Vecinos y trabajadores de una industria clausurada defienden sus derechos

(AUNO-Tercer Sector*) Finalmente, el persistente reclamo de la Asamblea Vecinal de Villa Mitre y Santa Rita, contra una tintorería industrial por ruidos molestos y contaminación ambiental en el corazón de la ciudad de Buenos Aires movilizó a las autoridades del gobierno porteño, que efectivizó una clausura preventiva a la empresa por incumplimiento de la ley 123 de Impacto Ambiental. La medida afectó a varios empleados cesanteados temporalmente y la situación abrió las puertas a un nuevo espacio donde trabajadores y asambleístas se unieron para discutir una solución definitiva que no perjudique a ninguna de las partes.
Como lo había adelantado AUNO-Tercer Sector, el cierre había sido dictado el 7 de enero por la Dirección de Política y Evaluación Ambiental, pero debido a vericuetos legales pudo hacerse efectivo el 15 de febrero y para comprobar que la faja de clausura fuera colocada, unos 50 vecinos se movilizaron hasta la firma, donde recibieron duras acusaciones de los propietarios.
Según los inspectores de la ciudad, los documentos que faltaron presentar fueron, entre otros, los registros de captación de gases, de tratamientos de residuos y efluentes y planos de evacuación de incendios. Los plazos para su reapertura no están establecidos y desde la empresa se sigue sosteniendo que tienen “los papeles en orden”. Entretanto, el asunto se discute en el ámbito social: el 19 de febrero, a días de la clausura preventiva, en la plaza Sáenz Peña, de Juan B. Justo y Boyacá, tuvo lugar la histórica asamblea en la que participaron 50 vecinos y 120 obreros (categorías que distinguen fugazmente a los involucrados). Se aclararon puntos que durante el álgido cierre temporal de la empresa no se habían podido dialogar. “Los vecinos les dejamos en claro (a los empleados) que no tenían absolutamente nada en contra de ellos, que todos somos víctimas de la empresa”, contó a AUNO-Tercer Sector Leonardo Pinotti, uno de los asambleístas más involucrados en el tema. Para que todos pudieran entender la problemática se leyó el texto oficial con los motivos de la clausura.
Los trabajadores pidieron que se garantizara la continuidad de su fuente de trabajo, se negaron plantear el reclamo ante su gremio porque según dijeron “el sindicato no los representaba”. “Nos pidieron que cuando la empresa ponga los papeles en orden no sigamos jorobando, pero les aclaramos que no teníamos nada contra ellos”, contó Pinotti. El acuerdo fue que ambas partes se darían la mano y que la asamblea, así como luchó por sus propios reclamos, se solidarizaría con los eventuales reclamos de los empleados de la tintorería “porque todos somos compañeros”.
La primera advertencia recibida por la tintorería a causa de sus incumplimientos data de julio de 2004. En diciembre llegó una intimación que estableció un plazo de un mes para entregar la documentación actualizada; es decir que desde ese tiempo los propietarios pudieron ponerse en regla. Sin embargo, uno de ellos, Alejandro López, se justificó ante un diario porteño: “Entendimos que los 30 días que nos dieron eran hábiles y no corridos, como pasó. Pero tenemos todo en regla”.
Color Pool presentó documentación en la que aseguran que los análisis de la material residual y la medición sonora están dentro de los parámetros tolerables. Pero el fuerte olor a ácido emanado desde las chimeneas y cámaras cloacales pusieron en duda esa justificación. Los vecinos habían instalado una sala sanitaria transitoria en un club barrial para atender a las personas que presentaban problemas respiratorios, aparentemente por la emanación de gases tóxicos.
La empresa había abierto en septiembre de 1992. Desde entonces fue creciendo de tal manera que su superficie necesitó expandirse y lo hizo de una manera particular: según los asambleístas, “en lugar de adecuar las instalaciones, los empresarios compraron otros cuatro terrenos de la misma manzana a vecinos que los habían denunciado”. Esa gestión les permitió tener tres accesos por calles diferentes y disminuir el nivel de los reclamos vecinales. Pero no fue suficiente.
En noviembre pasado las marchas habían cobrado fuerza tanto contra la tintorería industrial y Galvanoplastía Nicrodur, compañía que fue clausurada un mes después por las mismas acusaciones que pesan contra Color Pool. Cuando los reclamos se concentraron contra ésta, sus dueños iniciaron una campaña mediática poniendo de relieve que el cierre perjudicaría a 500 trabajadores. Para los asambleístas, ese argumento tenía otros fines: “Pretendieron enfrentarnos con los trabajadores y desatar la lucha pobre contra pobre”. Pero ocurrió lo contrario, ahora discuten juntos.

—————
Cómo comunicarse:
Asamblea de Villa Mitre “#8220; Santa Rita: asambleavmysr@hotmail.com
—————

*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector