Foto: Télam.
Tras intensas semanas de negociaciones y la orden dictaminada por la Justicia, 4095 efectivos de la policía bonaerense desalojaron las tierras ocupadas en Guernica desde julio. “El gobierno nos corrió a un costado, pero si no hay una respuesta al déficit habitacional se volverán a tomar esos predios y otros a lo largo de toda la Argentina”, advirtió la delegada Nicole Salvatierra, quien estuvo en la toma hasta último momento, además de señalar que las opciones ofrecidas por las autoridades provinciales “no resolvían el problema de fondo”.
La toma de tierras generó un debate que ha dividido a la sociedad argentina en los últimos meses. Resulta imposible tapar el sol con la mano: según palabras de la propia ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, en Argentina hay un déficit de 3.600.00 viviendas. La compleja situación que atraviesa el país, potenciada por los efectos indisimulables de la pandemia, representa una piedra más en el camino al derecho a contar con un hogar propio.
El conflicto originado en Guernica pasó por diferentes estadios. El acuerdo fallido con 1400 familias -de acuerdo al último relevamiento con veeduría de organismos de derechos humanos- y la orden de desalojar el predio de 130 hectáreas por parte del juez de Garantías número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, desembocaron en una jornada violenta que incluyó gases lacrimógenos, quema de casillas y denuncias de matanza de mascotas.
«Si no sacábamos antes a los niños hubiera sido una masacre”
El operativo iniciado aún cuando el sol no había aparecido se extendió por un lapso de cuatro horas y media. Salvatierra relató a AUNO como se vivió por dentro el desalojo.
“Fue algo sorpresivo porque confiábamos en que el gobierno iba a intentar brindar otra salida. Los efectivos que ingresaron al predio estaban totalmente equipados, tiraron balas de goma y de plomo, perdigones y gases lacrimógenos; fue un desalojo muy violento, donde los vecinos resistimos lo más que pudimos.» En ese orden, la delegada amplió: “No solo se contentaron con sacarnos del predio sino que luego nos persiguieron como ganado por un aproximado de 35 cuadras, con un helicóptero que nos seguía. Fue muy duro”.
Salvatierra, quien en su momento le narró a AUNO la situación personal (desempleada junto a su marido a principios de año) que la llevó a instalarse en Guernica, señaló que durante una hora y media la señal se cortó por completo en el predio, lo cual evitó que se pudieran enviar mensajes y transmitir por redes sociales lo que sucedía. A su vez, ponderó: “A raíz de las amenazas que veníamos sufriendo autogestionamos un lugar en Guernica donde ubicar a nuestros hijos, y la realidad es que si no sacábamos antes a los niños, hubiera sido una masacre”.
“El acta acuerdo que las autoridades provinciales nos entregaron, que habla de relocalizar familias en un predio nuevo de Presidente Perón, y de la entrega de 650 lotes que forman parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, claramente no destacaba fechas, lugar ni lista de las familias que íbamos ser reubicadas de manera temporal”, indicó.
Efectivamente, en el documento al que AUNO pudo acceder, no hay fechas concretas ni un espacio físico especificado para la relocalización de las familias. Así y todo, el miércoles, horas antes del desalojo, la mayoría de las organizaciones sociales con presencia en la toma había ido a una reunión con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, para sellar el acuerdo. La Unión, uno de los cuatro barrios en que quedó dividido el predio, había votado en asamblea a favor de la propuesta oficial y estaba todo dado para que fuese localizado, proceso que continuaría con el resto de los barrios. Esa noche, les delegades dijeron que el gobierno había interrumpido la negociación abruptamente abriendo paso al operativo comandado por Sergio Berni.
El ambicioso Plan de Suelo, Vivienda y Hábitat impulsado por Axel Kicillof, que apunta a brindar una solución de fondo en relación a un déficit histórico lleva su tiempo, al igual que la organización de un traslado eficiente a nuevas tierras que a su vez cuenten con acceso a servicios básicos como la luz y el agua. La principal dificultad radica en cómo dar una solución transitoria que al mismo tiempo sea satisfactoria.
En un principio, el ministerio de Larroque ofreció soluciones individuales: subsidios, mejoras habitacionales, refugios para víctimas de violencia, paradores. Después apareció la opción de una relocalización en dispositivos transitorios con la promesa de lotes a seis meses.
“Desde el Gobierno ofrecieron dar respuesta inmediata a uno de los barrios, pero mientras tanto el resto debía esperar y no teníamos una fecha establecida. ¿Cómo vamos a firmar algo sin tener certeza de a dónde y cuándo nos vamos a trasladar? Ese fue nuestro planteo, que las propuestas no resolvían el problema de fondo, y cuando se lo trasladamos a los funcionarios dijeron que hasta ahí había llegado la negociación, acusándonos de ser unos insurrectos y de responder a facciones de izquierda”, denunció Nicole.
Barrios de Pie: “La represión fue la peor respuesta que se podía dar”
Entre las diferentes organizaciones sociales que repudiaron el desenlace de las negociaciones y la entrada por la fuerza de los efectivos policiales al predio, la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, señaló que “había otras alternativas y que la represión fue la peor respuesta que se podía dar”.
Saravia denunció que se produjeron hechos lamentables que involucran a animales que estaban en el predio: “Hay testimonios que indican que en algunos casos les han matado a la mascota, al perro que tenían, además de dejarlos sin nada”.
Según precisó, desde un primer momento profesionales que integran la comisión de urbanismo tanto de Barrios de Pie como de otras organizaciones sociales presentaron a los funcionarios un proyecto basado en la Ley 14.449 de la provincia de Buenos Aires, vigente hace siete años, que tiene por objeto la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable. “La misma fue rechazada tanto por el juez de la causa como por el gobierno provincial”, sostuvo Saravia.
“Cuando fuimos junto a los delegados de la toma y representantes de organizaciones sociales a la oficina que armó Larroque en Presidente Perón para firmar el acta nos dijeron que el tiempo del diálogo se había terminado. Es inentendible, pero evidentemente hubo una decisión política que tomó el gobierno, habrá que ver para dar un mensaje a quienes, de que están dispuestos a reprimir y no a negociar», dijo la dirigente.
En la misma sintonía, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) emitió un comunicado a través del cual expresó un enérgico repudio en relación a la forma en la cual se llevó a cabo el desalojo: “Habiendo sido testigos directos de los hechos ocurridos podemos dar fe del violento accionar de las fuerzas policiales contra mujeres, niñes y personas que se encontraban en el predio solicitando una solución pacífica ante la vulneración de su derecho a la vivienda adecuada”, indicaron.
También, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se pronunció a través de un escrito al señalar que “luego del desalojo violento, es importante que el gobierno provincial sostenga la propuesta y dé curso a nuevas conversaciones para reconducir una respuesta al reclamo por el derecho a la vivienda”. Ambos organismos denunciaron una «desproporción» en el accionar policial.
A través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense remarcó que se llevó a cabo un trabajo de 40 días destinado a “alcanzar el retiro pacífico de los ocupantes de la toma”, con un acuerdo que alcanzó a 731 familias, en tanto que apuntó contra las organizaciones de izquierda, principalmente el Partido Obrero, por “obstaculizar el diálogo e impedir el ingreso al predio”, además de hacer pública su intransigencia.
La situación de quienes integraron la toma
En el marco de un entramado disímil, con tantas voces que se contraponen, AUNO dialogó con Giselle, una de las mujeres que decidió aceptar una de las propuestas acercadas por el gobierno bonaerense, y que además observó el desalojo desde una de las viviendas aledañas a las tierras que se encontraban ocupadas. En ese orden, condenó el accionar de las fuerzas policiales, aunque por otro lado destacó la voluntad del gobierno por intentar dar una solución.
“En mi caso decidí aceptar el subsidio de 30 mil pesos que incluye una baja en los costos de los materiales para poder edificar. Si bien muchos no aceptaron por temor a que el acuerdo no se cumpla, puedo garantizar que a los que firmamos se nos está respetando lo pactado; de hecho, a una de las chicas que firmó conmigo le están terminando su casa. La promesa está y se respeta, aunque tarda lógicamente porque el déficit habitacional en el conurbano bonaerense es muy importante”, afirmó Giselle, quien abandonó la toma tres semanas antes del desalojo.
En esa línea lamentó que “muchas personas no se dejaron ayudar”, en tanto que consideró que lo que finalmente sucedió “fue muy triste”. En referencia a su situación personal, explicó que su trabajo de asistencia domiciliaria quedó detenido a raíz de la llegada de la Covid-19, situación que al día de la fecha se mantiene, y que acudió al predio de 130 hectáreas con su hija y el marido, quien también perdió su empleo al inicio de la pandemia.
Con respecto al desalojo, detalló: “Lo que pasó jamás lo vi en mi vida. La policía reprimió sin tapujos, lo cual fue lamentable por toda la gente que estaba ahí realmente por necesidad. Sé que por donde ingresaron los efectivos hubo un pedido pacífico para que la gente se retirara y desde adentro comenzaron a agredirlos, lo cual generó el avance sin restricción por parte de los agentes”.
A raíz de ello, Giselle opinó: “Nadie respetó nada. Ni la gente de adentro el retirarse en forma pacífica, ni la policía que reprimió y quemó casillas que fueron edificadas con mucho esfuerzo”.
Por su parte, Salvatierra indicó que momentáneamente se encuentra en la casa de una amiga y que “verá luego como seguir”. En el caso de otros conocidos de la toma, señaló que parte de ellos se han ido a las casas de sus parientes. Lejos de abandonar la cruzada, advirtió que el conflicto no cesará.
“Estamos en contacto con los vecinos de las tomas de Rafael Castillo, González Catán, y las diferentes ocupaciones que hay en la provincia de Buenos Aires, y la lucha va a continuar. El planteo no es quien atacó primero, sino más bien la crueldad de los actos que se llevaron a cabo, y yo me quedó con eso: la fuerza de los pibes luchando por lo poco y único que tenían en esta vida, una escuela, un comedor y una casilla”.
Personas heridas, libros quemados, pupitres calcinados y chapas desperdigadas son algunas de las postales que dejó el desalojo del predio de Guernica, el cual será custodiado por las fuerzas de seguridad con el fin de evitar otra ocupación. Pese a ello, la Policía detuvo a cuatro personas que habían ingresado nuevamente e iniciado la construcción de una casilla, de las cuales tres ya fueron liberadas.
AUNO-2-11-2020
FC-MDY
