Según el último relevamiento de La Casa del Encuentro, hasta agosto de este año hubo al menos 10 femicidios registrados en los principales distritos del conurbano sur. Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Almirante Brown fueron escenario esos casos. Expertas en la materia sostuvieron que en la actualidad se encuentran desmanteladas las políticas públicas que garantizaban derechos fundamentales de protección de la vida y que no se tratan de una cuestión ideológica.
De todos esos distritos, Brown es donde ocurrió la mayoría: el 40 por ciento de esos crímenes. Entre ellos se contabiliza el del hijo de 12 años de una mujer asesinado por su padre. Es necesario hacer mención de víctimas fatales: en Lomas de Zamora, Daniela Sosa y Noelia Carolina Rivero; en Esteban Echeverria, Vilma Cristina Cabrera; en Ezeiza, Malena Maidana y Vanesa Soledad Sosa; en Florencio Varela, Ana Maria Soraire y Cintia Caballero; y en Almirante Brown, Gisele Alejandra Roucco, Karina Gladys Ocampo, Maria Gabriela Herlein y, un femicidio vinculado, Nahuel Benjamin Godoy, hijo de Cristina Monica R.
Los datos -tomados por AUNO sobre la base de su órbita de cobertura- surgen del último racconto que, a nivel nacional, dio cuenta de que en lo que va del año hubo 169 víctimas fatales y 349 tentativas de femicidios. Si bien la problemática en números no aumentó significativamente respecto del año anterior, el índice es persistente y, más alarmante, desde el gobierno nacional se desarticularon instituciones, programas de acompañamiento y normativas que pretendían prevenir y asistir a las víctimas directas e indirectas de la violencia de género.
“Desde el Poder Ejecutivo dicen que la violencia de género ‘no existe’, que los femicidios descendieron y eso conlleva a que no se apliquen políticas públicas para prevenirla -señaló Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro-. El desmantelamiento que existió con esta temática influye muchísimo. La ley 26.485 no se está llevando adelante”.
Se refiere a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009 por el Congreso, la cual distintas organizaciones de la sociedad civil consideran que su aplicación enfrenta graves obstáculos estructurales. Hoy en día no se encuentra garantizado su cumplimiento integral.
¿QUÉ ES LO QUE FALLA?
La normativa existe, pero “lo que falla es la capacidad del Estado para detectar el riesgo para interpretarlo correctamente y actuar antes de que la violencia alcance su fase letal”, sostuvo Cynthia Castro, abogada especializada en casos de violencia de género.
También indicó que se tiene que hablar con seriedad del asunto y no minimizarlo como si fuera solo “una cuestión de ideología de género”. En esa grieta es donde surge el desconocimiento, la ignorancia y es el principio para la falta de un accionar gubernamental efectivo.
“Hay un desfinanciamiento porque se considera que la protección de los derechos forma parte de una ideología política”, puntualizó y para entender la deficiencia mencionó un punto clave: “Es una cuestión de que si los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones consideran que si la Constitución es válida o no, porque acá estamos hablando de derechos fundamentales”.
Otro factor que agrava la situación de las víctimas es la pobreza estructural en el país, porque quienes tienen una buena posición económica tienen más opciones y más posibilidades de acceder a la protección, ya sea al costear un abogado, un psicólogo o poder salir de vínculos violentos. Por ello, consideró que “es casi imposible hablar por fuera del Estado” en este tema.
“Nosotras podemos reclamar, podemos visibilizar, pero no tenemos los medios para ejercer políticas públicas dentro del ámbito nacional”, reconoció Ada Rico.
LA DESPROTECCIÓN DEL ESTADO
Lo que se desarticuló en concreto fue el funcionamiento de las instituciones para tratar la violencia de género. “No hay lugares donde las mujeres puedan acudir a solicitar acompañamiento, asesoramiento o patrocinios”, afirmó Rico.
“En la actualidad no tenemos un ente donde las organizaciones de la sociedad civil podamos dirigirnos para hacer estos reclamos -reveló-. No sabemos si la violencia de género depende del Ministerio de Capital Humano o si depende del Ministerio de Seguridad”.
Por las características del sistema burocrático argentino, la principal convicción para impulsar políticas públicas nacionales debe provenir del Poder Ejecutivo. Así, Cynthia Castro señaló que “no va a haber financiamiento que valga de las provincias por sí solas si no hay un sostenimiento por parte de Nación”.
“Estamos frente a un serio problema en el ejercicio de la función pública y el compromiso que deben tener aquellos funcionarios que ejercen el poder”, agregó.
Además, Ada Rico mencionó algunas medidas descontinuadas:
*El Programa Acompañar era un aporte mínimo por seis meses para que la mujer en situación de violencia pudiera irse de la casa con sus hijas e hijos y poder restablecerse en otro lugar.
*La Ley Brisa, que desde el año 2024 no tiene altas, era una reparación económica para hijas e hijos víctimas colaterales de femicidio y también incluía una cobertura integral de salud.
*La Ley Micaela consistía en módulos de capacitación y evaluación para el personal policial y judicial para que estén instruidos en la temática.
Sin embargo, no le atribuyó exclusivamente el desmantelamiento a esta gestión al asegurar que “ya no se estaba aplicando” la Ley del Cuerpo de Abogadas y Abogados de la cual hoy “muy pocas son las personas logran el patrocinio jurídico gratuito” para llevar adelante una causa judicial.
«DETRAS DE LOS NÚMEROS HAY VIDAS»
En la agenda mediática se ve y se escucha, por ejemplo, que hubo un femicidio ayer, que había ocurrido otro hace una semana y se recuerdan otros a modo de comparativa. Aquellas eran vidas que fueron arrebatadas, lo que conlleva varias cuestiones posteriormente. “Un femicidio es un desencadenante”, indicó Cynthia Castro.
“Detrás de estos números hay vidas. No solo la vida de la mujer, que es la víctima directa, sino también la familia, los hijos, las hijas, las madres, los padres que piden justicia. Son víctimas colaterales que hay detrás de un femicidio -sostuvo Ada Rico-. Todo un entramado social que queda destruido”.
Se pueden repasar los casos, pero lo más importante es tener en cuenta que la violencia de género persiste. Ninguna cifra, por más mínima, es admisible. “No lo veamos como números», remarcó en ese sentido.
Por otra parte, destacó que, al menos en la opinión general, en el tratamiento de esta problemática hay cierto consenso: “La sociedad tiene una toma de conciencia con esta temática. Ya la tiene desde el 2015. Vos decís ‘ni una menos’ y se sabe que estamos hablando de violencia de género”.
No es menos relevante. Hace no muchos años que surgieron prácticas sociales orientadas a la prevención o contra la violencia de género en particular. Hoy habría que cuestionarse el grado de importancia que tiene en el debate público un tema que trasciende a toda la sociedad.
SSC-AFD
AUNO-21-09-2026
