Durante el Primer Encuentro de Trabajo Recuperado y Universidad quedó testimoniado el reclamo para que el gobierno nacional establezca “políticas claras que atiendan las necesidades de crédito y financiamiento de las empresas, que en muchos casos, han sido vaciadas y carecen de maquinarias o no han podido actualizarse tecnológicamente para competir en el mercado” como explicaron los trabajadores de las Cooperativas Chilavert, Artes Gráficas, Editorial CEFOMAR y Fénix Salud.
Este encuentro forma parte del programa de Urgencia Social y Transferencia Científico Técnica para empresas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores. Con el propósito de armonizar el aporte de profesionales y alumnos de la Universidad de Buenos Aires con las problemáticas del sector, los protagonistas manifestaron la necesidad de elaborar planes de negocios y la generación de políticas públicas “que no den la espalda a este nuevo fenómeno social” como expresaron el Decano de la Facultad de Ingeniería, Francisco Graso y el vicedecano de Filosofía y Letras, Hugo Trincheto.
Con relación a la continuidad y profundización de este tipo de iniciativas tanto los trabajadores como los profesionales coincidieron en que “el Programa debe continuar como una forma de que profesionales y alumnos de la Universidad pública compensen la inversión que los contribuyentes hicieron para su formación”, apuntó el presidente de la Cooperativa Chilavert, Artes Gráficas.
En el mismo sentido y con mayor dureza, se manifestó el dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa, que hace poco más de un mes encabezó la delegación argentina que viajó a Venezuela para asistir al Primer Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas, al referirse al “escaso apoyo que su sector recibe del gobierno debido a que por ahora son 11 mil los obreros y 182 las empresas recuperadas” y agregó que “otra sería la historia si en lugar de 11 fuéramos 200 mil los trabajadores en esas condiciones”.
Murúa, que participa de este movimiento desde sus comienzos, en 1998, señaló a Auno-Tercer Sector que “el movimiento sufre la discriminación del gobierno, pues lo que se necesita no es un tratamiento especial, sino el mismo tipo de subvención que reciben otros sectores de la producción como las empresas monopólicas o las privatizadas”.
