Lomas de Zamora, junio 28 (AUNO) – Se detiene el tren en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Esta vez, miles de personas bajan para participar de la recordación y repudio a la represión.
Pasaron 14 años de los asesinatos en las puertas de esa estación, que antes era Avellaneda, y que dejó decenas de manifestantes heridos y dos muertos por la policía. En la Casa Rosada, en 2002, estaba a cargo de la presidencia el senador nacional bonaerense del PJ Eduardo Duhalde.
Este domingo 26 de junio se conmemoraron 14 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Hasta allí fueron agrupaciones de izquierda y organismos defensores de los derechos humanos que se movilizaron para acompañar a familiares y amigos de las víctimas de aquella represión.
Caminar hacia la puerta de la estación era difícil, porque dejar de leer las frases que reivindican la lucha piquetera en las paredes del lugar era inevitable. Al bajar las escaleras, se dificultaba el paso entre manos de jóvenes artistas y la pintura que corría el riesgo de volcarse para dejar un camino de colores. Pero por más torpeza de cada paso, la intención era detenerse un poco y pensar en lo que allí pasó.
A la salida del túnel, se podía optar por dos caminos: ir hacia la Avenida Hipólito Yrigoyen, que une la Capital Federal con los municipios de conurbano Sur, o dirigirse hacia la izquierda sin salir del hall, dónde está el anfiteatro, un año más, colmado de niñas y niños en plena murga, olorcito a tortilla y muchas banderas que aseguraban espíritu de lucha popular.
Así se encontró la estación en su totalidad en este junio, colmada de militantes y vecinos de distintos lugares, que fueron para recordar a quienes se habían movilizado esa vez por reivindicaciones sociales, al grito de “¡Piqueteros carajo!”.
En Hipólito Yrigoyen, esquina Obreros de La Negra, las personas se concentraron a la espera del inicio de una nueva marcha reivindicativa, buscando enfrentar el tiempo gris y frío que tenía intenciones de lluvia, con mate, puchos y algo para comer.
Los niños que estaban esperando marchar, fueron bastante ingeniosos y procuraron correr un poco, en una ida y vuelta del juego, con una sonrisa en el rostro.
Ahora ya no importa demasiado eso. Todos están tranquilos y saben que hay que subir al puente para gritar a los cuatro vientos que “todavía no hay justicia para los barrios pobres”, como se escuchaba decir a una señora entre tantas voces, redoblantes y bombos.
También contra otras injusticias
A las 12:30 se inició la marcha encabezada por el padre de Darío Santillán, Alberto, la hermana de Maximiliano Kosteki, Vanina, y referentes de distintos organismos de derechos humanos.
Todas las personas estaban organizadas detrás de una inmensa bandera que decía “14 años de impunidad. Seguimos luchando por justicia”, y comenzaron a movilizarse al ritmo de las canciones de una lucha popular interminable. “Ya vas a ver, las balas de Avellaneda van a volver”, era una de las frases que se cantaban a coro, parafraseando el tema de ‘Dale alegría a mi corazón’ de Fito Páez.
Las banderas, las pancartas, las vestimentas, todas esas pequeñas cosas que en el montón dan cuenta de distintos reclamos de justicia, terminaron expresándose en una única marcha. “Libertad a Milagro Sala”, “A Luciano Arruga lo asesinó la policía, lo desapareció el Estado y lo encontramos luchando”, “¿Dónde está Julio López?”, “¡Basta de travesticidios!”, fueron algunas de las consignas anotadas en carteles de las organizaciones.
También era legible un pedido de justicia claro por los docentes asesinados en México, y el pedido paraguayo de “absolución a los campesinos y campesinas de Curuguaty”. Casos diferentes y de otros lugares de América Latina, pero todos señalaban a un enemigo común: los Estados.
Entre todas las personas que se encontraban marchando, llamó la atención la presencia de la agrupación Quebracho, que tenía a sus militantes casi uniformados: llevaban pañuelos árabes que tapaban su rostro, camisas de color azul como los obreros fabriles, y palos. Sobre ello nadie realizó comentarios. Sólo podía escucharse de lejos a Alberto, padre de Darío Santillán, expresar que “no es necesario cargar con esos palos en una marcha como esta”.
A pocos metros de la Avenida Mitre e Hipólito Yrigoyen, un patrullero que estaba estacionado con la trompa mirando hacia la movilización, arrancó el motor para generar algún tipo de revuelo, seguramente.
Algunos de los jóvenes que estaban marchando se detuvieron delante del patrullero a gritarle “yuta asesina”. Sin más, el patrullero buscó retroceder un poco, y lo único que ganó fue el reproche de una vendedora de tortillas que lo trató de “idiota” y gritó fuerte: “Casi me pisás al nene”. Todos continuaron el camino.
En diálogo con AUNO, anticipando la lectura del documento, Alberto aseguró que “se logró condenar al comisario Alfredo Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta por los asesinatos de Darío y Maxi. Pero la verdad es que los responsables políticos de aquel día siguen impunes”. Un reclamo que se hace desde que sólo se condenó al personal policial.
El reclamo de justicia
Arriba del puente, por donde había ingresado la Prefectura hacia Avellaneda el 26 de junio de 2002, estaba el escenario desde dónde se hizo la lectura del documento oficial que duró 20 minutos. También hablaron Vanina Kosteki y Alberto Santillán.
“Seguimos reclamando justicia, con las banderas de Darío y Maxi, contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores. Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo”. Con fuerza comenzó la lectura de los motivos de la movilización.
Continuó: “Catorce años de impunidad y encubrimiento. El Estado es responsable.
Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof, Luis Genoud, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez”. Todos ellos eran los principales funcionarios del gobierno de Duhalde.
La voz femenina que daba la lectura oficial, para muchos parecía un grito omnipresente. Entre tanta cantidad de personas y banderas a lo alto, no podía verse del todo lo que pasaba en el escenario. “Me voy a abrir la reposera para sentarme porque no veo nada”, decía una joven mientras tomaba un mate.
Pasados ya esos veinte minutos de documento oficial, tomó la posta en el micrófono Vanina Kosteki. Esta vez se la escuchó con una fortaleza descomunal a comparación de años anteriores, nunca trastabilló entre sus palabras. Con asumida seguridad señaló que “durante doce años el gobierno de los Kirchner se burló” y agregó: “Al gobierno de Macri no le vamos a permitir, de ninguna manera, que se burle y que sigamos teniendo más Maxis y más Daríos”.
El silencio generó expectativas y todos procuraron prestar atención a lo que decía. “No le vamos a permitir y no le vamos a ceder ni un milímetro de la calle porque es nuestra. Y porque nuestros compañeros caídos no merecen que ninguno de estos hijos de puta se queden con lo que nos pertenece a nosotros. Somos luchadores y los luchadores luchan en la calle, codo a codo, mano a mano y cada vez gritamos más fuerte, y decimos que queremos justicia”, afirmó Vanina.
“Queremos a Aníbal Fernández, a Duhalde, a Solá, a Atanasoff, Ruckauf, Matzkin, Álvarez, Soria (este está fallecido desde 2012) y todos los que siguen en la cadena de mando, todos presos”, denunció la hermana de Kosteki y todos asintieron con la cabeza, reafirmando ese reclamo.
Después habló el padre de Darío, Alberto, que inició su discurso: “Las palabras de Vanina marcan lo que hay que hacer”.
Con la voz quebrada de emoción, remarcó que “hay que recordar las cosas que se lograron hasta ahora”, refiriéndose a la condena de los asesinos materiales y al cambio de nombre de la estación de Avellaneda por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Recordó que “todo eso se consiguió en la calle, a través del escrache y de señalar a toda la manga de asesinos”, que mataron a su hijo y que aún están en deuda.
“Darío tenía razón”, aseguró, y recordó lo que su hijo le decía: “Acá no pasa porque cambien los gobernantes, acá los que tenemos que cambiar somos nosotros”.
Sobre la causa judicial, acusó al juez Ariel Lijo de haber encajonado el expediente sin nunca haberla leído. “Entre Lijo y el fiscal (Miguel) Osorio se hicieron bien los pelotudos para seguir amparando a estos políticos que hoy siguen estando”, denunció.
La causa
El jueves 23 de junio de este año la querella, que la encabeza Alberto Santillán junto con el Frente Popular Darío Santillán, en acompañamiento con los abogados que dispuso la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH-La Matanza) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentaron una nueva lista de testimoniales para que se avance con las indagatorias de los funcionarios políticos que estaban en la Rosada en junio de 2002.
En diálogo con AUNO, el referente de la APDH-La Matanza, Pablo Pimentel, precisó que, por el momento, “se guardará la identidad de los que serán llamados a indagatoria para que sea un efecto en el cual puedan ir todos a la misma vez, que no haya un cruce entre ellos y que la fiscal a cargo (Paloma Ochoa), junto a otros abogados, pueda preguntarle una cantidad de datos que tienen que dar, en los cuales –seguramente- van a estar los nombres de quienes, como autoridades políticas, dieron las órdenes para que se diera la represión”.
También remarcó que “lo que hay que decir es que todas las fuerzas que intervinieron son fuerzas federales, que reciben órdenes de las autoridades políticas nacionales, no de otros”, además de los efectivos de la Policía bonaerense.
Desde el desarchivo de la causa, el 22 de diciembre de 2014, ante la fiscal Ochoa dieron testimonio algunos funcionarios del municipio de Avellaneda, que explicaron lo que pasó mientras ellos cumplían con su cargo en 2002.
Entre quienes hablaron, figura el ex intendente Oscar Laborde. Por esta declaración, particularmente, Pimentel denunció que el funcionario “fue amenazado para que no declarase que se había pedido el vaciamiento del Hospital Fiorito en la noche anterior a la represión porque iban a necesitar muchas camillas”, con lo cual dio cuenta de que se trató de una represión planificada.
Hasta el momento, sólo fueron condenados entre el 2005 y el 2006 Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta a cadena perpetua por doble homicidio y siete tentativas.
El comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario De la Fuente fueron sentenciados a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado; y el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman fueron condenados a tres y dos años de cárcel.
El ex policía Celestino Robledo recibió una pena de diez meses por “usurpación de autoridad”, porque actuó en la represión siendo policía retirado. Además, se iniciaron causas a los funcionarios Carlos Soria, Jorge Vanossi y Oscar Rodríguez por falso testimonio. Soria murió de un balazo en el rostro siendo gobernador de Río Negro durante una discusión con su esposa Susana Freydoz, en la madrugada del 1 de enero de 2012, en la casa quinta familiar de las afueras de General Roca.
AUNO 28-06-16
FC HRC
