(AUNO-TERCER SECTOR*) Cuando el menemismo aumentó el número de magistrados de la Corte Suprema de 5 a 9 miembros, aquello se convirtió en “un almacén de ramos generales”, según juzgó el supremo Carlos Fayt con conocimiento de causa y perdón de los almacenes de ramos generales. Ahora, el asiento que dejó vacío Adolfo Vásquez se llena de miradas y propuestas sobre su sucesor, a lo que se suma el posible juicio político que caería sobre Antonio Boggiano. Alertadas sobre el riesgo de que el Poder Ejecutivo caiga en la tentación de designar un nuevo integrante, un grupo de organizaciones no gubernamentales solicita que el Máximo Tribunal se componga de siete miembros y se respete el principio de no intromisión de un poder sobre el otro.
En el documento “La reducción de los miembros de la Corte Suprema: una nueva autolimitación necesaria”, elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores se advierte sobre el peligro de interferencia del poder Ejecutivo sobre el Judicial.
El texto presentado ante el Ministerio de Justicia, pretende “evitar que un solo presidente nombre a la mayoría de sus miembros y con ello se afecte la independencia del Poder Judicial”, como sucedió cuando el ex presidente Carlos Menem creó un órgano a su imagen y semejanza. Con esta experiencia, consideran que “un adecuado funcionamiento de las instituciones requiere que ningún poder tenga la posibilidad de manejar cualquiera de los otros dos poderes”, y evitar que así se conformen “nuevas mayorías”.
Su posición tiene un cometido más: disminuir la competencia de la Corte. Un argumento esgrimido por el Ejecutivo en 1990 para solventar su fecundidad jurídica fue el de “dotar de mayor eficacia el funcionamiento del tribunal”. Pero las ong”#8482;s afirman en su documento que “la frialdad de las cifras publicadas por la propia Corte muestran que su trabajo resultó más ineficaz a partir del aumento de número de jueces” , y agrega que “esta ampliación nunca pudo ser justificada en las razones que en apariencia la motivaron”.
Con la reducción de la competencia de la Corte, las ong”#8482;s rescatan que “no sólo se pretende limitar la jurisdicción del máximo tribunal a los casos de mayor trascendencia para el sistema jurídico, sino que también conlleva una necesaria reorganización interna que generaría una desburocratización en el Tribunal”.
Hasta ahora, el decreto 222/03 se aplicó para la designación de Eugenio Zaffaroni, Elena Highton y Carmen Argibay. “Así, en menos de un año, el actual Presidente de la Nación ya nombró a un tercio del tribunal”, y las ong”#8482;s advierten que “esta sucesión de designaciones puede continuar si no se limita el número de jueces y el Presidente inicia el proceso para cubrir la nueva vacante recientemente creada a raíz de la renuncia de Adolfo Vázquez”.
De la misma manera, “si se concretara el anunciado juicio político contra otro juez del máximo tribunal “#8220;Antonio Boggiano-, el presidente Kirchner, al igual que su antecesor Carlos Menem, tendrá la oportunidad de nombrar a una mayoría de sus miembros, lo que podría atentar nuevamente contra la confianza en la independencia de la Corte respecto del Poder Ejecutivo”, remarcan.
Para las organizaciones lo más saludable sería que se reduzca el número de miembros a través de una ley propiciada desde el Ejecutivo y sancionada por el Congreso Nacional así el presidente confirma su compromiso de “#732;autolimitación”#8482; manifestado en la sanción del decreto 222/03.
Con este criterio, el documento señala que así “no se correría el riesgo de que la destitución de alguno de los miembros actuales sea vista como una persecución con el solo propósito de generar nuevas vacantes en la Corte Suprema”, como sucedió con la confusa balacera que Vásquez denunció recibir en su vehículo, para luego pedir un frustrado asilo político en Uruguay.
Además, las entidades consideran que no se corre el riesgo de que una corte integrada provisionalmente con ocho jueces, hasta llegar al número definitivo de siete, no pueda operar en forma correcta. “Una clara muestra de ello es que a partir de la renuncia de Gustavo Bossert, a fines del año 2002, la Corte ha trabajado gran parte del tiempo sin contar con todos sus miembros y ésto no ha alterado sustancialmente su funcionamiento”.
En otro de sus párrafos, el documento sentencia: “Los sistemas judiciales no sólo deben ser independientes, sino parecerlo”, y agregan que “un tribunal superior que no exhibe rasgos claros de independencia e imparcialidad resiente la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones republicanas y los principios que sostienen el Estado de Derecho”.
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Cómo comunicarse:
Asociación por los Derechos Civiles. Teléfono: 5236-0555.
Centro de Estudios Legales y Sociales. Teléfono: 4334 4200.
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Teléfono: 4372-0570.
Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Teléfono: 4788-4266.
Poder Ciudadano. Teléfono: 4331 4925.
Unión de Usuarios y Consumidores. Teléfono:4371-8050.
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
