mismos fueron realizados cumpliendo las normas laborales vigentes: trabajadores registrados, aportes a seguridad social, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene del trabajo y calidad ambiental.
“Esta etiqueta social es una herramienta para fortalecer y alentar el trabajo registrado, porque el trabajo en negro significa condiciones laborales precarias, inseguras, con menor salario y donde nunca se va a acceder a una jubilación”, argumenta María Elena Barbagelata, autora del proyecto.
Además, la ley propone estimular a los consumidores para que adquieran productos cuyas condiciones de producción garanticen el cumplimiento de las normas mínimas sobre derechos de los trabajadores y protección del medio ambiente.
La Subsecretaría de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor será la autoridad de control y sanción sobre el uso de la etiqueta social, “no sólo para otorgar la identificación “#8220;explica Barbagelata- sino en los controles durante los 2 años que dura la licencia”.
El proyecto prevé asimismo la creación de un Registro de Organizaciones No Gubernamentales en el que “podrán inscribirse las entidades sin fines de lucro que promuevan el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente del trabajo”
Las organizaciones inscriptas “#8220;junto a los sindicatos vinculados a las empresas- tendrán participación en el proceso de adjudicación, de forma que pueden impugnar una adjudicación en caso que consideren que la empresa no reúne los requisitos exigidos para hacerse acreedora de la Etiqueta Social.
En otro de sus artículos, la iniciativa propone que en las licitaciones del Estado se prefiera la compra de los productos que tengan esta distinción “en caso de igualdad de precios o hasta un 5% de diferencia”. “Es aquí donde el Estado cumple un papel importante como agente ejemplificador de estas conductas “#8220;expresó la diputada-, como incentivo para mejorar las repercusiones medioambientales y sociales del comercio y la producción”.
Para Barbagelata, “la Etiqueta Social constituye un mecanismo de control social de la producción. Se deja de lado la autorregulación empresarial que sólo favorece a las grandes corporaciones multinacionales”, concluyó.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Diputados, sin tener aún fecha para ser tratado. Igualmente la diputada se muestra optimista y dijo que “la recepción de la propuesta fue positiva y tiene el apoyo de diferentes sectores” aunque reconoció que su sanción “es un proceso largo y hay que tener paciencia”.
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Diputada María Elena Barbagelata
Teléfono: 6310-7446
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector