El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, subrayó que «hay que garantizar el derecho a la educación» y tener en cuenta «la difícil situación que atraviesan las economías familiares» durante el aislamiento obligatorio tras culminar una videoconferencia con representantes de colegios privados.
«Es importante comprender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y el pago de los salarios del personal docente y no docente», enfatizó el funcionario nacional.
Durante la reunión se manifestó el interés del gobierno de aplicar medidas como el congelamiento de aranceles, la suspensión de facturación de servicios accesorios o complementarios interrumpidos mientras que se mantenga la suspensión de clases por el brote de coronavirus en el país.
Estas resoluciones serán presentadas en los próximos días «con el acuerdo de todas las partes» para atender «las necesidades» de las 24 jurisdicciones del país. En las instituciones estarán comprometidos «para abordar la realidad particular de cada familia» y aquellas «medidas que podrán ser abordadas en conjunto», según informó el ministerio.
Trotta remarcó que en este encuentro «primó una mirada común y colectiva de solidaridad» y sostuvo que su gestión cuenta con «la sensibilidad y responsabilidad de las instituciones educativas privadas» para «transitar esta emergencia«.
«Es importante destacar el rol de las maestras y maestros que sostienen el vínculo y los procesos de aprendizaje de su alumnado aún en este contexto», puntualizo el titular de la cartera educativa.
En la videoconferencia participaron el jefe de gabinete del ministerio de Educación, Matias Novoa Haidar, junto al secretario ejecutivo de la Junta coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP), Norberto Baloira; el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CAIEP), Rodolfo de Vicenzi; el presidente del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), José Alvarez; el secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA/JUNEP), Martín Zurit, y la subsecretaria de Acciones para la Defensa del Consumidor, Laura Goldberg.
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