Debate sobre la donación de órganos

La modificación de la ley de trasplante de órganos abre la discusión sobre los derechos individuales en relación con el bien social. Mientras la Cámara de Diputados no logra quórum para su tratamiento, defensores y detractores muestran su postura

Por Adrián Figueroa Díaz

(AUNO-TERCER SECTOR*) Toda persona que no se haya negado a donar sus órganos igualmente podría ser donante. De esta forma casi paradójica se resume el ítem más polémico de la propuesta del Ministerio de Salud de la Nación para modificar la ley 24.193, de transplante y ablación de órganos. El rechazo de la iniciativa por parte de un amplio grupo de ONGs se hizo escuchar y produjo una fisura en la relación armoniosa que las organizaciones sociales mantuvieron hasta ahora con la “#732;gestión K”#8482;.
Parte del discutido párrafo señala: “la ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz, mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiese manifestado”, es decir los órganos que se podrán utilizar o no, y el destino que tendrán.
Además crea la figura del “donante presunto”, por medio de la cual a todo aquel que no haya manifestado formalmente su negativa se le puede realizar una ablación. La única vía para que esto no suceda se abriría mediante una negativa formal de la familia, que de iniciar un trámite judicial pondría en jaque la propia utilidad y vigencia de la norma.
“Es una ley que va a favorecer el aumento de donantes, pero va en contra del derecho de los familiares de decidir el destino de los órganos (del fallecido). Y lo del “#732;donante presunto”#8482; se desvanecerá si la familia no está de acuerdo y abre un puente legal”, resumió a AUNO-Tercer Sector Justo Carabajales, coordinador de la Red de Profesionales de la Salud y miembro de la Mesa del Diálogo Argentino. Esta última institución, que agrupa a 300 ONGs, adhirió a la negativa que al respecto manifestó la Sociedad Argentina de Transplantes.
Del mismo modo, la presidenta de Médicos del Mundo en Argentina, Liliana Pérez, calificó a la medida de “violenta”, y eligió argumentar en base a los derechos individuales: “Es un avance contra el derecho inalienable del cuerpo. Es algo que, más allá de que sea justo conseguir la mayor cantidad de órganos posible, no se puede hacer ni en contra de la voluntad de la persona, ni de la familia”.
Del otro lado, los que apoyan la modificación de la ley se justifican al afirmar que si se aprueba se dará solución a la demanda de transplantes en lista de espera.
“La polémica sobre el perjuicio de los derechos individuales es discutible afirmó el presidente de la asociación civil Defensor de la Salud, Emilio Federico Mattera. Aunque el método puede parecer un poco fuerte porque obliga a decir que no se quiere ser donante, esto significaría que el problema para los miles de pacientes que esperan un transplante se soluciona.
Actualmente, para la ablación es necesaria la autorización de los parientes, incluso si la persona se declaró como donante. Esto es revertido por la propuesta del Ejecutivo, que obliga a que se respete la voluntad de quien hizo esa elección. Sin embargo, las variaciones a la ley no recogen temas clave como la independencia del funcionamiento del Incucai, y la existencia de un coordinador para transplantes en cada hospital, “que trabaje con los médicos para la denuncia de algún supuesto donante, y logre que las familias lleguen a un acuerdo para (permitir) la donación”, reveló Carabajal.
No son pocas las organizaciones que reclaman un refuerzo en la distribución de material informativo antes que la quita compulsiva de órganos. Por el contrario, el mismo González García salió al cruce de esa postura, y para reforzar sus pedidos de aprobación, afirmó que “las campañas de información para promover la donación fracasaron”.
El proyecto no pudo tratarse en diciembre en Diputados por falta de quórum. Si bien estaba previsto que se incluyera en la sesión del 17 de noviembre, es casi un hecho que se postergue hasta el año próximo.

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Cómo comunicarse:
Médicos del Mundo: Teléfono, 4825-6908.
Red Solidaria de Profesionales de la Salud: Teléfono, 4672-8339.
Asociación Civil el Defensor de la Salud: Teléfono, 4941-9829.
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector

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