Surgió como una provocación. “No existe el gatillo fácil, sino la noticia fácil”, lanzó en 1995 en una de sus tradicionales rondas periodísticas matutinas el por entonces ministro del Interior Carlos Corach sobre las denuncias de casos de represión y tortura por parte de las fuerzas de seguridad. Y desde ahí la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)comenzó a armar su tradicional informe anual sobre el tema, un documento que sigue los casos de las víctimas que este año arrojó una de sus cifras más altas: 183 muertos.
”Este año el contraste es fuerte. Hay un muerto día por medio” a manos de las fuerzas policiales, sintetiza, la abogada de Correpi María del Carmen Verdú. Para reflejar ese contraste tan sólo habría que mirar las cifras del año pasado: un muerto cada 60 horas, detalla el informe que presentaron en Plaza de Mayo mientras se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. De esta forma, en los 30 meses de gobierno de Néstor Kirchner se llevan contabilizados 420 casos. Un 80 por ciento de ellos son personas menores de 25 años y de sectores sociales bajos. “Siempre nos reunimos con familiares de las víctimas en Laferrere, Villa Fiorito, nunca en Recoleta”, ironiza. Mientras, durante todo el gobierno de Fernando de la Rúa se registraron 436 muertes, incluido, por supuesto, el asesinato de civiles del 19 y 20 de diciembre de 2001.
“El problema policial –explica Verdú- no es cuestión de reformas o purgas, es un problema político porque refleja la política del Estado” frente las clases marginales. Así, “da lo mismo que sean kirchneristas o peronistas, ya que no hay modificaciones del sistema, todo sigue igual”. En el organismo entienden que los casi 1900 muertos por represión ilegal desde el retorno de la democracia en 1983 refleja la política de la institución policial en su conjunto. Y apuntan al Poder Ejecutivo: “El `Gobierno de los Derechos Humanos´ (por Kirchner) aplica esa política más que ninguno”.
Con respecto a la cantidad de condenas a los policías involucrados en casos de gatillo fácil, torturas en comisarías y cárceles, en la Correpi se muestran decepcionados: “Las torturas se condenan como apremio y vejaciones. Los jueces intentan cualquier cosa para evitar la figura de tortura”. Si la usaran, afirman en Correpi, se estaría admitiendo además que el Estado incurrió en un delito. Es la explicación necesaria para comprender la proliferación de juicios penales por homicidio calificado o vejaciones a agentes de las fuerzas de seguridad. En el informe indican que el 44, 6 por ciento de las muertes se produjo este año en cárceles y comisarías; incluyen aquellos que fallecieron tras su liberación a raíz de los golpes o torturas recibidos mientras estaban detenidos. El resto está clasificado bajo la denominación `gatillo fácil´ y se reparte el 23, 4 por ciento en muertes de un presunto ladrón; 14,6 por discusiones o prepotencia; el 3,6 en muertes cuando la policía apunta a un delincuente y mata a un tercero; otro 3 por ciento resultan de causas fraguadas que se revelaron como homicidios, y el resto se dieron en otras circunstancias. Vale aclarar que no figuran en el informe los delincuentes que mueren en tiroteos cruzados con la policía.
”Jamás alguien nos dijo que los datos del informe fueron inventados”, asegura con vehemencia Verdú. Y pone como ejemplo un hecho ocurrido en Santa Fe, la provincia con mayor número de casos en proporción a la cantidad de habitantes. “La comisaria de Santa Fe, Leila Pelozo, había dicho que no existían los 254 casos que documentamos en el archivo. Y lo argumentaba con que sólo ocho policías fueron condenados”, se indigna Verdú y concluye que “si de 254 sólo se condena a ocho, hay algo que no anda bien”.
El archivo anual de casos de víctimas de la represión policial de la Correpi, que este año cumple su décimo aniversario, nació “como una herramienta de toma de conciencia”. A través de los años, se fueron perfeccionando los métodos de recopilación de datos, que empezaron por un monitoreo de los medios de comunicación del interior del país. Hoy se suman organizaciones de derechos humanos, “simples abogados” que, entre todos, ayudan a iluminar el peor y más oscuro aspecto de las instituciones de seguridad. A diferencia de los años de plomo, la información de estos casos se encuentra disponible al público y esperan en la Correpi que se use como instrumento de consulta.
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Cómo comunicarse:
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)
Teléfono: 15-4417-0659
