(AUNO-TERCER SECTOR*) Después de dos años de intensas gestiones por parte de organismos de derechos humanos, el Congreso Nacional aprobó la ley que permite poner en vigencia el Protocolo Facultativo contra la Tortura, un instrumento internacional que intenta prevenir los apremios ilegales que sufren las personas en cárceles y comisarías de nuestro país.
El Protocolo Facultativo es un anexo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y constituye un mecanismo para prevenir y combatir la violación de los derechos humanos, al establecer un sistema de visitas periódicas y regulares en los lugares de detención. Para ello crea un Subcomité para la Prevención de la Tortura compuesto por personas expertas e independientes.
Este organismo no sólo ejerce los controles de manera independiente sino que trabajará en forma coordinada con los mecanismos nacionales conformados por las organizaciones de la sociedad civil junto con organismos estatales encargados en esta temática.
“Además de la importancia que este instrumento tiene para prevenir la tortura a personas privadas de su libertad, se abre una etapa de diálogo entre las organizaciones no gubernamentales y los órganos del Estado “#8220;explicó Andrea Pochak, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- para la conformación de un mecanismo nacional de supervisión que establece el Protocolo”.
Este recurso tiene como objetivos centrales “asesorar y ayudar a los Estados Partes en la creación de sus mecanismos; ofrecerles formación y asistencia técnica y evaluar las necesidades y las medidas destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de libertad contra la tortura”, detalla el texto del Protocolo.
Otro de los artículos del tratado internacional establece que los “Estados Partes se comprometen a recibir al Subcomité para la Prevención en su territorio y permitirle el acceso a todos los lugares de detención; compartir toda la información que el organismo pueda solicitar para evaluar las necesidades y medidas que deben adoptarse con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad”.
“Esta herramienta es esencial ya que permite la libre circulación del subcomité por los lugares de detención explicitó Pochat, y es además muy importante porque no puede bajo ninguna legislación obstaculizar el trabajo de este organismo de control”.
Una vez que el presidente de la Nación eleve su aprobación a la Convención contra la Tortura, último paso para que la legislación entre en funcionamiento, el Gobierno deberá elaborar informes que den cuenta de la situación carcelaria en el país, lo mismo que las condiciones de los detenidos en cárceles, comisarías e institutos.
El tratado permite a las organizaciones de la sociedad civil ejercer un poder de contralor. Según la directora del Cels, las ong”#8482;s “deberán confeccionar contrainformes que ratifiquen o impugnen los contenidos de los datos oficiales. Estos “#732;informes sombras”#8482; no sólo permiten que el comité tenga una idea más acabada de la situación sino que además evitan la parcialidad de los informes oficiales”.
Con la aprobación de la ley se abre un espacio importante en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Informes recientes realizados por el Cels sobre superpoblación carcelaria, hacinamiento, pésimas condiciones de higiene y maltratos a presos y también a sus familiares revelaron que entre el año 2000 y el 2003 se registraron sólo en la provincia de Buenos Aires, 3.477 denuncias de torturas, apremios y malos tratos físicos y psíquicos hacia menores de edad.
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