Lomas de Zamora, diciembre 17 (AUNO).- Durante la presidencia de Mauricio Macri, una persona fue asesinada cada 19 horas por represión estatal. Así lo indica el Informe Anual elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “Fueron 1435 días de gestión y 1800 muertos los de Macri y Bullrich”, manifestó la organización.
En diálogo con AUNO, el abogado y referente de la Correpi Ismael Jalil consideró que “la intensidad de la represión tiene que ver con el modelo de gobierno que ejecutaron”, ya que un Gobierno que “manda más gente a la pobreza, que desocupa, la única manera que tiene de sostenerlo es desplegando el aparato represivo”.
Desde el 2016 las cifras del archivo anual presentado por la organización fueron en crecimiento con la excepción de este último. El primer año se registraron 443 casos, 451 en 2017, 489 en 2018 y 401 en 2019. Este último relevamiento cerró el 10 de noviembre y los hechos que se registren hasta finales de diciembre estarán incluidos en el del año próximo.
El archivo presentado es el número 24 y las cifras indican que las víctimas en el gobierno de Macri representan el 26 por ciento de las 7000 personas que fueron asesinadas por las fuerzas policiales “desde el fin de la dictadura cívico militar eclesiástica”.
La fuerza de seguridad que más veces estuvo involucrada fue el Servicio Penitenciario con 945 casos. “Más del 50 por ciento de las muertes se produjo en los lugares de detención”, afirmó Jalil y sostuvo que eso es lo que sucede “cuando se gobierna con el Código Penal en la mano” y “quedó demostrado que no resuelve absolutamente nada”. Según el informe, hubo 1089 muertos en cárceles y comisarías durante los últimos cuatro años, lo que representa el 59,45 por ciento de los casos registrados y lidera el listado de los métodos de represión que terminaron con fallecimientos.
Las otras fuerzas que encabezan la lista son las policías provinciales con 644 casos y la Federal con 90, representando el 35,13 y el 4,91 por ciento, respectivamente. Mientras que los métodos que le siguen a los sucedidos en contexto de encierro son el gatillo fácil con 502 casos y la muerte intrafuerza o intrafamiliar con 170.
Sobre este punto, Jalil afirmó “que uno de cada cinco femicidios se produce con arma reglamentaria” y apuntó que el Gobierno “tendrían que derogar la obligación del policía o la fuerza de seguridad de portar el arma fuera del horario de servicio”.
En cuanto al discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, para el abogado que haya reconocido “que el gatillo fácil y el matar por la espalda era una lógica instalada como una política sistémica del Estado es auspicioso”, porque es por lo que la organización viene peleando y discutiendo desde su creación en 1992.
Además, destacó la designación de Frederic como ministra de Seguridad porque “tiene un perfil bien diferente, desde el punto de vista conceptual, a lo que era Patricia Bullrich” y espera que los “anuncios se cristalicen en medidas”.
“Una cosa es declarar y que siga todo igual. Otra es llevar adelante las medidas que tenés que tomar sí o sí para que el gatillo fácil sea una de eliminar a nuestros pibes”, agregó.
Entre las medidas “indispensables” para rever la situación, el referente de la Correpi destacó la derogación del decreto 956/18, “que permitió que cualquiera de las fuerzas de seguridad matara del modo que quisiera”, y el cierre del Programa Restituir, que habilita la restitución de cargos, sueldos y honores a agentes sobreseídos tras ser acusados de excesos en el uso de la fuerza.
También mostró preocupación ante la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la calificó como “inexplicable y contradictoria con el discurso del presidente”, pues lo consideró como “un hombre de características legitimadoras del gatillo fácil”. “Berni es alguien que ha hecho de la represión uno de sus pilares en la función. Las expectativas en ese sentido son muy negras”, aseguró.
AUNO-17-12-2019
GS-MDY
