(AUNO-TERCER SECTOR*) Contra todo pronóstico acerca del rumbo que tomaría el debate sobre “un camino alternativo a la resolución de conflictos”, hubo un denominador común a la hora de exponer y mostrar la realidad de cada una de las organizaciones sociales que se dieron cita en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA): la violencia institucional. Así, en el amplio salón de conferencias la cátedra libre “¿Cuál Derecho?”, a cargo de un grupo de estudiantes y abogados de esa facultad, se llegó a la conclusión de que la organización es la principal herramienta que tienen los sectores empobrecidos para enfrentar cada día su condición.
La violencia familiar, la del barrio, la criminalización de la protesta social, la problemática de la vivienda y la discriminación a los migrantes también fueron parte de un abanico temático más amplio que debatieron, entre mate y mate, miembros de asociaciones barriales que desembocó en una serie de denuncias sobre el accionar policial en la distintos barrios de la Capital y del conurbano bonaerense. “En menos de una mes ya mataron dos chicos y dejaron varios heridos”, contó Diana que trabaja con chicos de la calle en el Bajo Flores y que por tener un hijo preso, busca evitar que otros chicos terminen de la misma manera. Por eso denuncia los casos de “gatillo fácil” sin miedo y que en el barrio “no te toman la denuncia, y como nunca hay testigos cierran la causa como `ajuste de cuentas´. El barrio está cansado de esto”, advierte.
El grupo de estudiantes y abogados de Enlace Cualderecho, que organizó este encuentro, por momentos se encontró desbordado por la gravedad de los casos que se exponían. La agrupación trabaja con organizaciones de base en los barrios porteños del Bajo Flores, Soldati y Villa Crespo desde hace cuatro años. El propósito de la cátedra libre es tratar de encontrar un “derecho alternativo” que expropie al Estado del conflicto entre las partes. Es decir, intentan “desjudicializar” estas situaciones, ya que muchas veces “las soluciones que determinan los códigos y las interpretaciones que efectúan los jueces son más nocivas que el conflicto original”, explicó Gisel Furlong, miembro del grupo. Y citó como ejemplos los casos de violencia familiar, incumplimientos de manutención hacia los hijos y la violencia barrial. “De hecho, la criminalización de la pobreza se basa en judicializar las consecuencias producto de ésta”, opinó.
Blanca colabora con Diana en la organización La Chispa y dio también su testimonio: “Son escuadrones. Irrumpen todos vestidos de negro, con capuchas y matan a las los pibes chorros, y todos saben tirar muy bien”. “Matan a los pibes que roban a los clientes que vienen de afuera de la villa a comprar droga”, aseguró Rosa Ortega del movimiento Mujeres en Acción, que trabaja con mujeres golpeadas e inmigrantes. Su rostro cansado vislumbra las mil batallas que tuvo que dar en el lugar en el que vive, y las que aún le queda por afrontar sin que perjudiquen a ninguno de sus siete hijos.
El grupo Enlace busca un espacio para compartir experiencias, discutir y plantear soluciones a las distintas problemáticas sin perder el vínculo entre las personas a causa de jueces, fiscales y juzgados que dilatan y despersonalizan los conflictos. Con el papel de mediador entre las partes el grupo se sostiene con el apoyo de los vecinos y las organizaciones comunitarias como una salida alternativa a la tradicional. De esta manera, “la persona del barrio con su defensor” trabajan juntos los pasos de un proceso judicial, que sin el asesoramiento adecuado se hace difícil de interpretar.
De ahí que el grupo decidiera hacer el “enlace” entre la gente y el mundo de las leyes. “Se trata de socializar el conocimiento. El derecho existe mientras lo podamos ejercer; un determinado sector social lo puede hacer individualmente, a los más vulnerables sólo les queda la organización”.
Cecilia González de Movimiento de Trabajadores Excluidos reflexionó sobre la importancia de trabajar en base a la organización y la coordinación. “Trabajamos con cartoneros de Fiorito y Caraza, que son perseguidos por la policía. Tenemos una lista de contactos para avisar al resto de los trabajadores cuando hay abuso”. De esta forma, una vez lograron recuperar un camión que fue secuestrado por la policía de la Comisaría 19: “Avisamos a 50 compañeros que fueron y presionaron para recuperar el camión”.
Como último punto del encuentro, los representantes de cada organización barrial fijaron el 17 de agosto como el día en que se desarrollarán los primeros planes de acción, en los que piensan contar con la ayuda de organismos especializados en violencia institucional y gatillo fácil como Correpi. En medio de la realidad social que viven tal parece que el desafío residiría en que se debe revalidar la jurisprudencia, ya que “los derechos están, hay que ver si uno los conoce”.
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