La exigencia del reconocimiento del territorio de las comunidades aborígenes, entendido como la confluencia de elementos naturales y espirituales de herencia ancestral, quedó plasmada en un documento que será elevado al Gobierno y que fue elaborado por 200 caciques de comunidades aborígenes del país en el marco del Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios por un Estado Intercultural hacia el Bicentenario, celebrado en Almirante Brown.
La propuesta de crear un “Estado intercultural” apunta a demandar el respeto a la cosmovisión de los primeros pobladores de América, cuya concepción territorial está atravesada, como toda cultura, por su categorización filosófica.
Aunque el Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas a acceder a su territorio mediante leyes como la 26.160, su “incumplimiento” fue uno de los principales puntos que no pasaron desapercibidos y contra el que apuntará la Comisión de Seguimiento creada en las reuniones del 23 al 27 de marzo últimos.
Si bien la normativa está en vigencia desde 2006 e impide el desalojo de las comunidades aborígenes, “no se pone en práctica”, denunció Mario Valdez, uno de los organizadores y titular de la Coordinación de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Brown.
En este sentido, la Comisión surgida del encuentro presentará ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) una petición para que sea ese órgano del Gobierno el que “arbitre las medidas necesarias para frenar los desalojos” y poner en práctica definitivamente la ley que garantiza la creación de un Fondo Especial para la salvaguarda de comunidades en emergencia habitacional.
“Nosotros entendemos el territorio como el conjunto del agua, los bosques, las montañas, los cerros, los animales, la medicina, el espacio aéreo y todos los elementos sagrados con los que convivimos”, detalló Valdez, referente del pueblo Tupi Guaraní e integrante de la Comunidad Cacique Hipólito Yumbay de Glew.
La mirada integral de los referentes aborígenes es diferente, por lo tanto, al reconocimiento catastral de la legislación que no tiene en cuenta las categorías espirituales que asignan más valor al reclamo indígena: “La ley sólo habla de lo legal; nosotros, de lo legítimo”, aclaró, en diálogo con AUNO.
De la mano de la demanda territorial, el documento que plasmó las discusiones del congreso reclama una mayor participación política “autónoma” de las comunidades como herramienta para acceder a la reparación de las “profundas desigualdades materiales producto de años de colonialización”.
SALUD Y EDUCACIÓN PARA TODOS
Organizados en subcomisiones especializadas, los representantes de las comunidades kolla, mapuche y diaguita, entre otras, también debatieron sobre el acceso a la salud y la educación desde la interculturalidad, para lograr un consenso entre las prácticas culturales originarias y la difusión de las nuevas tecnologías.
En ese marco, el derecho a la salud y a la medicina indígena tradicional fue uno de los ítems plasmados en el escrito conclusivo del Encuentro, no sin que ello vaya en detrimento de una atención médica “eficiente, permanente, gratuita e intercultural”.
Mirados desde una lógica territorial, los recursos medicinales no son ajenos a la preservación del espacio, ya que “garantizan la conservación de los elementos de interés vital” para la elaboración de las curaciones indicadas por los ancestros y conservadas a través de las generaciones.
Finalmente, los referentes demandaron una práctica educativa “autónoma” que respete la transmisión de la lengua y la filosofía propias a los más jóvenes, para lo que solicitaron una mayor participación del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (Ceapi) en la definición de políticas de la educación.
MNL-AFD
AUNO-01-04-09
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