(AUNO-Tercer Sector*) Transparencia, control ciudadano, registro sistematizado de casos de corrupción y delitos económicos. A partir de hoy todos los ciudadanos podrán contar con un banco de datos que reúne información acerca de este tipo de delitos y que pretende funcionar como materia prima para que otros organismos de control puedan nutrirse y aportar nueva información. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentó el primer banco de datos con el que la ciudadanía podrá contar para conocer con nombre y apellido quiénes son los corruptos en la Argentina de hoy.
“Detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario que corrompe” fue el slogan de lanzamiento que convocó a panelistas como el periodista Marcelo Zlotogwiazda y al economista de FLACSO, Matías Kulfas a la presentación oficial del banco en el Centro Cultural San Martín. Este slogan marcó la distinción en comparación con estudios anteriores de corrupción, que presentan al delito económico vinculado con la dirigencia política, sin tener en cuenta el papel de los sectores económicos que sustentan y permiten esa clase de ilícitos.
El registro del Cipce indica que el 90 % de las causas relevadas se encuentran en etapa de instrucción, mientras que sólo el 7% ha recibido condena. El dinero producto de los delitos imputados que impacta en el bolsillo de todos es de más de 10.000 millones de dólares en los últimos 15 años. “La criminalidad económica y el daño social es una relación nunca pensada, pero hay que tener en cuenta que detrás de la corrupción hay personas de carne y hueso que sufren sistemáticamente la violación a los derechos humanos”, explicó el director de Cipce, Pedro Biscay.
La base de datos cuenta con la información de 744 casos judiciales en la que figuran en el banquillo de los acusados empresas, empresarios y funcionarios públicos como imputados por fraudes contra el Estado, soborno, lavado de dinero, fuga de capitales, quiebras societarias, vaciamiento de bancos y compañías de seguros y subvención económica. La recuperación de activos de origen ilícito es uno de los objetivos que se trazó la entidad ante la interminable cantidad de ejemplos de funcionarios y empresarios que corrompen y a quienes sólo los castiga el juicio social. “Delito económico, daño social, víctima y violación de derechos humanos es una relación nunca pensada –detalló Biscay- pero desde esta organización queremos apuntar a esto y a la recuperación de fondos para el desarrollo de políticas sociales”.
La información que recopiló el Cipce a nivel nacional arranca desde 1980 y tuvo un período de recolección de datos de dos años y medio. Acompañaron a la ong, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A.L. Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Pretende ser actualizado no sólo por el Cipce sino por todos aquellos que puedan aportar información sobre más casos. Para ello inaugurarán próximamente una biblioteca electrónica en donde se podrá ingresar y consultar información.
El trabajo sirve también para romper algunas reglas. Si un ciudadano solicita un crédito es investigado para determinar si está en condiciones de acceder. A partir de ahora, el usuario podrá contar con información para decidir si el banco elegido para la transacción tiene alguna causa pendiente. Así podrá ejercer su derecho de elegir y de denunciar a las grandes empresas que defraudaron al Estado y que han malversado fondos. “Es importante abrir el espectro de reclamo, así podremos avanzar” aventuró Marcela Rodríguez, miembro del Consejo de la Magistratura.
Cualquier ciudadano podrá acceder al banco, ya que uno de los objetivos es que se convierta en una herramienta de control al alcance de toda la sociedad. Es suficiente con acercarse a las oficinas de Cipce (Talcahuano 256, piso 2º), enviar un mail (cipce@ceppas.org) o por teléfono ( 4373-66303/04) explicando los motivos de la consulta para tener en manos la larga lista en donde figuran con nombre y apellido los denunciados por corrupción. Desde Cipce aspiran a que próximamente la información pueda ser consultada vía Internet.
Con el banco de datos como punto de partida se espera que los organismos y la Justicia puedan avanzar en la investigación de los casos o incorporar nuevas denuncias. “Cipce no actúa como querellante, actuamos en causas de recuperación de activos y corrupción pero no querellamos en la justicia penal”, explicó Biscay a AUNO-Tercer Sector.
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Cómo comunicarse:
Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). Talcahuano 256, piso 2º. Teléfono: 4373-66303/04.
www.ceppas.org
