El Congreso aprobó ayer de manera unánime el proyecto de ley que crea un registro único y regula la actividad de los “patovicas” en los lugares de entretenimiento nocturnos.
La iniciativa fue promovida por Oscar Castellucci, padre de un joven presuntamente asesinado por personal de seguridad en el boliche “La Casona” a fines de 2006, en Lanús, con el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA).
La sanción de la ley representa un punto de partida para que la actrividad sea “una profesión digna y respetable”, indicó Oscar Castellucci, principal impulsor de la propuesta, ya que de esta manera se creará un registro único del personal de control de admisión y permanencia a los lugares de entretenimiento nocturnos.
Según un comunicado que difundido por la Asociación Civil Martín Castellucci, esta medida es “un paso muy importante”, dado que de esta forma se reducirían los riesgos de la nocturnidad.
De todas formas, Castellucci hizo hincapié en que “habrá que trabajar en su reglamentación” así después se adhieren el resto de las provincias, aunque se demostró agradecido al referirse a los diputados que con “grandeza y sin apetencias de figurar impulsaron y aprobaron esta ley”.
El promotor del plan propuso que “sería justo” que la ley llevara el nombre de Beimar Mamani y Martín Castellucci, ambos muertos luego de sendas golpizas de “patovicas”, y consideró que aplicar esta ley “será un homenaje a su memoria”.
Además, resaltó que es importante que haya “voluntad política” al momento de aplicarla para que no ocurra otra tragedia similar a la de su hijo.
En una primera instancia, el proyecto fue tratado en el Senado nacional en 2007 y había sufrido “profundas modificaciones”, según indicó. Esta vez, fue aprobado por Diputados.
De ahora en más, los responsables de la habilitación tendrán que controlar permanentemente la aplicación de la ley y serán los responsables de garantizar la formación de quienes estén a cargo de la seguridad del lugar.
La autoridad a cargo de su aplicación será el Ministerio del Interior, dado que “reviste el carácter de orden público, sin perjuicio de la incumbencia propia de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Educación y de las competencias locales conforme a la Constitución Nacional”.
Asimismo, la ley establece que quienes estén como personal de seguridad tendrán que cumplir una serie de requisitos y obligaciones, y entre otras cuestiones deberán presentar un certificado de residencia carcelaria y antecedentes penales, y cumplir con el servicio “respetando la dignidad de las personas (y) protegiendo su integridad física y moral”.
“Será necesario capacitarse de otra manera” donde no sea preciso el consumo de anabólicos y esteroides ni la práctica de artes marciales y boxeo “para saber pegar eficientemente”, ironizó Castellucci para hacer referencia a algunos de los requisitos que debían cumplir los empleados de seguridad privada de boliches.
Por esta razón, la ley especifica tres categorías con las “tareas a desarrollar” por los trabajadores: controlador, controlador especializado y técnico en control de admisión y permanencia. Para obtenerlas deberá ser aprobado un curso correspondiente para cada una de ellas.
Por otro lado, la normativa estipula que el no cumplimiento derivaría en multas tanto para los trabajadores como para los empleadores, de entre 500 y 5000 pesos, la inhabilitación para el trabajador y clausuras temporales o definitivas de los locales, según el caso.
CP-AFD
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