Tras cumplirse 3 años de la sanción de la Ley de Electrodependientes, que asegura el suministro del servicio eléctrico gratuito, y que además, creó el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), Mauro Stefanizzi, denunció que “aún no rige en cuatro provincias”.
Stefanizzi expresó que las provincias de Formosa y Santiago del Estero “no adhirieron a la ley”, mientras que los gobernadores de Jujuy y Corrientes “la vetaron”, durante una videoconferencia realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) con referentes en la materia.
De la actividad también participó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Carlos Esposito, quien en sintonía con el titular de la AAdED, afirmó que reclamará a través de una resolución “la adhesión de estas provincias a la ley”.
Además, durante su exposición comentó los beneficios que brinda la Agencia, como el Banco de Ayudas Técnicas, un programa para personas con discapacidad que financia proyectos orientados a mejorar la calidad de vida, a través de la Ley de Cheques.
En ese sentido, Esposito denunció que durante el gobierno de Cambiemos hubo 140 millones de pesos de la mencionada ley “que no se ejecutaron” y volvieron al Tesoro Nacional, mientras que “podían usarse para financiar programas de personas con discapacidades”.
El autor de la Ley 27351 de electrodependientes, Carlos Castagneto, y actual director general de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP agradeció que el Estado se preocupe por “preservar la salud de los argentinos”, en referencia a la reapertura del Ministerio de Salud.
El ex diputado nacional destacó que es fundamental aumentar “la difusión y la concientización en la sociedad”, del contenido de la Ley. Por último, resaltó que “garantizar la gratuidad del suministro eléctrico”, para quienes forman parte del Registro “no es un costo sino que son derechos” ,y agregó que tampoco “es un gasto público sino que las empresas son quienes pagan este beneficio”.
Una de las problemáticas que se abordaron durante la charla fue la que planteó Marcela Gómez, integrante de la AAdED, frente al vencimiento de los carnets de discapacidad en el contexto de la pandemia covid-19, ya que las obras sociales otorgan “carnets de afiliados provisorios”, sin tener en consideración “la prórroga de 180 días” que resolvió la Dirección Nacional de Discapacidad. También denunció demoras en la entrega de insumos esenciales, de atención médica y asistencia de enfermería.
Al finalizar la actividad, el secretario de Extensión Universitaria de la Casa de Estudios, Fabio Arce, afirmó que la “universidad pública, gratuita y de calidad” tiene como misión “transferir a la comunidad el conocimiento que se genera en estas actividades”, y que es necesario “levantar la voz” para quienes no tienen acceso a “estos derechos básicos”.
Además participaron en la charla el coordinador del RECS, Mariano Silvera, el coordinador de Programas Interministeriales de la Secretaría de Energía de la Nación, Juan Hernández, autoridades de la Facultad, familiares de electrodependientes y organizaciones civiles.
AUNO-20-5-20
GN-SAM
