Lomas de Zamora, septiembre 6 (AUNO).- Sólo en 2011 se registraron en el sistema penitenciario bonaerense 126 muertes, más de 7 mil denuncias de torturas o maltratos y más de 10 mil hechos violentos entre las personas detenidas. Estos datos alarmantes fueron presentados en el informe anual “El sistema de la crueldad” de la Comisión por la Memoria (CPM), que se encarga de analizar la situación de los derechos humanos en la provincia. “La pronta aprobación del proyecto de Policía Judicial”, fue el principal pedido que recibieron, por parte de la organización, el vicegobernador Gabriel Mariotto y los presidentes de los bloques de la Legislatura, según aseguró a AUNO el secretario ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera.
“Si se violan los derechos humanos las democracias se debilitan.” Así resumió Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y co-presidente de la CPM, la urgencia de la búsqueda de una solución a las falencias que exhibe el informe, al que no considera “una presentación más de un libro”, sino “algo que hace a toda la sociedad, a la conciencia colectiva y a la responsabilidad de las autoridades de la Provincia, de la Nación”.
También se hizo hincapié en la deficiente política de la niñez que ejerce la Provincia, debido a que en el año anterior nueve de cada diez jóvenes permanecieron alojados en una comisaría luego de ser detenidos, el 71 por ciento de las plazas de encierro para la prisión preventiva son ocupadas por adolescentes en calidad de procesados y más de 90 niños se encuentran detenidos junto a sus madres en las cárceles de Buenos Aires. “Cuando nos encontramos con legisladores que lo único que piensan es en bajar la edad de imputabilidad, pienso: ¿Alguno de esos legisladores le pregunta a un chico hambreado y marginado cuál es su seguridad?”, recriminó Pérez Esquivel.
Por su parte, Mosquera, resaltó a AUNO la importancia de la creación de la Policía Judicial porque “sacarle a la Bonaerense los delitos complejos implica comenzar a cambiar el sentido de la política penitenciaria, la demagogia punitiva, la tolerancia cero, con la que salen perjudicados los jóvenes de barrios vulnerables y no las grandes tramas delictivas”.
“El endurecimiento de las penas no logra que bajen los delitos, lo que lo logra es que no haya impunidad”, aseguró Mosquera y propuso la creación de “un organismo autónomo que permita la prevención de la tortura, para sacarle el poder a las cúpulas policiales y se reemplace el terrorismo administrativo con el que se disciplina a las fuerzas, por la utilización del sumario”.
El proyecto de la Policía Judicial fue enviado por el Ejecutivo con cambios que tanto los foros de debate como la CPM no aceptaron. Según Mosquera, entre los puntos más conflictivos se encuentran la elección de las autoridades del futuro organismo, que “debería ser con una audiencia pública que permita la participación ciudadana”, y la selección del personal, que “debe estar integrado por una fuerza civil, en la que no participe ningún miembro de las fuerzas de seguridad. Desde el sciolismo impulsan que pueda participar personal de empresas de seguridad privada, pero muchos de ellos son ex integrantes de la Bonaerense. Por eso se quiere cerrar esa ventana”.
Finalmente, el secretario de la CPM indicó que el proyecto volverá a “tomar sus bases originales e incluirá los cambios propuestos por los foros de debate”. Para que se apruebe “sólo falta que las comisiones se expidan y que luego se vote”, por lo que se cree que para antes de fin de año será tratado por los legisladores.
Otro de los problemas que deberá enfrentar la provincia es la existencia de las torturas que son “desdibujadas” al figurar con la carátula de “apremios ilegales”, la “ausencia de investigaciones profundas” y la “falta de una verdadera protección de los testigos”, que generalmente son los presos de celdas contiguas y que no se animan a declarar contra sus propios guarda cárceles.
El documento también denuncia las condiciones de hacinamiento en las que viven los presos, debido a que “más del 45 por ciento de la población encarcelada en se aloja en las 60 cárceles”, lo que significa que no se respetan los estándares internacionales que prevén 7 metros cuadrados por cada detenido, según dice el informe.
En este contexto, la salud de los encarcelados se ve claramente afectada. Durante el 2011 las enfermedades fueron la principal causa de muerte y 25 de ellas no estuvieron especificadas debidamente las causas.
Los casos de Lautaro Bugato, el jugador de las inferiores de Banfield que fue asesinado el 6 de mayo, y de Luciano Arruga, el joven desaparecido desde 2009 luego de ser detenido en una comisaría, fueron sólo dos de los ejemplos que usó la CPM para explicar que la adulteración de registros policiales, el gatillo fácil y la tortura, son hechos que ocurren con frecuencia y que se deben combatir con urgencia para que nunca más vuelvan a suceder.
LMVR-AFD
AUNO-06-09-12
