Antes de que una iniciativa privada proyectara un parque industrial para el distrito, hubo una propuesta de los ejecutivos municipal y provincial que culminó en una cárcel y un complejo habitacional abandonado.
El proyecto de un parque industrial en Lomas de Zamora data de cuando el terreno que se conoce como “La Laguna de Santa Catalina”, de 97 hectáreas, fue cedido por el Gobierno nacional al de la provincia de Buenos Aires en 1992; cinco años después, en 1997, la gestión de Eduardo Duhalde se lo transfirió al municipio de Lomas de Zamora con Bruno Tavano en el poder municipal.
El proyecto privado que fue impulsado por la Cámara de Comercio lomense y contó con la participación del INTI para su planificación, presentó problemas a la hora de su ejecución debido a las altas inversiones que el municipio necesitaba para costear la instalación de las empresas.
A raíz de este problema, en 1998 se formó un espacio multisectorial que buscó discutir y resolver algunos de los problemas que el proyecto presentaba. El organismo multisectorial “Grupo Surco” —del que participa la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Lomas de Zamora— se encargó de convocar a los talleres sobre Planificación Urbana Participativa en el que intervino el entonces vicepresidente ejecutivo del IMPTCE, Ibar Lucero, representado al Ejecutivo municipal.
Las empresas interesadas en trasladarse al nuevo parque industrial fueron alrededor de 57, pero el terreno que estaba delimitado, cercado y con un plan de obras de infraestructura por ejecutar tenía el problema de ser una zona inundable, motivo por el cual planteó la intención de abrir una zanja que llevara el agua hasta el Riachuelo.
A este problema se sumaban el de las rutas de acceso insuficientes, la inseguridad sobre la generación de empleo y la falta de estudios de impacto ambiental.
En el año 1999, durante el gobierno de la Alianza, se propuso transferir esas tierras a las empresas privadas para que se encargaran del costo de la infraestructura, pero el pedido fue denegado por la mayoría opositora del Concejo Deliberante.
Así, el proyecto fue quedando de lado y el terreno sin modificaciones fue tomado por algunas familias que instalaron sus viviendas. En 2004, con Jorge Rossi como intendente municipal, el Legislativo lomense derogó la ordenanza de 1997 y transfirió las tierras para que mediante el Proyecto Federal de Viviendas se iniciara la construcción de casas (de las que este año se hizo la entrega simbólica de las llaves pero aún no están habitadas).
En ese predio de 97 héctareas que un momento pudo haber sido un parque industrial, aparte de las 500 viviendas aún desoladas funciona hoy un edificio de generación eléctrica cedido a la empresa Edesur y se está terminando de construir una cárcel.
NL-AFD
AUNO-05-10-07
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