Que el gobierno de Alberto Groppi “se durmió”, que “hubo inacción” y que existen “deficiencias inexplicables” en la inscripción a los planes de vivienda nacionales fueron algunos de los comentarios que sonaron en el arco opositor al Ejecutivo de Esteban Echeverría tras el desalojo de 500 familias que tomaron tierras en un predio de ese partido bonaerense.
“La desidia con la que se manejó y se maneja el Municipio fue lo que permitió que la situación llegara hasta ese punto (el del desalojo). Una vez más quedó demostrado el desgobierno” en la comuna, aseveró el concejal del PJ Luis Obarrio.
El conflicto del miércoles pasado, cuando unos 800 policías desalojaron a 2500 personas que ocupaban un predio en Constanzó y Tierra del Fuego, no fue el primero que hubo en terrenos fiscales: semanas atrás ocurrieron tomas en la zona de El Zaizar y el barrio El Gaucho, cerca del límite con La Matanza.
Respecto de situaciones como esas, el jefe de la bancada ARI-Unidad Comunal, Jorge Bosque, opinó que “el problema pasa por la inexplicable demora en la apertura de la inscripción para los planes habitacionales”.
Según Bosque, “la Municipalidad no está anotando personas en los planes (de viviendas), pese a que las pautas para la inscripción fueron fijadas hace ya tres meses”. El concejal no descartó que detrás de esas decisiones “se intente atrasar esas medidas para luego utilizarla como herramienta de clientelismo político, de cara a un año electoral como el próximo”.
Por su parte, Julio Rodríguez, representante de la bancada Hacer por Buenos Aires, aliada en el recinto del Frente para la Victoria, señaló que “lo primero que tiene que hacer la Municipalidad es realizar un relevamiento de las familias que habían ocupado (las tierras) para saber su procedencia, y de esa forma identificar cuáles son del distrito y cuales no”.
“Por lo menos quedó en evidencia que la gente puede obtener logros si se mueve. Los vecinos autoconvocados protestaron y lograron que se respeten las normas de propiedad privada”, agregó Rodríguez hallándole un particular costado positivo al desalojo de 2500 personas exigido por habitantes de un barrio de clase media y un country vecinos al terreno tomado.
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