En los próximos días el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, suscribirán un acuerdo para la creación de una oficina de atención contra el hostigamiento psicológico y moral en el trabajo, que en poco tiempo comenzará a funcionar bajo la órbita de la cartera laboral. Esta nueva dependencia estará habilitada para asesorar y asistir a las víctimas de abusos en la esfera pública al tiempo que mediará en conflictos entre empleados y empleadores de empresas privadas.
En los últimos años, al compás de la precarización laboral se produjo un crecimiento en la cantidad de casos de lo que en el mundo se conoce con el nombre de “mobbing”, pero que fronteras adentro se traduce como “violencia laboral” y que entre los especialistas define a “toda aquella situación en la que personas, sean jerárquicos o no, ejerzan violencia psicológica, en forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otras personas en el lugar de trabajo, sea mediante comportamientos, palabras o actitudes, con el fin de degradar sus condiciones de trabajo, destruir sus redes de comunicación, perturbar el ejercicio de sus labores y/o conseguir su desmotivación laboral”.
Luego que el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, dejara asentado en un decreto la decisión del Estado argentino de erradicar el abuso en el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo avanza en la creación de esta oficina que de acuerdo a los fundamentos del convenio, al que tuvo acceso la agencia AUNO, “permitirá efectuar el control de la violencia laboral ejercida sobre agentes públicos dependientes del Poder Ejecutivo nacional y sus entes autárquicos y descentralizados a nivel nacional”.
En diálogo con AUNO, la presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral , Olga de Hammar, adelantó la firma de este convenio que permitirá aumentar las acciones contra el abuso laboral a través “de la atención a las victimas, la recepción de denuncias y la derivación a la Fiscalía de aquellas casos de trascendencia para que se investigue la irregularidad o el delito”. En esa línea, anticipó que se lanzará una convocatoria a representantes de sindicatos de trabajadores y organizaciones de defensa de los derechos humanos para que colaboren con la tarea.
La nueva dependencia funcionará en forma concertada con la Oficina de Atención a la Víctima de Violencia Laboral, creada hace 11 meses en el ámbito de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Desde su apertura ha recibido 170 consultas de las cuales se determinó que en 98 casos había motivos suficientes para dar curso a las denuncias.
También se hicieron derivaciones para la asistencia psicológica rápida de los damnificados.
La Comisión, dependiente de la cartera laboral, tendrá a su cargo la tarea de coordinar el grupo de trabajo mixto que se dedicará, según señala el convenio, “a desarrollar un programa de pautas y criterios a seguir en cada una de las consultas y la designación de un área de derivación y contención de agentes víctimas de violencia laboral”.
La definición del concepto de violencia laboral en el campo teórico carece de correlato en la esfera legislativa. “En este momento, no tenemos marco legal que cubra al sector privado y por eso es fundamental sancionar una ley “, aseguró de Hammar al reconocer que existe un vacío legal en la materia y que por lo tanto no se castiga a los responsables ni tampoco funcionan sistemas de protección a los testigos de la violencia en el trabajo en la esfera tanto pública como privada.
En el Congreso nacional esperan para su tratamiento al menos siete proyectos de ley de distintos partidos políticos que proponen la incorporación de una nueva figura jurídica que cuide a los trabajadores del hostigamiento de sus jefes, entre las cuales se distingue aquellas iniciativas que expresan la necesidad de sancionar una ley sobre el mobbing, y las otras, que se inclinan por incorporar un artículo a la ley de contrato de trabajo, como es el caso de la iniciativa presentada por el diputado kirchnerista Osvaldo Nemirovsci.
Por su parte, el senador oficialista Miguel Pichetto propone la imposición de multas que van de mil a tres mil pesos contra los agresores y en casos graves solicita la pena de prisión. Además propone la creación del Observatorio contra la Violencia Laboral que cumpliría la tarea de asistir a las víctimas y testigos de estos abusos. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Comisión Tripartita.
En la misma línea de trabajo se encolumnan los proyectos de la diputada arista Marcela Rodríguez, por su par del Frente para la Victoria, Juliana Marino, y por la senadora riojana Ada Masa.
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Cómo comunicarse :
Comisión Tripartita del Ministerio de Trabajo
( 011) 4310-5678/5525/5894
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