(AUNO-TERCER SECTOR*) Se estima que son más de 3 millones de personas. Casi el 10% de la población del país. Pero pocas veces son tema de debate en campañas o actos políticos. Son discapacitados visuales, auditivos o motrices y muchas veces se sienten invisibles, sobre todo cuando son pobres. Un informe sobre la situación de las personas con capacidades especiales denuncia el incumplimiento de la legislación vigente tanto en materia laboral, en el ámbito de la salud y en lo relativo a su insersión social.
El informe elaborado por el Comité de Evaluación del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Discriminación a las Personas con Discapacidad pone el acento en las dificultades que deben enfrentar, en especial aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza y destaca también las deficiencias del sistema educativo para contener a las personas con discapacidad.
Los autores del documento el Foro Pro, una entidad que nuclea a un conjunto de organizaciones de discapacitados, y los Departamentos de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación Mutial Israelita Argentina (AMIA) resalta las violaciones a la ley 24.308 sobre la obligación que tienen los comercios de incorporar un porcentaje de personas con alguna dificultad, los inconvenientes para acceder a los medicamentos cuando las obras sociales no cumplen con su obligación y los remedios no están contemplados en el Plan Remediar.
También ponen el foco en todas aquellas trabas de la vida cotidiana a la que se encuentran expuestos las personas con discapacidad, por ejemplo la falta de baños adaptados, la ausencia de rampas, y el no cumplimiento de la ley que hoy en día exige que los transportes de colectivos dispongan de todas las unidades aptas para el transporte de personas con dificultades motrices.
El Comité de Evaluación exige el cumplimiento de la normativa vigente e impulsa dar a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad rango constitucional. Según el Padre Pablo Molero, representante del Foro Pro en el Comité, que la Convención alcanzara rango constitucional implicaría reglamentarla y asegura que, así “se podría prevenir hechos discriminatorios, incluso antes de que surjan los reclamos”.
El pedido de mayor presupuesto también aparece en el informe, aunque Molero destaca que con al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se destinarán “muchos recursos”, que esperan puedan ser orientados a los discapacitados. La cuestión de la alimentación resulta fundamental para el Foro Pro, ya que sirve para prevenir las discapacidades originadas por la mala alimentación en la infancia.
“No nos queremos quedar sólo en el reclamo o la crítica, también queremos proponer”, explica Molero. Por ello, impulsan la puesta en marcha de un Plan Nacional de Accesibilidad Física y Comunicacional y la implementación de penalidades para aquellos funcionarios que no cumplan con la ley.
El informe presentado en setiembre al Gobierno nacional, fue acompañado por otras organizaciones como el INADI, la CONADIS, la Secretaría de Derechos Humanos, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y las comisiones específicas del Congreso de la Nación, además de los Consejos de Niñez Adolescencia y Familia de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.
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* Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
