La Corte Suprema, incompetente para anular un plebiscito en Salta

(AUNO-TERCER SECTOR*) Después de más de un mes de deliberaciones, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para ordenar la inconstitucionalidad del plebiscito que se realizará en la provincia de Salta y permitirá a los habitantes del departamento de Rivadavia decidir sobre el futuro de las tierras ocupadas por pueblos originarios. El pedido había sido elevado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, fundamentado en la violación de convenios internacionales, leyes nacionales y provinciales que protegen la propiedad ancestral de la tierra.
El referéndum planteado por el gobierno de Salta “es complejo y engañoso a la vez –evidenció Zimmerman-. Hay 15.000 pobladores que tienen que decidir que son ajenos a esta problemática y que no tienen la menos idea lo que se vota”. Si los habitantes del distrito deciden por el ‘Sí’, legitiman al ejecutivo que tenga el poder para la distribución de las tierras según su parecer y “en ese caso –explicó- lo que el gobierno provincial pretende es subdividir las tierras”. Si la gente vota por el ‘No’, la decisión será dejar la situación como está actualmente.
El máximo tribunal argumentó que la decisión se debió a que el tema no es competencia directa del Estado nacional, sino que se debe agotar primero la instancia de la Corte Suprema provincial. “Ya no hay recursos legales para frenar el plebiscito –explicó Silvina Zimmerman, abogada del Cels-. Sí hay instancias internacionales que permitirían revocar la decisión que tome el pueblo de Rivadavia una vez realizado el plebiscito”.
Los lotes en cuestión 14 y 55 de la localidad de Rivadavia están actualmente habitados por pobladores indígenas y criollos ganaderos, que conviven desde principios del siglo XX. El problema radica en que el sistema de producción de los habitantes y prductores impide a las comunidades aborígenes conservar el estilo tradicional de vida. Según la especialista “las asociaciones indígenas reclaman la propiedad de las tierras que les pertenecen por derecho ancestral, ellos no quieren enfrentarse con los blancos, el dilema se presenta porque gobierno de Salta no ha dado alternativas de traslado a los criollos que ocupan esas tierras”.
Aunque reconocen que es una problemática de caracter provincial, la abogada del CELS entiende que “no sólo se están vulnerando derechos que contempla la Constitución salteña, sino principalmente el artículo 75 de la Constitución Nacional. “Es por esto que presentamos el pedido directamente a la suprema corte, creemos que este tema es incumbencia del Estado Nacional. Además otras organizaciones salteñas presentaron acciones en los tribunales provinciales”, detalló.
Una vez realizado el sufragio el próximo 23 de octubre, lo que queda por hacer es reiterar la medida cautelar que lleva adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que gestiona un proceso de solución amistosa con el gobierno provincial. “Si el ejecutivo salteño decide romper definitivamente esta instancia –dijo Zimmerman-, insistiremos para que la comisión eleve la denuncia ante la Corte Interamericana y que sea el ése el órgano encargado de tomar medidas de reparación ante la situación conflictiva”.
Si bien la realización del plebiscito va a dificultar una sentencia favorable para las comunidades indígenas, los títulos de propiedad que otorgue la provincia “pueden ser apelados ante la Corte Interamericana y así continuar con el reclamo que llevan adelante las comunidades afectadas por esta decisión”, remató Zimmerman.
Como representante de las organizaciones indígenas y como parte de las medidas a tomar, el CELS organizó una reunión con el gobernador Juan Carlos Romero con la intención reclamar que ante la repartición de los lotes fiscales 55 y 14 se respete el derecho ancestral de la tierra. Para la representante del Cels, el gobierno salteño está dispuesto a negociar y esperan llegar a algún acuerdo en el que “ en la repartición de las tierras se respete el derecho ancestral al territorio”.
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