Lomas de Zamora, octubre 6 (AUNO).- Mientras algunos vecinos jugaban al billar y tomaban un vermouth en la planta baja de un club de barrio de Valentín Alsina, en el piso superior otro grupo se reunía tímidamente en asamblea. Desorganizados, quieren salir de la invisibilidad, sacudir la historia barrial y poder sumar el aporte de todos y cada uno para que se investigue la posibilidad de que en la ex fábrica textil Campomar haya funcionado un centro clandestino de detención.
El 15 de septiembre, mediante una presentación judicial realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un grupo de vecinos de Valentín Alsina logró que se dictara una medida de no innovar por el plazo de 30 días, por lo que las obras de construcción de torres de viviendas, anunciada por el gobierno comunal, se paralicen. Es que para el levantamiento de ese complejo se precisaría destruir lo que aún sobrevive de la antigua fábrica y, por consiguiente, las “pruebas de suma utilidad” que demostrarían que allí se detuvo y torturó a personas.
A pesar de que la Cámara Federal de La Plata dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los especialistas de esta institución aún no comenzaron a trabajar ya que indicaron que necesitan “precisiones” para acotar el campo a estudiar, ya que se trata de un predio muy grande. Sin embargo, la labor del EAAF no es el único que puede determinar si la Campomar fue usado como lugar de detención, fusilamiento y/o enterramiento de personas: Diego Aguirre es antropólogo, es uno de los vecinos que prestó declaración frente a la Justicia y sostiene que hay otras posibilidades de investigar, como por ejemplo “el uso de la geoquímica con prospección arqueológica que localiza áreas con presencia potencial de huesos y la arqueometalurgia que detecta objetos metálicos, como podrían ser las balas que pueden haberse utilizado para ejecutar a los detenidos-desaparecidos”.
De a poco, las sillas de cuerina verde del pequeño salón de baile del club barrial donde se realizó la asambles se fueron ocupando de personas que comenzaron a hablar y aportar datos: disparos, gritos, helicópteros bajando en un predio sin helipuerto, la aparición de dos cráneos humanos (uno de ellos con un orificio de bala en la región frontal) son las pruebas que llevan como punta de lanza los testigos en su lucha contra “la inacción y falta de decisión judicial y política”.
Una de las personas que ya prestó declaración ante la Cámara Federal platense fue la profesora de biología Teresa Piccolo, quien solía realizar “pequeñas excursiones y trabajos de campo al predio donde, además, se tomaban muestras para trabajarlas en el laboratorio con los alumnos”. En una de esas oportunidades, en 1980, dos chicos llamaron a la docente y le mostraron su hallazgo: un cráneo humano al que le faltaba uno de los temporales.
“Se lo llevé a la directora para elaborar un informe sobre el hecho y luego concurrir a la comisaría 3º de Valentín Alsina que se encuentra a pocas cuadras del predio”, contó la profesora de la Escuela Media 9, hoy ya jubilada tras 35 años de docencia. Sin embargo, la responsabilidad de realizar la denuncia de poco sirvió, ya que esa dependencia funcionó como un centro clandestino de detención que figura en el informe “Nunca Más” de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Pero ese no fue el único contacto de Piccolo con el accionar represivo: en varias oportunidades, mientras dictaba clases, ella y sus alumnos escucharon gritos. “Una vez se escuchó un ‘¡No!’ muy fuerte, a lo que los chicos me preguntaron si yo lo había oído. Les dije que había sido un grito de gol, de la cancha que estaba cerca. Les cambiaba de tema rápido, porque podían perder la vida, ya que solían aparecer en el aula jóvenes que no eran alumnos, iban un par de días y no volvían más. Ni siquiera figuraban en la lista”, narró la profesora, dando a entender que aquellos “estudiantes fugaces” eran espías que iban a delatar a los jóvenes con militancia política.
“La Justicia no realizó ni siquiera una inspección ocular, todos los testimonios y datos los estamos consiguiendo nosotros. Por parte de la Municipalidad de Lanús nunca hicieron nada, a pesar de que afirmaron que nos brindaron su ayuda”, lamentó Juan Ayala a *AUNO*, uno de los vecinos que impulsó la investigación.
Por su parte, Aguirre sostuvo que el accionar de la dictadura en el predio de 24 hectáreas donde funcionó la fábrica textil es “innegable, ya que todos los testimonios hablan de una utilización asidua y regular del lugar”.
Con respecto a los datos que podrían seguir afirmando la teoría de la existencia de un centro clandestino de detención, el antropólogo sostuvo que, además de las pruebas con sustancias reactivas que indican la existencia de metales y huesos, la Justicia podría utilizar las fotografías aéreas del lugar y, mediante técnicas poco intrincadas, determinar si hubo cambios en el terreno.
El temor de los vecinos es que, una vez finalizado el plazo indicado por la medida de no innovar, la Justicia no renueve la acción y la construcción del emprendimiento inmobiliario destruya pruebas vitales para corroborar las sospechas. “Uno de los principales problemas es que no hay una querella constituida, por lo que desde la Cámara no se están esforzando demasiado. Debe haber infinidad de testimonios, pero no hay una actitud proactiva para investigar”, manifestó Ayala ante la posibilidad de que no se llegue a buen puerto.
Para finalizar la reunión, Haydeé Villar, otra de las que prestó declaración, sostuvo: “Hace falta decisión política y para eso los vecinos nos tenemos que involucrarnos”. Así, concluyó una jornada de un grupo que lucha contra molinos de viento y saben que, organizados, podrán triunfar: ya comenzaron a moverse para lograr que declaren la causa como de “interés parlamentario” y realizar “movidas culturas para difundir y visibilizar una problemática que parece no importarle a los gobernantes”.
NUEVOS TESTIMONIOS
Luego, durante una conferencia de prensa los vecinos presentaron a algunos de los nuevos testigos que declararán en cuanto la Justicia los cite. Asimismo, se acercaron otros testimonios que pidieron mantener sus nombres y los detalles de sus relatos en reserva.
En 1983, Elsa Bravo era jefa de preceptoras de la actual Escuela Media Nº 9, cuando dos alumnas la llamaron a los gritos para que fuera a ver el tenebroso hallazgo: un cráneo semienterrado con un orificio de bala en la región frontal. Hoy, tras haber estudiado y recibirse de perito balística, la mujer puede afirmar que se trataba de una calavera de tamaño chico, por lo que supone que se trataría de una mujer.
“Fui con la vicedirectora a hacer la denuncia a la Comisaría 3º de Valentín Alsina y allí no nos quisieron dar una copia del documento excusándose en que nos volverían a llamar para que ampliáramos la declaración”, relató la mujer. Pasados casi 30 años de aquel día, Bravo siente la “obligación moral de prestar testimonio” y así evitar que ese probable pasado oscuro no quede sepultado por el emprendimiento de contrucción, venta y alquiler de departamentos del que participan inmobiliarias de Lanús y Avellaneda.
Además, otros vecinos indicaron que están dispuestos a declarar y contar que vieron cuerpos esposados en el predio de la ex fábrica Campomar, que en algunas incursiones al predio pudieron observar las paredes de los pabellones con lo que serían cientos de orificios de balas.
PT-AFD
AUNO-06-10-12
