“Este Gobierno de los derechos humanos mata un pibe día por medio”, denunció María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), a días de presentar el informe anual en que esa organización denuncia los “casos de represión, asesinato y tortura en manos del Estado”. En Villa Fiorito, Lomas de Zamora, la familia de Gastón Aragón relató a Auno cómo el joven de 21 años habría sido muerto en un presunto caso de “gatillo fácil”.
Este año, el informe de la Correpi denuncia casi 600 hechos sucedidos durante los últimos tres años en todo el país, casi el 29 por ciento de los denunciados desde 1983. En las páginas del documento, precisó Verdú, “las muertes provocadas por gatillo fácil y torturas en cárceles y comisarías se llevan casi un 45 por ciento cada una” en la totalidad de los casos patrocinados por la organización.
En diálogo con esta agencia, la abogada adelantó que el documento da cuenta que “menos del 10 por ciento de ese tipo de casos ha llegado a tener una sentencia judicial”. Además de mostrar esas proporciones, el informe presenta estadísticas de las provincias sobre la base de la cantidad de población de cada una. Santa Fe concentra la mayor cantidad de muertes, mientras que Buenos Aires se encuentra en el quinto lugar.
Según el sondeo, los centros urbanos de las provincias más afectadas son las zonas con mayor cantidad de muertes, sobre todo de adolescentes varones y pobres. Para Verdú, la razón de esta relación se halla en que “la represión policial e institucional se usa como herramienta de control social que se descarga básicamente sobre los jóvenes pobres de los grandes conglomerados urbanos; es decir, los que más razones objetivas tienen de rebelarse por el tipo de vida que llevan”.
Del mismo modo, añadió, “hay una tendencia muy frecuente de presentar estos casos como enfrentamientos en el marco de hechos delictivos reales o inventados, donde los muertos aparecen imputados por delitos que no cometieron”.
La organización se acerca a estos casos a través de las consultas de algún familiar de una víctima o el rastreo en medios zonales y denuncias de organizaciones sociales. No obstante, los datos del informe no son exhaustivos. “Aclaramos que éste no es un trabajo estadístico perfecto”, advirtió la abogada. Sin ir más lejos, el caso de Gastón Aragón, ocurrido en agosto pasado, es uno de los tantos que Correpi no conoce.
Gastón fue asesinado por dos policías la madrugada del 6 de agosto de este año en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, en la esquina de Baradero y Mario Bravo. Según el relato que su hermano Mario Aragón hizo a Auno, el joven de 21 años iba por la calle con su tío cuando dos policías que bajaron de un colectivo de la línea 28, “sin dar la voz de alto”, le dispararon a quemarropa “confundiéndolos con ladrones”.
El tío de Gastón pudo salvarse porque se tiró al suelo, pero su sobrino se asustó y corrió. En la carrera –siempre según el relato de Mario– recibió tres tiros, dos en la pierna y uno en el brazo, de espalda. Pudo llegar a la casa de su abuela y un familiar lo llevó hasta una salita de emergencia cerca de Puente de la Noria. Pero Gastón llegó desangrado y murió.
Más tarde, “los dos policías y agentes de la Comisaría (Quinta de Lomas de Zamora) fueron a la casa de mi abuela. Entraron, revolvieron todo, amenazaron y golpearon a los que estaban ahí, y luego se fueron a la salita donde Gastón agonizaba –-recordó Mario—. No dejaban que nadie entrara; mi mamá recién pudo verlo cuando ya estaba muerto”.
El caso está “trabado” en los Tribunales de Lomas de Zamora y a la familia del joven se le hace muy complicado el trato con los fiscales de la causa. “Tenemos que estar constantemente encima de ellos porque no están haciendo lo que tendrían que hacer”, lamentó el hermano de la víctima.
La causa está caratulada como “intento de robo” y ahora la familia del joven muerto inició otra por “homicidio y falso testimonio” de los policías involucrados de apellidos Panadero y Gutiérrez que, según los testigos, entonces se desempeñaban en la Comisaría de Fiorito y habrían sido derivados a otras dependencias bonaerenses.
Esta situación concuerda en muchos aspectos con la descripción que María del Carmen Verdú hizo sobre el tratamiento judicial que los casos de asesinato por policías reciben en el país. En el ejemplo de Gastón Aragón se dan dos puntos clave: las trabas judiciales para esclarecer el hecho y una carátula que aparentemente no condice con lo ocurrido.
Un detalle más. Fuentes judiciales precisaron que se le realizó una prueba de parafina al cuerpo de joven para saber si en él había restos de pólvora que indicaran si el muchacho había estado en contacto con un arma en el momento de su muerte. El resultado dio “negativo”. Sin embargo, según Mario, para los fiscales esa “no es una prueba excluyente, no sirve como evidencia”.
“La Policía sospecha de nosotros en todo momento. Uno vive en una villa y tiene que tener cuidado de que a ellos no se les ocurra matarte”, se quejó Mario.
AMB-AFD
