Miembros del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Esteban Echeverría organizaron en la Plaza Mitre de Monte Grande una jornada cultural para pedir “justicia” por el asesinato de Javier Barrionuevo, quien el 2 de febrero de 2002 se había adherido espontáneamente a un corte organizado por la agrupación en la Ruta 205 a la altura de la localidad de El Jagüel y, según la causa, recibió un disparo hecho por un “puntero” peronista de Ezeiza, que reconoció su responsabilidad pero está libre.
La convocatoria hecha el día en que se cumplieron seis años de la muerte se inició a las 16 y culminó luego de las 21; contó con la presentación de conjuntos musicales cuyas letras tienen un claro contenido social, exposición de artesanías y productos de los talleres del propio MTD, y un mural en recordación de la muerte de Barrionuevo frente a la estación de trenes de Monte Grande, en el tanque que identifica el centro de esa ciudad.
Camilo Moreyra, responsable de prensa del MTD echeverriano que tomó desde el 2002 el nombre del joven asesinado, contó a AUNO que cuando habían pasado pocos meses de la muerte se reunieron con el entonces intendente de Esteban Echeverría, Alberto Groppi, para pedir el esclarecimiento del caso y la prisión de Jorge “Batata” Bogado, quien “mató de un disparo a Barrionuevo cuando logró acercarse a los manifestantes desde su auto”.
Según palabras del militante, le informaron al jefe comunal que su distrito cargaba en sus espaldas “el triste privilegio de tener al primer piquetero muerto en las rutas, a lo que Groppi respondió ‘no sé si es tan triste’”.
Barrionuevo no militaba para el MTD, pero ese día, luego de enterarse de los motivos de la manifestación en la Ruta 205, decidió sumarse a esta medida de lucha que se repetía a nivel nacional a meses de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que causaron más de treinta muertos por la represión policial y el fin del gobierno de Fernando De la Rúa.
La Policía Bonaerense custodiaba de cerca la manifestación en esa ruta que no impedía por completo el paso de los automóviles, pero Bogado pudo llegar lo suficientemente cerca de los manifestantes para disparar dos veces con un arma que llevaba consigo, uno de los cuales dio en la garganta de Javier Barrionuevo.
Luego del episodio, según lo describió Moreyra, el joven fue llevado al policlínico Sofía T. de Santamarina, donde finalmente falleció, y a partir de su muerte comenzaron a sucederse episodios que la Justicia no resolvió hasta el momento.
La familia de Barrionuevo, que inicialmente “no comprendía que su hijo haya estado en un corte de ruta porque decía que no era piquetero, desapareció sin dejar rastros ni manera de contactarla”, según informó el dirigente a esta agencia.
Groppi emitió un comunicado que se difundió en medios nacionales en el que denunciaba que los familiares se habían mudado del distrito luego de “recibir amenazas de los militantes del MTD”, lo cual fue desmentido por la agrupación.
Moreyra denunció que Bogado, un dirigente del Partido Justicialista (PJ) de Ezeiza, el mismo día del asesinato “le dio el arma a un grupo de policías de manera que se reconoció culpable, pero meses más tarde el fiscal de apellido La Torre le dictó prisión domiciliaria, aunque su edad no superaba por mucho los cincuenta años, y un permiso para trabajar; Bogado salía de su casa libremente y no había control en las visitas”.
En mayo de 2003 se realizó el juicio por la muerte de Barrionuevo en el que Bogado nuevamente se declaró culpable, pero ante la ausencia de un particular damnificado que funcionara como querellante —porque la familia del joven asesinado jamás apareció—, el fiscal Pablo Pando resolvió que “no había pruebas suficientes para condenar” al acusado.
El MTD declaró que esta “falta de justicia” se debió a sus contactos políticos de Bogado, porque es “allegado a (el intendente de Ezeiza Alberto) Granados y tiene cercanía a la Policía”.
El próximo miércoles 5 de febrero, la agrupación social nuevamente se reunirá a las 10 en la estación de Monte Grande para marchar hacia el Palacio Municipal y pedir al intendente Fernando Gray que “como miembro del ‘Gobierno de los derechos humanos’” intervenga en la causa para lograr el juicio político a Pando, el encarcelamiento de Bogado y justicia para Javier Barrionuevo.
MNL-AFD
AUNO-04-02-08
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