De Kosteki y Santillán al protocolo antipiquete

María Eugenia Muzio Lomas de Zamora, Febrero 27 (AUNO). – La represión contra la protesta social tiene a la “Masacre de Avellaneda”, ocurrida el 26 de junio de 2002, como uno de sus antecedentes más violentos: la policía asesino a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán e hirió a otros 30 manifestantes. Catorce años después, […]

María Eugenia Muzio

Lomas de Zamora, Febrero 27 (AUNO). – La represión contra la protesta social tiene a la “Masacre de Avellaneda”, ocurrida el 26 de junio de 2002, como uno de sus antecedentes más violentos: la policía asesino a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán e hirió a otros 30 manifestantes. Catorce años después, el protocolo antipiquete impulsado por el Gobierno vuelve a agitar viejos fantasmas .

En el marco de la puesta en vigencia del protocolo, la militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) Carina López Monja comparó el contexto en que el Gobierno aplica esta medida con la situación social que se vivía en 2002, cuando, manifestó, “existía el mismo imaginario: el de plantear un escenario con represión en vez de resolver conflictos a través del diálogo”.

El “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” aprobado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que “la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores, y los miembros de sus equipos desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada”.

Al respecto, la frentista destacó el papel jugado por los periodistas testigos del asesinato de Kosteki y Santillán y denunció que “si se hubiera accionado mediante el protocolo, los fotógrafos no habrían podido estar en la estación” sino que “se hubieran quedado en el lugar designado sin captar las agresiones policiales, que fueron clave para la reconstrucción de los hechos”.

“Si se aplica el protocolo se pierde el rol preventivo de los medios, que es una manera de que las fuerzas armadas no avancen porque los están vigilando”, opinó López Monja en diálogo con AUNO y mencionó los casos de Mariano Ferreyra y la causa del maestro Carlos Fuentealba en los que tampoco hubieran “salido al aire” los verdaderos hechos.

La dirigente advirtió que desde el frente “repudian” el documento que “cercena el derecho a exigir derechos básicos y reclamos incumplidos” además de “limitar el trabajo de los prensistas para que las fuerzas de seguridad actúen con represión sin que nadie los esté mirando”.

AUNO 05-03-2016
MEM-AFG

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