Las comisarías de la provincia de Buenos Aires tienen una superpoblación de casi el 200 por ciento; hay 109 que están inhabilitadas por no cumplir con estándares mínimos pero que igual alojan a 1.200 presos, y las cifras de muertes dudosas en los calabozos crecen desde 2012. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) resumen así el estado de estas dependencias policiales: “Atraviesan una situación de crisis extrema”.
Según el informe anual de la CPM, a diciembre de 2017, en las comisarías había 3.097 personas y tan sólo 1.040 camastros disponibles. Es decir, que 2 de cada 3 detenidos debieron dormir en el piso.
Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicias y Seguridad Democrática de la Comisión, subrayó que existe una “situación de crisis extrema” porque “hay aproximadamente 200 calabozos clausurados por resoluciones judiciales o administrativas del mismo Ministerio de Seguridad” que “continúan alojando personas, con lo cual da cuenta del incumplimiento de las propias directivas”.
Aunque las deficiencias de las comisarías de las provincias son históricas, Pomares destacó que la actual gestión duplicó la cantidad de detenidos y empeoró la situación. “Dictar la emergencia en seguridad profundizó la lógica de saturación territorial, que consiste en detener cada vez más”.
“Con el dictado de la emergencia, en 2014, se empezó nuevamente a incrementar la cantidad de detenidos. Esto empeoró la crisis del sistema penitenciario provincial, porque las cárceles también están colapsadas”, destacó.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado provincial, a través de una medida cautelar, a desalojar las dependencias policiales de personas y que no las detenga por tiempos prolongados. No sólo no se cumple, sino que la situación empeoró y la CPM llevó el planteo judicial ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Pomares también criticó la falta de coordinación entre las carteras de Justica y Seguridad: “Por ejemplo, cuando se pide cupo al servicio penitenciario, dicen que no tienen lugar; entonces se dificulta el egreso de personas que tendrían que pasar a unidades carcelarias cuando quedan a disposición en el marco de una causa penal con prisión preventiva. Esto agrava más aún la situación”.
En junio de 2010, la CIDH se había pronunciado respecto a la situación de las comisarías provinciales. El ex relator especial para Personas Privadas de la Libertad, Rodrigo Escobar Gil, había destacado durante una visita al país que “las comisarías de policía son centros concebidos para detenciones transitorias que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención” y exhortó al Estado a “adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas”.
Durante las inspecciones realizadas 2014 y 2015 se detectaron: hacinamiento, deficientes condiciones de detención, falta de asistencia médica y alimentación adecuada, personas con graves enfermedades, registros de detención y permanencia de niños. A esto se sumó la falta de elementos para combatir incendios, la ausencia de protocolos de intervención y capacitación para el personal y la presencia de factores de riesgo como colchones altamente combustibles y tóxicos, instalaciones eléctricas precarias, falta de ventilación y sistema de cierre de celdas que dificultan la evacuación. Del informe se desprendió, además, que el 80 por ciento de las comisarías no reúne las condiciones para responder ante un incendio.
Durante su visita, en abril de este año, Nils Melzer, relator del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, mostró su preocupación y sostuvo que “las condiciones de detención son totalmente incompatibles con la dignidad humana” que “podrían constituir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. El año próximo presentará el informe final ante el Consejo de Derechos Humanos con sus observaciones y recomendaciones para la Argentina.
En las observaciones preliminares, el Comité señaló que la alimentación de los reclusos es escasa y de mala calidad, especialmente en las comisarías, por lo cual sus familiares se ven obligados a llevarles comida adicional en las horas de visita.
Además, el 60 por ciento de la población privada de su libertad en complejos carcelarios y comisarías se encuentra detenida preventivamente y según su opinión, algunos casos “pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante, lo que resultaría violatorio del derecho internacional”.
Otro dato relevante es el aumento de las muertes en comisarías, que crece desde 2008. Según un relevamiento de la CPM, entre 2012 y 2017 murieron al menos 100 personas que estaban detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, de las cuales sólo 54 fueron informadas por el Ministerio de Seguridad provincial.
A eso se le debe sumar que, según esa misma cartera, el 70 por ciento de las ocurridas entre 2012 y 2016 habrían sido suicidios. Para Pomares está bien “poner en tela de juicio un suicidio” y exigió que sean consolidados con investigaciones penales que logren determinar el motivo de la muerte. “Un suicidio en una dependencia judicial es un hecho grave y da cuenta de la falta de custodia”, agregó.
Según un relevamiento de la Correpi, la mayoría de las muertes en comisarías corresponden a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.
Hasta el momento el Gobierno no dio señales para revertir la situación, más bien reafirmó sus políticas: el ministro de Seguridad de la provincia Buenos Aires, Cristian Ritondo, dijo esta semana en una rueda de prensa que prefiere “a los delincuentes amontonados y no liberados”.
AUNO 12-09-2018
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