(AUNO-TERCER SECTOR*) Mientras las denuncias sobre abuso sexual crecen cada año, en el Congreso está listo para debatir un proyecto que sanciona el acoso sexual en el ámbito laboral, educativo y en el sistema de salud.
El proyecto “Prevención del acoso sexual y discriminación laboral”, que fue presentado por la diputada Marcela Rodríguez, propone, entre otras cosas, el despido justificado del acosador, el pago de una indemnización de la empresa o institución a la víctima y la creación de la figura de un consejero que asistiría a las damnificadas en forma gratuita.
Un estudio sobre acoso sexual en el ámbito público elaborado por la Unión de Personal Civil de la Nación fue el puntapié inicial para generar soluciones inmediatas. El informe del área Mujer del gremio determinó que el 47,4% de las personas censadas fueron víctimas de acoso sexual.
Frente a esta cifra, el proyecto de ley vendría a “regular y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral, educativo y de las prestaciones de los sistemas de salud, tanto del sector público como privado”.
La legisladora subrayó que “el acoso sexual es una expresión de violencia que quebranta los derechos y la dignidad de la mujer, provoca consecuencias perjudiciales sobre la confianza y el autoestima de la afectada, y genera un entorno de trabajo hostil”.
La particularidad de la ley, según la legisladora, es que contempla sanciones para el acosador tanto como para la institución. En primer lugar, el proyecto señala que “para el que incurre en el delito se prevé el despido inmediato y justificado. En segundo lugar, hace compartir responsabilidades con la institución a la que pertenece indicando que deberá abonar “una indemnización que consistirá en una suma equivalente de tres a quince veces la remuneración percibida por la persona damnificada, según la gravedad del hecho, que será determinada por el juez”.
Por otra parte, el proyecto contempla la ayuda y acompañamiento de las víctimas de acoso sexual. Para ello, establece la creación de la figura profesional del “#732;consejero”#8482; dentro de la esfera del Ministerio de Trabajo, de Educación y de Salud, que tendrá como objetivo prestar asistencia gratuita a las mujeres afectadas.
Al mismo tiempo, la iniciativa otorgaría protección a terceras personas que, aunque no haya sido víctima del delito, hubiera colaborado en una investigación relacionada con un caso. El proyecto cita que es muy frecuente que en conocimiento de las denuncias, las empresas y organizaciones actúan posteriormente en perjuicio de todos los involucrados, como forma de desalentar este tipo de participación.
En la actualidad, el proyecto cuenta con el dictamen favorable de la comisión de Educación y espera una respuesta de la comisión de Trabajo como paso previo para ingresar al recinto.
“Mientras algunos diputados insensibles miran para otro lado y se niegan a tratar este tipo de proyecto por carecer de importancia, los casos de acoso sexual abarrotan largas listas y las soluciones como siempre se hacen esperar”, recriminó Rodríguez que presentó el proyecto en marzo del año pasado.
* Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
