(AUNO-Tercer Sector*) La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se presentó ante la Justicia para pedir la declaración de inconstitucional de la controvertida ley de superpoderes, que cede facultades legislativas al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para reasignar partidas presupuestarias. En la presentación del recurso de amparo, también solicitó que se declare “inváida” la reasignación de 750 millones de pesos hacia la cartera de Planificación.
La presentación tuvo lugar ante el tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2. “El mecanismo de reasignación de partidas presupuestarias es contrario al principio de legalidad, que prohíbe al Poder Legislativo transferir a otro poder del Estado las facultades que le ha conferido la Constitución, en tanto otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para modificar las partidas presupuestarias fijadas por el Congreso en la ley de presupuesto anual”, argumenta ADC.
Según el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional, el Congreso debe determinar por ley el presupuesto. “La ley 26.124 estableció un sistema que le permite al Jefe de Gabinete disponer del presupuesto sin control del Congreso. También desvirtuó el principio de división de poderes y de control de los órganos de gobierno al delegar en el Poder Ejecutivo el manejo de partidas presupuestarias que deben ser asignadas por el Poder Legislativo, que es, en definitiva, el representante último de las mayorías y minorías”, denuncia ADC.
Mientras tanto, los superpoderes, sancionados hace poco menos de dos meses, podrán ser renovados si prospera el proyecto de ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2007.
Por otra parte, la entidad presentó hace poco de dos semanas otra acción de amparo, pero para pedir la declaración de inconstitucionalidad la norma que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En la a presentación, que realizó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7, se sostiene que dicha ley “viola el principio de legalidad, la división de poderes y establece un sistema de sanción tácita de leyes”.
“El mecanismo de aprobación de los decretos es contrario al principio de legalidad, en tanto no establece el plazo dentro del cual el Congreso de la Nación debe rechazar o aprobar los Decretos de Necesidad y Urgencia”, cuestiona ADC.
La crítica central se refiere a la falta de plazo para que los legisladores se pronuncien sobre la validez o invalidez de los DNU. “La omisión del Congreso de pronunciarse acerca de su rechazo o aprobación, tiene como consecuencia la aprobación ficta (de hecho) de los citados decretos. Este procedimiento, según el cual la voluntad de cada Cámara del Congreso no se manifiesta en forma expresa, está claramente prohibido por el artículo 82 de la Constitución Nacional”, señala el documento.
De esta manera para la OSC la norma “autorizaría a dicho órgano a emitir disposiciones legislativas hasta tanto el Congreso decida (en un plazo completamente indeterminado) ratificar o no tal disposición”.
La polémica ley establece que los DNU deben ser revisados por una comisión mixta antes de ser tratados en ambas cámaras, que no tienen plazo para pronunciarse sobre ellos. Mientras eso no suceda, los decretos mantienen su validez.
Según datos oficiales, el presidente Néstor Kirchner firmó durante sus tres años de administración 131 DNU, mientras que el ex presidente Eduardo Duhalde firmó 158. En tanto, en los noventa la administración menemista firmó 545.
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