Lomas de Zamora, octubre 01 (AUNO).- La semana próxima vence el plazo de 30 días que dictó la Cámara Federal de La Plata en respuesta al recurso de no innovar solicitado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para poder determinar si en la ex fábrica Campomar, ubicada en Valentín Alsina, funcionó un centro clandestino de detención y si allí se sepultó a personas durante la última dictadura cívico-militar. El Equipo Argentino de Antropología Forense aclaró que no interviene en ese caso y que está a la espera de “precisiones” que puedan precisar el campo a estudiar, “ya que se trata de un predio grande”, explicó el director de la organización, Luis Fondebrider.
En ese terreno, ubicado sobre la avenida Remedios de Escalada y las calles Molinedo, Liniers y Darragueira, la empresa Electroingeniería construirá unos 2500 departamentos, según lo anunció el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, en junio pasado mediante una videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Luego del anuncio, algunos vecinos de la zona que se acercaron a la CPM declararon lo que se rumoreaba en el barrio: la posibilidad de que allí hubiera funcionado un centro clandestino de detención. Según sus testimonio, oyeron hablar sobre movimientos con entradas y salidas de automóviles y gritos de personas, lo que hace sospechar que la ex fábrica pudo haber sido un lugar de “apoyo” de la comisaría de Valentín Alsina, donde por esos años efectivamente fueron trasladados algunos militantes detenidos-desaparecidos.
Ante esta denuncia, las obras de remoción de escombros para la posible construcción de viviendas quedó suspendida. Pero a pesar de que en los próximos días vence el plazo indicado en la prohibición de modificar el terreno, la medida judicial sostiene que el parate en las obras puede ampliarse “por motivos atendibles”, por lo que desde la CPM confían en que la investigación continuará.
“Tras la declaración de los primeros testigos, resta esperar que la Justicia avance con sus plazos. Por lo pronto, ya hay otros vecinos dispuestos a declarar acerca de nuestras sospechas sobre la presunta actividad en el predio”, sostuvo a esta agencia la directora de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM, Sandra Raggio.
Al ser consultado al respecto, el intendente Díaz Pérez expresó su “férreo compromiso con los Derechos Humanos en la búsqueda de verdad y justicia” y puso toda su administración “a entera disposición” de la Justicia y agregó: “Cuando surgió la presentación ante la Comisión Provincial de la Memoria nos metimos de cabeza en el tema. Siempre defendimos los DDHH”.
Por otra parte, Fondebrider, el director del Equipo de Antropología Forense, negó que la organización esté interviniendo en ese asunto, tal como se lo deslizó: “Recibimos la petición de la Cámara Federal para trabajar en el lugar y hacer un relevamiento, pero le comunicamos que los datos aportados no son lo suficientemente claros, por lo que pedimos precisiones para poder trabajar en el predio”, explicó a AUNO.
PT-AFD
AUNO-01-10-12
