La explotación de las aguas termales en suelo entrerriano, a partir de la primera perforación realizada en la ciudad de Federación en 1994, provocó un crecimiento del turismo en ciudades en las que este fenómeno no se daba, como Colón, Concordia y Gualeguaychú, entre otras.
La propuesta de regular la explotación de los yacimientos termales en Entre Ríos, que partió del bloque justicialista de diputados, obtuvo 15 votos contra 13 de la oposición, representada por los legisladores provenientes del radicalismo y el Nuevo Espacio, y ahora debe ser tratada por el Senado provincial.
El presidente de la comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara baja entrerriana, Julio Aldaz (PJ), consultado por la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión (AUNO), hizo hincapié en la necesidad de que la provincia tenga un marco regulatorio que se ocupe de controlar “un recurso natural que forma parte del dominio público”.
“Es obligación del Estado garantizar la protección y continuidad de sus aptitudes”, afirmó el legislador.
Aldaz subrayó que a partir de esta ley “sólo podrá hacerse una perforación por ejido municipal” aunque en forma excepcional se contemplará una segunda solicitud de exploración y explotación cuando se trate de “un complejo termal con servicio de hotelería y gastronomía con categoría de 4 y 5 estrellas”, o para el caso en que un pozo debidamente autorizado sufriera inconvenientes técnicos que no permitieran la continuidad de la explotación. En este caso, “una vez verificada esta situación, se analizará una nueva perforación, previo cegado (cierre) de la primera”.
La explotación de las aguas termales significó una fuente de recursos que “provocó una explosión del turismo en ciudades en las que este fenómeno no se daba”, comentó a AUNO el geólogo y jefe de la Secretaría de Geotermia y Minería de la Argentina (Segemar), Abel Héctor Pesce. El especialista explicó que “la ley, no significa otra cosa que un marco legal, como la Ley de Hidrocarburos, que garantiza la preservación y seguimiento de un recurso natural”.
Pesce argumentó que “las aguas termales son un recurso renovable que tiene su origen en Uruguay, donde se las puede encontrar más cerca de la superficie”. En Entre Ríos, en cambio, es necesario realizar perforaciones de más de mil metros para llegar al agua que reúna las cualidades de clorurado, bicarbonatado, sódico, dulce y potable, que llega a la superficie a una temperatura de entre 34 y 43 grados centígrados.
“Es necesario un estudio que genere la preservación en el tiempo de este recurso natural, que muchas veces se ve amenazado por cuestiones ajenas al mismo, como las relacionadas con determinados intereses”, advirtió el geólogo.
Por su parte, el diputado Aldaz puso especial énfasis en la preservación del ecosistema y justificó la creación del Ente Regulador, que se ocupará de la planificación del uso y ordenamiento de los Recursos Termales en la provincia, así como de “la determinación del tratamiento de las aguas termales residuales que resulten de su explotación”, en referencia a la salinidad del agua que en algunos casos procede de yacimientos de origen marino, como en ciudad de La Paz.
El recurso natural no parece amenazado por el momento: en Entre Ríos existen alrededor de una decena de perforaciones mientras que en Uruguay superan las tres mil.
Fuentes de la Secretaría de Turismo de Paraná, consultadas por AUNO, dieron cuenta del incremento del turismo que significaron las aguas termales para la provincia, en localidades como Colón, que “sólo ofrecía sus palmares y balnearios en verano y que en la actualidad es visitada por los turistas durante todo el año”. Es también el caso de Federación, que inauguró su complejo termal en 1995 y contaba entonces con un solo hotel y un camping y “actualmente ofrece al turismo más de 2600 plazas habilitadas, repartidas en 62 alojamientos y servicios de gastronomía con alrededor de 900 cubiertos”.
En tanto, la oposición ve con preocupación la aprobación de una ley que “viola compromisos previos, crea más burocracia y hace peligrar el inalienable derecho provincial del control de un recurso natural”.
El diputado radical Osvaldo Fernández, en diálogo con AUNO, puntualizó que este proyecto de ley “viola compromisos previos como el Acuerdo Hídrico Federal, firmado con la Nación en el 2003” y criticó “la actitud del justicialismo por promover una ley exclusiva para las aguas termales en lugar de hacerlo para el agua en general”.
Fernández también se mostró contrario a la creación del Ente Regulador de los Recursos Termales, que “crearía más burocracia, y directorios con altos sueldos para los que no alcanzaría el canon que deben pagar los complejos termales” y destacó que esta tarea de control “puede ser realizada por cualquiera de las secretarías provinciales afines ya existentes”.
Otro aspecto que preocupa a la oposición es el riesgo jurídico que implica la definición que la ley le da a las aguas termales, que se corresponde con la del recurso geotérmico. Fernández enfatizó que “los recursos geotérmicos pertenecen al área de minería y que en ese caso la Nación podría reclamar su control”.
Sin embargo, el geólogo Abel Pesce aclaró que “los recursos geotérmicos, como efectivamente lo son las aguas termales, definitivamente pertenecen al área de minería “ y agregó que “por ser un recurso natural de primera categoría, la Ley de Minería nacional especifica que su control es de exclusiva jurisdicción provincial”.
AUNO 21.04.05 GRB/EV
