Después de la reestructuración de deuda, los desafíos inmediatos del bono de emergencia

Argentina abandonó el default y puso en marcha la tercera edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la cobertura social por la pandemia más alta de la región. Sin embargo, el aumento (leve) de la curva inflacionaria de julio, deja ver una licuación en su poder de amortiguación. ¿Por qué importa el acuerdo con los acreedores, y cómo se traduce en políticas en tiempos de flaquezas, y cuál es su grado de eficacia?

Los intereses que el Estado Nacional no tendrá que desembolsar en 2019 tras renegociar la deuda externa equivalen a 10 meses del plan ATP, asegura el informe Canje Final de Deuda del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). De este modo, la quita total conseguida por el gobierno argentino con los acreedores externos representa 250,9 millones de prestaciones de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 148,8 millones de jubilaciones mínimas, 762,1 millones de Asignación Universal por Hijo (AUH) y 19.307 hospitales modulares de emergencia, se explica.

Con el anuncio formal del 4 de agosto el presidente Alberto Fernández, junto a la primera plana de los ejecutivos nacionales, provinciales y referentes de sectores productivos y sociales, y tras nueve meses de negociación, el equipo económico logró una quita del 10 por ciento del PBI actual (350.524 millones de dólares), y trazar así un plano de “mayor sostenibilidad” para el período 2020-2030: de 72.245 millones de dólares pasivos con fecha en este tramo, se redujo a 42.692 millones, a partir del lanzamiento de 12 nuevos bonos en dólares y en euros y que comprenden su liquidación en 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046.

En la misma línea, se suma una descompresión de limitaciones a corto plazo: el país deberá desembolsar sólo 2.087 millones de dólares en conceptos de intereses, frente a los 26.536 millones de dólares postulados previos al acuerdo; factor clave para que la administración del Frente de Todos empiece a aplicar la premisa postulada por el propio mandatario: “Para poder pagar la deuda primero hay que crecer”. (1/3 Inicio de sesiones ordinarias)

El corolario final se suscribió con el alza conseguida a principio de mes de los nuevos instrumentos empleados en la reestructuración que lograron el aval de la califadora Standard and Poors (S&P), de “default selectivo” se avanzó a CCC+.

“El escenario anterior implicaba una gran carga de recursos a destinar para el pago de la deuda contraída con los privados en moneda y legislación extranjera, prácticamente insustentable en la situación actual de la economía argentina (y más luego de la aparición del Covid-19)”, el estudio de la UNDAV. Y agrega: “Implicaría pagar el equivalente al 7,6 por ciento del PBI actual en los próximos 4 años solo en este tipo de deuda. Si tenemos en cuenta los próximos 10 años, habría que destinar el 20,8 por ciento del PBI actual en el pago de vencimientos de deuda externa privada en legislación y moneda extranjera”.

El efecto coronavirus demarcó en abril el mayor desplome de la actividad económica local: con 26,4 por ciento interanual y 17,5 por ciento respecto a marzo, el cuarto mes del año significó el “debut rojo” de los dos dígitos en los 27 años de medición oficial (acumulado del año respecto al acumulado de igual período del año anterior).

En materia de empleo, el primer trimestre y aun sin el impacto de la pandemia, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) daba cuenta de un aumento en la tasa de desocupación de 1,5 por ciento en comparación a los tres últimos meses de 2019 (10,4 1tri 2020 vs 8,9 4 tri 2019), y de 0,3 por ciento en relación al mismo período del año anterior.

Con desempleo en ascenso, y vencimientos de pasivos a corto plazo, el Gobierno entrará en la vorágine recesiva producto de la crisis causada por el Sars-Cov-2, y que de acuerdo a las estimaciones de la Cepal, dejará como resultado una caída del PBI de 10,5 por ciento y un salto de la pobreza al 37,5 por ciento en este 2020.

Frente al escenario de desplome y con situación epidemiológica más favorable, la Casa Rosada activó, desde marzo, paquetes de emergencia: líneas de créditos a 24 por ciento para sectores productivos, asistencia en el pago de salarios, refuerzo del plan Argentina contra el Hambre, giros y adelantos de fondos provinciales y el surgimiento del Ingreso Familiar de Emergencia: la primera barrera de contención.

“Nos estamos asegurando que toda persona que vive en la Argentina queda protegida en esta situación de crisis económica nacional y global”, enfatizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante el anuncio oficial.

Con 8,9 millones de beneficiarios, compuestos por monotributistas (categorías A y B), monotributistas sociales, trabajadores informales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) o Embarazo (AUE) o plan Progresar, el monto de 10 mil pesos canalizado a través de ANSES, ya implica 89.000.000.000 pesos, en su tercera edición.

Sin embargo, la suma capitalizada no encontró actualización a lo largo de sus entregas; contracara del índice inflacionario que se aceleró entre abril y agosto, 9,6 por ciento; es decir, aquella persona que cobró 10 mil pesos en su lanzamiento, hoy cuenta con 9.040 pesos. Al hacer foco en categoría Alimentos y Bebidas del IPC (Índice de Precios al Consumidor), con 6,2 por ciento acumulado, en bono se licuó en 620 pesos.

“Argentina se va a recuperar bien y rápido”

Si bien los indicadores oficiales muestran un repunte en la actividad después del piso de abril, la expansión de la pandemia y el incesante “botón rojo” que ya se activó en mayor o menor medida en distintas regiones del país, se encienden las alertas sobre el poder consolidar el rebote. La semana pasada Santa Fe retrocedió en los permisos en cinco departamentos, entre ellos Rosario, el centro comercial y productivo de la provincia.

El éxito de la negociación con los acreedores se apostó en la “posibilidad de crecer”, base que de acuerdo a la consultora Orlando Ferreres, el país dejó atrás en julio, con una nueva caída del 0,5 por ciento (retracción mensual).

El Ingreso Familiar de Emergencia continúa ofreciendo una cuota de barrera, pero el carácter endeble de las arcas fiscales que muestran a seis meses de la pandemia, y la correspondencia “a mayor actividad, mayor inflación”, obligan a repensar la necesidad de acompañar el bono con el IPC, más aun con el atraso del 19 por ciento que erosionan sobre los salarios: en 2019 los aumentos acumulados se ubicaron en 34,8 por ciento, frente a una inflación anual del 54,8 por ciento.

La posibilidad de mutar el IFE en una Renta Básica Universal de un monto equitativo al salario mínimo de 16.875 pesos pero a casi 4,5 millones menos de beneficiarios, dejarán en el mercado laboral una merma indefensa ante un escenario contractivo. Nuevamente el desafío a través del bono de emergencia será el pugnar por una óptica progresista, y continuar siendo el instrumento de contención. Sin la correspondencia mínima de actualización, el “crecer para recuperar” se verá en alerta.

AUNO-20-09-20
EM-SAM

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