Luego de que el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de Lomas de Zamora condenó a 11 años de prisión al ex empleado de seguridad del boliche lanusense La Casona José Linqueo Catalán por el crimen de Martín Castellucci, en una entrevista con AUNO, el padre de la vìctima, Oscar Castellucci, declaró que la próxima etapa será la lucha por la puesta en marcha de la Ley 26.370, que aún no fue reglamentada por el Ejecutivo nacional.
En materia legal, la familia de Martín —golpeado por Lienqueo en la puerta del boliche durante la madrugada del 3 de diciembre de 2006—, continuará con la causa que implica a Atilio Amado, el dueño del local bailable.
Castellucci, docente universitario, opinó además sobre la “importancia” que tiene este hecho en cuanto a los cambios que espera que se generen en la política de los locales nocturnos, aunque admitió que “la única manera en la que van a cambiar será cuando el Estado los obligue”. En ese sentido, aseguró que esperan que “el jefe de Gabinete provincial cumpla con la promesa de que (el gobernador Daniel) Scioli firme para que se ponga en marcha”.
— ¿Considera que se hizo justicia?
— Para nosotros está bien que haya sido condenado por homicidio simple, valoramos muchísimo cómo actuaron la justicia y el fiscal (Jorge Bettini Sansonin). La diferencia está en el monto de la condena: nosotros pedimos 18 años y ellos dictaminaron 11, lo que nos dejó sabor a poco. Por eso lo estamos estudiando con los abogados para ver si apelamos. Respecto de los fallos que dictaminó el tribunal, es interesante la mención a la discriminación y la violencia que había en ese lugar, lo que implica a Amado. Hasta ahora, Sansoni sólo indagó a los policías (que vigilaban la puerta del boliche esa noche). Amado contrataba personal idóneo en el uso de la fuerza, por lo tanto forma parte del delito de homicidio. Y la policía también, porque no tomó medidas posteriores.
— Ahora que ya terminó el juicio, ¿qué etapa sigue?
— Hay varios puntos. Uno es con esta causa: seguramente la defensa de Lienqueo va a apelar en Casación. Y nosotros vamos a hacer hincapié en la otra parte de la causa que quedó en instrucción e involucra al dueño del local y a los policías que se encontraban en el momento en que mataron a Martín. Por eso, seguimos presentando pruebas y pedimos la imputación de Amado por “homicidio simple”, que es el delito de omisión por organización, es similar a la del juicio de Cromañón que imputa a Chabán. En ambos casos hubo alguien que organizó un evento sabiendo que hay factores de riesgo.
— ¿Y cómo continuará el trabajo de la Asociación Civil Martín Castellucci?
— Ese trabajo se complicó durante el juicio desde lo mental y lo anímico, pero vamos a retomar las actividades de prevención de los delitos en donde entran las modificaciones a la legislación para ver si se reglamenta la ley 26.370, que fija las pautas que determinan quién está o no en condiciones de llevar a cabo actividades de seguridad en locales nocturnos.
— En cuanto a esa ley, fue sancionada por el Poder Legislativo, ¿qué falta para que el ejecutivo la reglamente?
— Tener ganas, la voluntad política de hacerlo y la voluntad política de implementarlo. De todas formas, aproveché la difusión mediática e intenté comunicarme con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que no respondía llamados desde diciembre y ahora respondió y dijo que sigue el tema. Esto quiere decir que tiene interés, gracias a los medios que, a veces, incentivaron e hicieron hincapié en la ley.
— Si bien la ley será nacional, hay una diferencia de perspectiva desde el Gobierno provincial, ¿verdad?
— La provincia de Buenos Aires está tratando la puesta en marcha de la ley y a fin del año pasado adhirió bajo la Ley 13.964, que está bastante avanzada. La diferencia es que la tratan desde una perspectiva más interesante. Por ejemplo, en cuanto a la autoridad de comprobación y aplicación, combinan estos dos aspectos y el encargado de controlar no sólo es el Ministerio de Seguridad, sino que la Subsecretaría de Derechos Humanos, los ministerios de Trabajo y Educación y las comunas trabajarían en conjunto. Articulan las dos dependencias (Seguridad y Derechos Humanos) y crean un organismo donde hay gente del sindicato de controladores de admisión y permanencia.
— ¿Qué precedentes culturales y sociales sienta este caso?
— En la provincia, es el primer caso que se sanciona por homicidio simple. En la gente, lo que veo es que hay una toma de conciencia. Otra cosa que me impactó fue la masiva presencia de los medios y eso me dio la pauta de que hay un interés que va más allá de lo que uno imagina. El día de la sentencia había 13 cámaras de televisión y creo que si el medio va es porque considera que hay repercusión, hay mayor interés. Hace dos años, los medios le dieron difusión pero responsabilizaban sólo al patovica (Lienqueo Catalán) y nosotros nos dimos cuenta, como familia, que él es un tipo contratado. En este punto es en el que cambiaron los periodistas, que ahora tienen en claro la responsabilidad es del dueño.
— ¿Notó cambios en la actitud de los jóvenes luego del asesinato de Martín? ¿Cree que ahora denuncian más frecuentemente los casos en los que se sienten discriminados?.
— Creo que se animan a denunciar un poco más, pero los que tenemos que cambiar primero somos los adultos, porque los chicos que estaban en La Casona, ¿a quién van a ir a buscar? No les podemos pedir a los chicos algo que los grandes no hacemos. En un diario de tirada nacional, hicieron una encuesta sobre el caso de Martín donde preguntaban si lo que dictaminó la Justicia va a influir en otros casos; y más del 80 por ciento respondió que sí, lo que muestra que la gente ve el hecho y que es una influencia. La suma de todo esto hace que el mercado de la nocturnidad se “autoregule”.
— Y por parte de los dueños de los locales bailables, ¿cree que cambiaron las políticas con las que se manejan?
— Estamos hablando de empresarios a los que les importa la plata. La única manera en la que van a cambiar será cuando el Estado los obligue. Pero todo esto tiene que ver con el bolsillo y el Estado es cómplice y tiene que dejar de serlo e involucrarse. Sin embargo, hubo unas declaraciones que hizo Aníbal Mathís —un abogado que también es titular de boliches como Subset y La Diosa—, que admitió que el caso de La Casona “fue un punto de inflexión” y que los dueños “tratan de cubrirse” en caso de que sus empleados cometan algún exceso. Además, contó que en muchos boliches ponen cámaras para desprenderse de la responsabilidad que les cabría en caso de algún problema. Cuando pasó lo de Martín, esto no lo hacían. Esto quiere decir que alguien pestañó. Otra problemática es que hay boliches que no tiene ni habilitación.
CP-LP-AFD
AUNO-15-04-09
locales@auno.org.ar
