Las más de 300 familias que viven en el barrio La Ribera, de Lomas de Zamora, despertaron en la mañana del jueves al son de una orquesta represiva: furgones de Gendarmería, excavadoras, hidrantes y personal de infantería se ordenaban sobre el camino que bordea el Riachuelo para intentar desalojar los terrenos cuyos habitantes compraron y pueblan desde hace cuatro años. Los encargados del operativo golpearon a vecinos, lanzaron gases y derrumbaron varias casas de material.
Edgardo todavía dormía cuando el murmullo de los vehículos encalló frente al alambrado que da ingreso al predio, entre Camino de Cintura y las vías del ramal Haedo-Temperley, Budge. “Aparecieron a las 7 de la mañana, con tres máquinas grandotas, a insultarnos, a faltarnos el respeto y a pegarles a los niños y a las mujeres”, denuncia, en diálogo con AUNO, el vecino que compró su terreno cuatro años atrás y se mudó hace tres. Los residentes, al no ver el papel que certificaba la orden del desalojo ni tener aviso del violento operativo, se resistieron al avance de las fuerzas, que respondieron con gases y golpes. Una excavadora comenzó a arañar una casa de tres pisos; la primera detrás del alambrado. De ella sólo quedó un montón de escombros.
Según Edgardo, el año pasado se acercaron representantes de la Municipalidad para explicar que en esa zona se planeaba edificar una estación de bombeo para evitar inundaciones, pero subraya que en ningún momento se habló de desalojo. Sin embargo, días después patrullas municipales prohibieron el ingreso y la salida de materiales de construcción al predio. “Lo aceptamos, dejamos de construir, esperamos”, relata el vecino acerca de esas medidas “de hostigamiento” que duraron entre dos y tres meses. Luego los efectivos no volvieron al barrio.
El domingo pasado, sorpresivamente, hubo un censo. Funcionarios municipales llegaron a hacer un reconocimiento del terreno y de sus residentes. Cuatro días después, las máquinas demolieron las casas en las que el fin de semana los moradores llenaban los formularios y mostraban sus papeles. La veleidad de las autoridades tiene confundido al barrio: “Han venido otras veces de la Municipalidad a ofrecer asfalto, a hacer documentos y ahora no entendemos lo que sucedió”, señala el vecino Carlos.
La mayoría de los propietarios asegura haber comprado su porción de tierra a un tal Adrián Romero. Cuando se les informó acerca de la construcción de la planta de bombeo no se opusieron; la obra no parecía incompatible con su vida en el predio. Muchos no entienden bien qué motivó el desalojo. “No sé”, sintetiza Álvaro Zambrano. “Lo único que te puedo confirmar es que nosotros pagamos. Pagamos todos. Pusimos plata hasta para que llegue la luz. No nos dieron nada gratis”, sentencia.
“El domingo mostramos nuestras escrituras, las facturas, los recibos, todo y ahora nos pasó esto. Es como si nos estuvieran tomando el pelo; engañándonos. Porque dijeron que no iban a desalojar ni nada y sin embargo acá están, golpeando niños y mujeres. A mí también me golpearon”, agrega Álvaro.
Una de esas mujeres que el vecino vio siendo maltratada tranquilamente pudo ser Celina. Ella tampoco entiende la raíz del operativo, pero sí tiene claro qué es lo que más le importa en la vida: sus hijos. Cuando Gendarmería la empujaba y zamarreaba para sacarla de su casa, sólo cedió ante la amenaza de que se los iban a sacar y a entregar a una asistente social. Salió y la esposaron.
De cara al alambrado del predio, de donde entran y salen vecinos con maderas de sus obras para cortar la calle, Celina y Carlos aseguran tener los recibos de compra-venta firmados, pero frente a lo sucedido, dudan. “Ahora no sabemos si es trucho o no”, se interroga Carlos.
Cerca de las 17, la caravana cargada con materiales para detener el tránsito partió por el Camino La Ribera Sur, en dirección a La Noria. Edgardo va a la cabeza.
Es remisero y tiene cuatro hijos. “Para qué voy a invertir mi platita, de todo mi trabajo, todo lo que tengo –a veces hasta sin comer– si después me van a sacar”, se pregunta. De lo que pudo averiguar, la denuncia que motorizó el operativo salió desde el Mercado Central. El pretexto inicial de la estación de bombeo parece haber caducado: “Ya no se va hacer. Primero reclamó AYSA, luego la Municipalidad, luego ACUMAR, ahora el Mercado Central. Es muy confuso todo. No hay nada claro”, comenta.
AUNO consultó a la Municipalidad, sin obtener respuesta al pedido de información.
Edgardo afirma haber ido a la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda, en La Plata, luego de enterarse de los planes de la Municipalidad, el año pasado. Su visita fue inútil: “para ellos esto era un pozo inhabitable”. Sin embargo, todos parecen tener su recibo de compra-venta.
“Nosotros preguntamos mucho. Nos dijeron que el dueño vivía acá hace mucho. Compramos con toda confianza”, asegura Celina.
El tal Adrián, el nombre que circula en boca de todos los afectados, les dijo que tenían que tramitar una “cesión de derechos”, por lo que legalmente los vecinos serían poseedores y no propietarios, en sentido estricto, de sus terrenos. “Nosotros de inocentes, sin respaldo de abogados, compramos y le creímos”, se lamenta Edgardo, caminando por La Ribera. “Vamos a La Noria”, les grita al resto, “para que nos escuchen o nos digan qué pasa”.
AUNO-10-07-2021
MAS-MDY
