(AUNO-TERCER SECTOR) Un grupo de organizaciones no gubernamentales espera una respuesta positiva al pedido que elevaron al presidente Néstor Kirchner para que se cumpla la ley que obliga a los jueces nacionales a pagar el impuesto a las ganancias, sin necesidad de sancionar otra norma.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias e Investigaciones Penales (INECIP), Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores solicitaron al Presidente de la Nación que “ponga en marcha los medios legales necesarios para asegurar la plena efectividad de la ley de impuesto a las ganancias” al tiempo que manifestaron al Senado que no es necesario un debate legislativo para dar cumplimiento al pago del impuesto.
Estas organizaciones fundamentan su reclamo porque en 1996 se sancionó la ley 24.631 que derogaba la anterior legislación que permitía a los funcionarios la exención del pago de este tributo. Frente a esta situación, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmaron una acordada que resolvió que esta nueva ley era inaplicable a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
En relación a este tema el director de Asuntos Jurídicos de la Asociación por los Derechos Civiles, Hernán Gullco, explicó a Auno-Tercer Sector que “los miembros de la Corte se basaron para sancionar la acordada en la intagibilidad de los sueldos expresada en el artículo 110 de la Constitución nacional”.
Para las entidades, dicho dictamen “no es un obstáculo para el cobro de este impuesto ya que la interpretación que hizo la Corte Suprema de la ley 24.631 fue realizada fuera de un caso judicial concreto y atribuyéndole efectos generales”, afirman en su documento.
Mientras tanto, en la Comisión de Presupuesto del Senado se encuentra un proyecto de ley que impone el pago del impuesto a los ganancias a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y que ya tiene media sanción de diputados. Sin embargo, según las asociaciones “para que los magistrados nacionales cumplan con el pago de ese impuesto sólo se debe hacer cumplir la ley que ya existe. Por lo tanto señala el documento un debate legislativo que no modifique sustancialmente esta norma sólo tendría como consecuencia devaluar la vigencia de la ley 24.631 por la que los jueces se encuentran a la fecha obligados a pagar este impuesto”.
El pedido realizado al gobierno se sustenta en los artículos 113 y 116 de la Constitución Nacional que revelan “que el Máximo Tribunal posee facultades reglamentarias para resolver cuestiones internas de su funcionamiento pero, en forma alguna, le reconoce la potestad de declarar mediante acordadas la inconstitucionalidad de normas generales emanadas de los poderes políticos del Estado, puesto que esta atribución sólo puede ser ejercida a pedido de parte y en casos concretos”, determinan.
Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ya hizo pública su opisición a la medida porque, según su criterio, afectaría la intangibilidad de los sueldos. A su vez, la Asociación de Magistrados y del Consejo de la Magistratura propone una modificación a esta ley en relación a la base imponible sobre la cual se calculará el pago del tributo, ya que ésta deberá ser lo suficientemente equilibrado para no violar la intangibilidad de los salarios judiciales.
Las organizaciones firmantes vienen trabajando desde inicios de 2002 en una serie de propuestas de fortalecimiento institucional de la Corte Suprema, las que fueron desarrolladas en los documentos “#732;Una Corte para la Democracia”#8482;. En este marco, en 2003 hicieron llegar su contenido al Máximo Tribunal y se entrevistaron con el actual presidente Enrique Petracchi, quien en su momento no convalidó la acordada, y se manifestó a favor de que la Corte derogue este beneficio.
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Revista Tercer Sector
