El voto de Argentina puede ser decisivo pues en la CBI existe una relación de paridad entre los países que promueven levantar la veda a la caza de ballenas y los que proponen mantenerla. Tradicionalmente, la Argentina integra el grupo de los países conservacionistas. De allí la importancia de que participe con su voto en la próxima reunión de la CBI, que se realizará en junio en Berlín, Alemania.
Creada en 1946, la CBI regula la caza de ballenas cuidando los stocks poblacionales de estos mamíferos. Con este fin, desde 1986 rige a nivel mundial una moratoria a la caza comercial que cada año se renueva con la mayoría de los votos de los 48 países miembros, que no son todos proteccionistas. Según aclaró Roxana Steimberg, coordinadora general del Instituto de Conservación de Ballenas, “hay un equilibrio en la Comisión entre los países que siguen políticas conservacionistas y los que no”.
La cuota anual debe pagarse en febrero y es destinada por la CBI a la organización de las reuniones. Si no es pagada, existe un periodo de tres meses en el que el país conserva derecho a votar. Mientras haya mora también surge el pago de intereses, que son del diez por ciento.
“El año pasado, Argentina se atrasó en el pago, pero como la reunión se realizó en mayo, se pudo votar, porque el periodo terminaba en junio. Finalmente la cuota correspondiente a 2002 se pagó en noviembre”, recordó Steimberg.
En la CBI, cada país es representado por una delegación de su respectiva chancillería, que si bien está formada por miembros de los gobiernos, está abierta a información brindada por especialistas de ONGs.
Según la coordinadora del ICB, “el organismo que debe encargarse de conseguir el dinero para el pago de la cuota es la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, que argumenta que no hay fondos”. A este organismo llegó una carta firmada por once entidades vinculadas a la defensa del medio ambiente exhortando al Gobierno para que efectúe el pago.
En el escrito se destacó que “la protección que la CBI brindó a las ballenas en todo el mundo es una de las razones por las cuales nuestro país se beneficia hoy con el turismo de observación”, como el que se realiza en Península Valdés, en Chubut.
También se destaca la importancia del voto, que Argentina no pudo ejercer en una reunión de la CBI realizada en noviembre de 2002. En ese momento Islandia, un país que quiere reanudar la caza comercial, pudo reingresar al organismo porque hubo empate en la votación de los países miembros.
Para las entidades que defienden a las ballenas, es amenazante el avance de países como Japón, que en la reunión del año pasado pidió ante la CBI que la veda a la caza comercial se levante, petición que fue rechazada.
“Si Argentina no vota, países no conservacionistas como Japón e Islandia pueden meter más presión”, aseguró la presidenta de Ánima, Ana María Aboglio, y opinó que Japón” transgrede y burla la veda, ya que continúa las capturas bajo el nombre de caza científica”.
Para Steimberg, esto es un “artilugio legal, ya que en la Convención Internacional para la Reglamentación de la caza ballenera que rige a la CBI hay un artículo que permite la captura científica, por lo que no se la puede prohibir. Se entregan cupos de caza que le permiten a un país cazar 400 ballenas minke, pero la carne termina en el mercado y Japón dice que la vende para financiar la investigación”.
“Trabajamos para que la cuota se pague y no bajamos los brazos, pero en medio de las elecciones, entre los que se van y los que llegan, no sabemos si nos van a prestar atención”, admitió Steimberg.
AUNO
