Por Martín Duré y Eduardo Mejías.
El gobierno oficializó esta mañana el aumento de un 13 por ciento para los beneficiarios de las pensiones y jubilaciones mínimas y en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
De este modo, los haberes de la base jubilatoria se ubicarán un 1,4 por ciento por encima del incremento de 11,56 que disponía la fórmula de movilidad derogada, mientras que para el resto de las escalas el porcentaje será inferior.
El decreto 163/2020 contempla una suba en las jubilaciones de un 2,3 por ciento más una suma fija de 1500 pesos aplicable al conjunto de las categorías, por lo que el ingreso mínimo pasará de 14.068 pesos a 15.892, cifra que supera lo que otorgaba la ley de movilidad del macrismo.
Como contrapartida, para los montos jubilatorios a partir de 16.200 pesos, el porcentaje de reajuste es inferior al 11,6 por ciento.
Casi la mitad de los beneficiarios (el 48,84 por ciento) será alcanzado por el aumento anunciado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández junto a los titulares de la Anses, Alejandro Vanoli, y del PAMI, Luana Volnovich. El resto de los beneficiarios tendrá alzas inferiores a medida que se incrementa su ingreso.
El segmento más perjudicado es el que contempla los haberes de 19 mil pesos –quienes no fueron beneficiados por el bono de 5 mil pesos otorgado en diciembre y enero–, que tendrá un incremento dos puntos por debajo de la inflación del tercer trimestre del año pasado.
Los ingresos que se equiparan a la canasta básica de la tercera edad, que equivale a 37.800 pesos, tendrán un incremento aproximado del 6.5 por ciento mientras que la inflación del segmento que refiere el aumento se ubicó en el 12.09 por ciento.
El anuncio del viernes generó controversias y malestar entre algunos beneficarios ya que durante la campaña electoral el presidente había prometido aumentar entre un “15 y un 20 por ciento las jubilaciones y los salarios para incentivar el consumo y encender la economía” con el dinero que se gastaba en “los intereses de las Leliq”.
Desde la oposición acusaron a Fernández de realizar un «ajuste». El titular de la Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostuvo que la medida “vulnera derechos adquiridos” y que en los próximos días “presentarán una medida cautelar para dejar sin efecto el decreto”.
Tanto Fernández como Vanoli defendieron la medida, al afirmar que “no es un ajuste”, y recurrieron al monto fijo otorgado en el primer trimestre por única vez para asegurar que “no se produjo ahorro fiscal”.
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